La promotora Corp y la alianza de Visoren y Copisa se reparten los grandes lotes de VPO del Govern

El Gobierno catalán ha adjudicado este martes los cuatro lotes de grandes solares para construir vivienda de protección oficial (VPO) de alquiler a las compañías Landetic, filial de la promotora Corp con el apoyo financiero de Scranton Enterprises, y la alianza del operador Visoren y la constructora Copisa, según ha informado el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica en un comunicado. Ambas sociedades se han hecho con dos de los cuatro proyectos en liza, que en total suman las primeras 1.940 viviendas protegidas del plan de Salvador Illa para lograr 50.000 VPO en esta legislatura.

Las dos compañías habían visto cómo su camino quedaba bastante despejado después de que Evolvere, según fuentes del mercado, quedara fuera del concurso. Aun así, había otros competidores que optaban a paquetes de vivienda, algunos de los cuales tienen una amplia experiencia en el alquiler social. En el concurso estaban también, según estas fuentes, Cevasa, Copcisa o Fundació Salas. Sin embargo, la Generalitat ha acabado repartiendo a esas dos alianzas los cuatro grandes paquetes de VPO.

Corp irá de la mano del conglomerado Scranton, con sede en los Países Bajos pero con participaciones en empresas catalanas como Grifols o Juvé i Camps. La promotora se ha hecho con la llamada “agrupación 1”, con viviendas en Sant Adrià de Besòs (292), Santa Perpètua de Mogoda (190) y Terrassa (119) y la 4, con pisos en Vilanova del Camí (37), Torelló (27), Centelles (36), Esplugues de Llobregat (124), Tàrrega (32), Abrera (46), Vilagrassa (51) y la Seu d’Urgell (111).

Vjsoren y Copisa, por su parte, se han hecho con los lotes 2 y 3. El primero de estos prevé pisos en Cambrils (52), l’Arboç (48), Tarragona (237) y Vilafranca del Penedès (40). El segundo implica construir en Sant Celoni (37), Lloret de Mar (63), Vilablareix (43), Figueres (150), Tossa de Mar (79), Girona (59), Maçanet de la Selva (35) y Mollet del Vallès (32).

Los 1.940 pisos saldrán aprecios asequibles con un derecho de superficie de 75 años. Es decir, pasado este tiempo pasarán a manos de los ayuntamientos, que son quienes han puesto los terrenos de su Reserva Pública de Suelo en manos de la Generalitat para construir VPO. La licitación, que empezó en enero, ha tenido en cuenta aspectos como el plan económico y financiero, la planificación, el control de la ejecución de las obras o el plan de conservación y mantenimiento del edificio y el plan de gestión social, según el departamento que dirige Sílvia Paneque.

El Plan Territorial Sectorial de Vivienda fija que dentro de 20 años el 15% de las viviendas de los municipios con más demanda deben ser destinados a políticas sociales. Hasta 2029, el objetivo es tener ya los primeros 50.000, que el Govern espera lograr con la construcción de VPO de alquiler, los créditos a la emancipación del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) o ejerciendo el derecho de tanteo y retracto.