Las bases para una propuesta de sistema de financiación singular pactada por el Gobierno y la Generalitat de Cataluña no cuentan por ahora con respaldos para salir adelante. Ni en Cataluña ni en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (el resto de las autonomías prácticamente lo rechazan en bloque) ni tampoco en el Congreso, donde tiene que se aprobada cualquier reforma de la financiación autonómica. El PSC acordó el verano pasado la investidura de Salvador Illa con ERC con el compromiso de un sistema de financiación singular para Cataluña como hoja de ruta compartida para la legislatura en el Parlamento catalán. El Ejecutivo central, que quiere además afianzar a ERC como socio en el Congreso, pretende ahora avanzar en el cumplimiento de ese compromiso y en ese contexto hay que entender el acuerdo sobre estas bases para una nueva financiación autonómica que serán debatidas con el resto de comunidades autónomas en el último trimestre, ya de forma multilateral. Por ahora, la propuesta bilateral no concita nada más que recelos. El PP, que controla la mayoría de las comunidades autónomas, lo boicotea porque cree que debe revisarse con todos y porque presume que así Pedro Sánchez persigue “desguazar” España pero tampoco hay consenso entre los socios parlamentarios del PSOE.
Junts no ve ninguna singularidad en el modelo mientras el PP y sus barones acusan a Sánchez de “desguazar” el Estado
Las bases para una propuesta de sistema de financiación singular pactada por el Gobierno y la Generalitat de Cataluña no cuentan por ahora con respaldos para salir adelante. Ni en Cataluña ni en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (el resto de las autonomías prácticamente lo rechazan en bloque) ni tampoco en el Congreso, donde tiene que se aprobada cualquier reforma de la financiación autonómica. El PSC acordó el verano pasado la investidura de Salvador Illa con ERC con el compromiso de un sistema de financiación singular para Cataluña como hoja de ruta compartida para la legislatura en el Parlamento catalán. El Ejecutivo central, que quiere además afianzar a ERC como socio en el Congreso, pretende ahora avanzar en el cumplimiento de ese compromiso y en ese contexto hay que entender el acuerdo sobre estas bases para una nueva financiación autonómica que serán debatidas con el resto de comunidades autónomas en el último trimestre, ya de forma multilateral. Por ahora, la propuesta bilateral no concita nada más que recelos. El PP, que controla la mayoría de las comunidades autónomas, lo boicotea porque cree que debe revisarse con todos y porque presume que así Pedro Sánchez persigue “desguazar” España pero tampoco hay consenso entre los socios parlamentarios del PSOE.
Junts ha sido claro. “Ni singular ni plural. No hay un nuevo modelo”, ha cargado Antoni Castellà, diputado autonómico. “De entrada, es muy decepcionante”, ha planteado el posconvergente y ha añadido: “De los 22.000 millones anuales de déficit fiscal, Cataluña no recupera ni uno“, lo que demuestra a su entender que el acuerdo “perpetúa el mismo nivel de déficit”. Para Junts, los dos gobiernos abordan “una reforma de la LOFCA [La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas], donde caben todos”, por lo que no ve ninguna “singularidad”. Junts pone énfasis en que los avances se limitan a la gestión por parte de la Agencia Tributaria de Cataluña: “La recaptación del IRPF que hacían los funcionarios del Estado la podrán hacer los funcionarios de la Generalitat. Haremos el trabajo al Estado y Cataluña no tendrá ningún beneficio”.
Entre los socios de izquierdas, tampoco hay cierre de filas. Los comunes, la marca de Sumar en Cataluña, han avalado el intento como “un paso adelante”, según el diputado en el Parlament, David Cid, que ha aventurado que el resto de las formaciones de esa plataforma lo respaldarán en el Congreso porque “pone límites a la insolidaridad” territorial, citando a la Comunidad de Madrid y su dumping fiscal [ofrecer mejoras en comparación a otros territorios] con sus rebajas fiscales constantes”.
Desde Compromís, uno de los partidos de Sumar en el Congreso, la diputada Agueda Micó matiza que quieren “una financiación justa para todos” y especialmente para los valencianos a los que consideran “infrafinanciados y discriminados desde el siglo pasado” y reclama la deuda histórica con esa comunidad, el principio de ordinalidad (no salir perjudicados por aportar más) y el fondo de nivelación que firmaron al inicio de la legislatura.
