Fue el primer detenido del caso mascarillas de la Diputación de Almería el 15 de junio de 2021 y también está en el centro de una presunta trama a través de la que, entre 2017 y 2021 la entidad supramunicipal amañaba contratos de obras menores y se los adjudicaba a empresas interpuestas, operaciones por las que cobraba mordidas tanto él como, en ocasiones, el entonces presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, y su entonces vicepresidente primero Fernando Giménez, ambos imputados en la causa. Se trata de Óscar Liria, exvicepresidente tercero de la Diputación de Almería y delegado del Fomento, Agricultura y Medio Ambiente, cargo del que, de acuerdo con el último informe emitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se valió para adjudicar los contratos y utilizar el proceso “en su propio beneficio y el de personas de su entorno personal y familiar”.
El expresidente de la entidad podría haber cobrado comisiones de esas adjudicaciones, según el informe elaborado para el juez que investiga el ‘caso mascarillas’
Fue el primer detenido del caso mascarillas de la Diputación de Almería el 15 de junio de 2021 y también está en el centro de una presunta trama a través de la que, entre 2017 y 2021 la entidad supramunicipal amañaba contratos de obras menores y se los adjudicaba a empresas interpuestas, operaciones por las que cobraba mordidas tanto él como, en ocasiones, el entonces presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, y su entonces vicepresidente primero Fernando Giménez, ambos imputados en la causa. Se trata de Óscar Liria, exvicepresidente tercero de la Diputación de Almería y delegado del Fomento, Agricultura y Medio Ambiente, cargo del que, de acuerdo con el último informe emitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se valió para adjudicar los contratos y utilizar el proceso “en su propio beneficio y el de personas de su entorno personal y familiar”.
De acuerdo con el resumen de la investigación de los últimos años que la UCO ha elaborado a instancias del juez que instruye la causa, en esta trama estarían implicadas hasta 14 empresas que habrían participado en los presuntos amaños, bien en calidad de adjudicatarias o para hacer verosímil, con su presentación de ofertas, el adjudicaciones previamente orquestadas. La mayoría de los 43 imputados en el caso mascarillas son los titulares, administradores o testaferros de estas entidades societarias que formaban parte de una trama con epicentro en la Diputación de Almería. La Guardia Civil circunscribe el objeto de sus pesquisas en el período comprendido entre 2016 —el año en que Liria es nombrado diputado de Urbanismo por Gabriel Amat, el alcalde de Roquetas de Mar y entonces presidente de la entidad supramunicipal—, y 2021.
El modus operandi que describe la UCO es muy similar en cada una de las 14 empresas que recogen en su informe: los titulares, administradores o testaferros “en connivencia con Liria y aprovechándose de sus capacidades sobre la tramitación administrativa de los procedimientos de contratación pública seguidos en el Área de Fomento de la Diputación, habrían articulado un procedimiento que le habría permitir resultar adjudicatario de forma fraudulenta de varios expedientes de contratación”. En este proceso, no solo resultaban beneficiadas, sino que también intervenían “en favor de otras sociedades, habiendo actuado en diversos contratos como sociedad de acompañamiento efectuando ofertas simuladas”.
Es la investigación sobre la contratación de material sanitario a Azor Corporate, con un sobrecoste de un millón de euros, el que llevó a los investigadores a constatar que esta no era la única empresa de Kilian López, el comisionista de ese contrato, que se había beneficiado de adjudicaciones de Diputación. López, que además es amigo de la infancia de Liria, aparecía como titular de la empresa Pulconal, que entre 2017 y 2020 contrató hasta en 16 ocasiones con el ente supramunicipal por un importe total de 421.805,13 euros.
Tanto López, como Liria y el hermano de este, Francisco —que actuaba de intermediario y tenía pactado cobrar un 5% del margen de beneficios de Pulconal—, se confabularon en este período de tiempo para “captar fondos públicos a través de la adjudicación de contratos, aprovechando las capacidades ostentadas por Óscar Liria”, según la UCO. Buena parte de esas adjudicaciones se enmarcan dentro de planes provinciales para la promoción de empleo, entre ellos uno para reactivar la economía provincial tras la covid-19. Gracias a estos supuestos amaños, Liria obtuvo, de acuerdo con el resumen de los hechos detallado por los investigadores, importes “cobrados en efectivo”, parte de los cuales, “habrían sido canalizados” a Giménez y a Javier Aureliano García.
Otra de las empresas más beneficiadas por la trama supuestamente orquestada por parte de la Diputación es OYC Servicios Urbanos, propiedad, aunque a través de testaferros y otros administradores, de Rodrigo Sánchez Simón, alcalde del PP de la localidad almeriense de Fines —hasta que, tras su segunda detención en esta causa (la primera fue cuando estalló el caso en junio de 2021), en octubre de 2025, fue obligado a dimitir— y su hijo Rodrigo Sánchez López, tío y primo de Liria. Entre 2016 y 2024 ha resultado beneficiaria de contratos por valor de 1.126.573,97 euros, “existiendo indicios de adjudicación fraudulenta de alguno de ellos”, de acuerdo con el informe de la UCO. El hecho de que padre e hijo fueran titulares de otras mercantiles, hace sospechar a los investigadores que podrían a ver “canalizado fondos y el patrimonio hacia las mismas, encubriendo a través de relaciones comerciales y societarias el aparente origen delictivo de los mismos”.
La Guardia Civil indica que “existen evidencias” de que ambos participaron en la administración de OYC a través de terceros —también investigados— para ”velar su identidad como una medida de seguridad dada la actividad que se pretendía desarrollar a través de esta sociedad”; así como de su “participación concreta en el amaño de contratos” dentro de la dinámica de la trama de la Diputación. Hay que recordar que el día en que fue detenido Óscar Liria, el 15 de junio de 2021, los agentes interceptaron una funda de almohada con 119.000 euros, que el primo había sacado de la casa de los padres de Liria que trató de ocultar en el coche de su padre, entonces alcalde de Fines, que también estaba en la vivienda.
Entre esa quincena de empresas involucradas en la presunta trama de corrupción dirigida desde la Diputación destacan las mercantiles Constíjola e Inversiones y promociones Tagilis, propiedad de José Juan Martínez Pérez, pese a que quien figura como administradora y socia única es su mujer. Martínez es, además, alcalde por el PP de Tíjola, aunque llegó al cargo perteneciendo a Ciudadanos.
La forma de operar que describe la Guardia Civil en la trama empresarial del caso mascarillas de Almería es, como advierte Luis Montoya, “la punta del iceberg de una forma de actuar que lleva haciendo la Diputación desde que gobierna el PP”. Montoya es miembro de la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (Amayat), una de las principales impulsoras de muchas de las investigaciones que se han desarrollado en los últimos años y que tienen a este ente supramunicipal y a una presunta financiación irregular del partido, cuyos indicios ha recopilado la Udef, en el punto de mira, pese a que la mayoría han quedado en un punto muerto o se han archivado.
La jueza que empezó a investigar el caso mascarillas ya pidió en 2024 a la Diputación de Almería todos los contratos adjudicados a Pulconal y OYC, ante las sospechas de que formaran parte de un entramado de adjudicaciones supuestamente irregulares. En octubre del año pasado, cuando la causa cogió un nuevo impulso con la detención del que entonces era presidente de ese organismo, la instructora al cargo reclamó el estudio de varios de los programas de contratos para impulsar el empleo y el desarrollo llevados a cabo por la Diputación entre 2018 y 2020.
Feed MRSS-S Noticias
