Europa no deja de confirmar su endurecimiento en materia migratoria: en momentos en que la Comisión Europea se prepara para recibir a una delegación de talibanes en Bruselas para discutir cómo aumentar las deportaciones a Afganistán, el Parlamento Europeo y el Consejo, es decir, los Estados, han acordado este lunes el texto final del nuevo reglamento de retornos, que busca acelerar los tiempos y aumentar el número de migrantes irregulares expulsados de la UE.
El Consejo y el Parlamento Europeo acuerdan los términos del nuevo reglamento de retornos que allana el camino para enviar a los migrantes rechazados a terceros países fuera de la UE, incluidas familias con menores
Europa no deja de confirmar su endurecimiento en materia migratoria: en momentos en que la Comisión Europea se prepara para recibir a una delegación de talibanes en Bruselas para discutir cómo aumentar las deportaciones a Afganistán, el Parlamento Europeo y el Consejo, es decir, los Estados, han acordado este lunes el texto final del nuevo reglamento de retornos, que busca acelerar los tiempos y aumentar el número de migrantes irregulares expulsados de la UE.
La nueva ley europea, que todavía debe ser ratificada formalmente, abrirá además la posibilidad de crear centros de deportación en terceros países para migrantes rechazados en la UE, adonde se podrá enviar también a familias con menores, incluso si no tienen ninguna vinculación con la nación a la que son enviados.
“Este nuevo reglamento acelerará el proceso de retornos y aumentará el retorno de personas que no tienen el derecho legal de permanecer en la UE”, ha declarado al término de las casi tres horas de negociaciones a puerta cerrada el viceministro chipriota para Migración y Protección Internacional, Nicholas Ioannides, cuyo país ostenta este semestre la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.
Se contaba con que el texto final sobre retornos, uno de los más controvertidos de las ya de por sí complicadas negociaciones migratorias, estuviera listo en mayo, pero las diferencias entre los negociadores de los Estados y del Parlamento Europeo sobre cuándo debía entrar en vigor trabaron las discusiones, según fuentes diplomáticas. Dada la complejidad de la normativa, el Consejo quería que los países tuvieran hasta dos años de plazo para poder adaptarse a la nueva ley, mientras que la Eurocámara quería una implementación inmediata. La solución de compromiso alcanzada este lunes es que el acuerdo entrará en vigor un día después de que sea publicado en el Diario Oficial de la UE, pero que los países tendrán hasta 12 meses de tiempo para aplicar algunas de las provisiones más complejas, que requieren entre otros ajustes tecnológicos o entrenamiento del personal responsable.
Este reglamento es la última pieza del paquete migratorio europeo cuyo principal elemento, el Pacto Migratorio y de Asilo negociado durante más de una década, entra formalmente en vigor el 12 de junio. En febrero se adoptó formalmente la primera lista europea de países de origen seguro, así como la revisión del concepto de “tercer país seguro”, que también allana el camino a la creación de centros de deportación fuera de las fronteras europeas.
La normativa sobre los retornos “es la pieza que faltaba para la arquitectura migratoria” y contribuirá a “reforzar la credibilidad de la política migratoria de la UE, siempre en cumplimiento de los derechos humanos”, ha aseverado Ioannides frente a los cuestionamientos que han provocado algunas de las medidas entre organizaciones humanitarias, que ven una réplica de algunas de las prácticas más controvertidas del servicio estadounidense de inmigración ICE bajo el mandato del presidente Donald Trump.
El reglamento busca aumentar la cifra de personas que regresan a sus países de origen, una vez que se ha decretado que no califican para permanecer en la UE. El año pasado, la tasa de retornos fue de alrededor de 28%, en aumento respecto a años anteriores pero todavía demasiado baja, según los países más críticos con las actuales normas migratorias europeas.
En total, según las últimas cifras de Eurostat, en 2025, 719.395 personas estaban en la UE de forma irregular, un 21,7% menos respecto a 2024. Hasta 491.950 personas procedentes de terceros países recibieron una orden de abandonar la UE, lo que representa un aumento de 5,8% respecto al año anterior. De ellas, 135.460 fueron repatriados tras recibir una orden de salida de la UE, lo que supone un aumento del 20,9 % con respecto a 2024 y un cumplimiento de las órdenes de retorno de alrededor del 28%.
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