ERC ha mantenido algunos contactos discretos con otros partidos de la mayoría progresista en el Congreso, como por ejemplo con EH Bildu, que, como en el caso del PNV, no se sienten directamente interpelados por esta negociación porque Euskadi no se rige por el sistema de financiación del régimen común. Es más que probable que las dos formaciones vascas aportarían sus 11 votos conjuntos al acuerdo y aprovecharían para remarcar que su sistema especial no debe ser cuestionado.
Desde la izquierda pero en un momento de oposición frontal al Gobierno, el secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, no entró en la letra del acuerdo pero enmarcó el encuentro entre el Gobierno y la Generalitat sobre la financiación singular de Cataluña como un “intento” por parte del PSOE de “ganar oxígeno” ante la crisis por el presunto caso de corrupción de su ‘exnúmero tres’ Santos Cerdán.
La portavoz de Hacienda del BNG, Noa Presas, fijará este martes postura en el Parlamento gallego, pero este partido lo que defiende es un concierto económico para Galicia.
Coalición Canaria, que tiene una diputada en las Cortes, Cristina Valido, no apoya la propuesta pactada por el Gobierno central y la Generalitat catalana y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ya aseguró este lunes que la singularidad para Cataluña es básicamente “quitarle dinero a los canarios para mandarlo” a esa región.
Esa línea argumental de la discriminación es la que siguió el PP nacional, catalán y prácticamente todos sus barones territoriales al unísono, como siempre con distintos modos y tonos.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, al contrario que el resto de presidentes autonómicos de su partido, ha leído en una rueda de prensa específica sobre el asunto un comunicado muy duro contra el presidente Pedro Sánchez, al que ha vuelto a tachar de “tirano” y ha descalificado a los socios del Ejecutivo de “chulos”. Ayuso ha avanzado que presentará recursos, sin especificar cuándo, para “impedir que se rompa el país”. Y ha remachado: “El presidente ha enloquecido. Hoy ha empezado un camino que o paramos o no tendrá marcha atrás. Sánchez vuelve a demostrar que será un peligro para España”, informa Manuel Viejo.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha escrito en X (antes Twitter): “El cupo separatista rompe la igualdad entre españoles y es un paso más para sacar el Estado de Cataluña.Es un golpe duro a España, ideado por los independentistas y ejecutado por el dúo Sánchez-Montero en extrema debilidad.#Andalucía hará valer su fuerza para combatirlo». Su consejera de Hacienda ha exigido la dimisión de María Jesús Montero, la vicepresidenta de España y candidata nominada a la Junta por el PSOE.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, evidenció su rechazo frontal a la concesión de una financiación singular para Cataluña y acusó así a Sánchez de “romper la caja común” con el único fin de “aferrarse al sillón de La Moncloa”. También amenazó con acudir a los tribunales si el asunto sale adelante. Una línea que revalidó la presidenta de Extremadura, María Guardiola, que también habló de “saqueo” y de “día para la vergüenza”. Guardiola también consideró que Sánchez “va a romper todas las reglas que nos dimos entre todos“ y ”la igualdad, la solidaridad y el equilibrio entre las regiones».
El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, insistió en que la cuestión debería debatirse y dilucidarse entre todos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera pero también señaló al presidente en su derivada de para qué se aborda este problema ahora: “A Sánchez no le importa la financiación singular, le importa la posible financiación irregular de su partido, por eso está más dispuesto que nunca a seguir desguazando el Estado para mantenerse en Moncloa”.
Tres digirentes del PSOE muestran sus recelos
En tono distinto, pero con claridad, las dos comunidades del régimen común gobernadas por el PSOE han mostrado sus reservas, Asturias y Castilla-La Mancha, al tiempo que el secretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, comparó el acuerdo el acuerdo de los gobiernos socialistas para la financiación catalana con las políticas de la presidenta extremeña, María Guardiola: “Premia a quienes más tienen para castigar a los que más lo necesitan”.
La posición asturiana no la fijó ayer el presidente del Principado, fue el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, que consideró que el nuevo modelo de financiación “debe negociarse entre todas las comunidades en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera”.
Emiliano García Page, el barón crítico socialista y presidente con mayoría absoluta de Castilla-La Mancha, también cargó contra el posible pacto: “Que no nos tomen por tontos”. A Page le “parece mentira” que la primera vez que se habla de este tema “en serio” sea para “pagar favores, chantajes o lo que es peor, pasos adelante en la ruptura de la unidad, que es lo mismo que la igualdad”. A Page y al PP les replicó la nueva secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró: “No, cómo se va a romper (la solidaridad entre territorios), no habrá un sistema de financiación que no se a acorde y aprobado por todas las comunidades autónomas”.
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