Los bomberos de Loja (Granada, 20.951 habitantes) siguen bajo mínimos a pesar de que una sentencia obligó al Ayuntamiento a dimensionar la plantilla hasta que sea posible tener en todo momento un retén de al menos seis bomberos. Según denuncia Miguel Camacho, bombero y representante sindical de CSIF, el sindicato denunciante, ningún turno supera las cuatro personas. El alcalde de Loja, el popular Joaquín Ordóñez Gámez, reconoce que el retén mínimo es de cuatro y no de seis pero asegura que, en caso de necesidad, pueden llegar bomberos de otras instituciones y que, por otro lado, el Ayuntamiento, que ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, no tiene el millón de euros anuales que requerirían los 14 o 15 bomberos nuevos. En cualquier caso, el juzgado original considera que el asunto económico no debe impedir cumplir la sentencia, como tampoco que esté recurrida, y ha emitido ya dos autos instando al municipio a ejecutar la sentencia de obligado cumplimiento según la jueza. A día de hoy, vencidos los plazos de ambos autos ejecutorios, la plantilla sigue exactamente como estaba, sin nuevas incorporaciones.
El regidor del municipio granadino asegura que acatar la resolución supondría 15 personas más y un millón de euros anuales que el Ayuntamiento no puede asumir
Los bomberos de Loja (Granada, 20.951 habitantes) siguen bajo mínimos a pesar de que una sentencia obligó al Ayuntamiento a dimensionar la plantilla hasta que sea posible tener en todo momento un retén de al menos seis bomberos. Según denuncia Miguel Camacho, bombero y representante sindical de CSIF, el sindicato denunciante, ningún turno supera las cuatro personas. El alcalde de Loja, el popular Joaquín Ordóñez Gámez, reconoce que el retén mínimo es de cuatro y no de seis pero asegura que, en caso de necesidad, pueden llegar bomberos de otras instituciones y que, por otro lado, el Ayuntamiento, que ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, no tiene el millón de euros anuales que requerirían los 14 o 15 bomberos nuevos. En cualquier caso, el juzgado original considera que el asunto económico no debe impedir cumplir la sentencia, como tampoco que esté recurrida, y ha emitido ya dos autos instando al municipio a ejecutar la sentencia de obligado cumplimiento según la jueza. A día de hoy, vencidos los plazos de ambos autos ejecutorios, la plantilla sigue exactamente como estaba, sin nuevas incorporaciones.
No existe una ley en España que determine el número mínimo de bomberos en las plantillas municipales. Pero la jueza del Juzgado de lo Social número 8 de Granada encontró el hueco para fijar ese número: a falta de normativa que fije el mínimo de bomberos por municipio, el plan de prevención de riesgos laborales del Ayuntamiento debería ser la referencia. Miguel Camacho denunció la escasez de la plantilla —que no cumplía el plan de prevención vigente en el Consistorio— lo que, a pesar de contar con 15 personas —14 bomberos y un mando—, se reflejaba entonces en servicios de dos o tres efectivos por retén, debido a los turnos, las libranzas y bajas. La jueza determinó que eso era insuficiente y que el mínimo operativo en todo momento debía ser de seis bomberos.
El Servicio de Prevención de Incendios de Loja supera el ámbito local: atiende a ocho municipios con una población de 47.646 personas y una extensión de casi 1.000 kilómetros cuadrados, “donde se han estado produciendo turnos con tan solo dos efectivos, muy por debajo de lo considerado seguro, lo que hace peligrar no solo las vidas de los bomberos sino también de los ciudadanos”, comentan los profesionales en un comunicado, en referencia a un incendio en un bloque de tres plantas que en diciembre de 2024 fue atendido por dos brigadistas, sin mando ni refuerzos. Una mujer falleció. El sargento del cuerpo reconoció en sede judicial que él no habría entrado al edificio con tan poca dotación, mientras que los dos agentes de guardia debieron intervenir sin apoyo y guiándose únicamente por la manguera.
En el primer auto en el que la jueza dictaba la necesidad de ejecutar la sentencia de los seis bomberos, había cierta condescendencia: recordaba la necesidad de cumplir la sentencia y daba 30 días. En el último, de febrero, la magistrada ya mostraba más prisa y molestia: recortaba a 10 días el tiempo en el que debía actuar el municipio y exigía al Gobierno local que identificara a los órganos y personas que debían hacer cumplir la sentencia. Recordaba además la obligatoriedad de hacerlo “bajo apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia grave a la autoridad”. El Ayuntamiento sigue sin dar cumplimiento a la sentencia.
El alcalde lojeño asegura que no está de acuerdo con la sentencia original, porque esos cuatro brigadistas por turno son más que algunos parques en la provincia, “que tienen tres por turno y localidades como Almuñécar, Guadix o Baza tienen como nosotros, cuatro”. Joaquín Ordóñez cuenta que le han ofrecido a la jueza una alternativa: seguir con los cuatro que, en caso de necesidad se ampliarían con bomberos de la diputación provincial. “Estamos a la espera de la respuesta”, comenta. Mientras, el CSIF no se conforma y como no lo ha hecho el municipio, ha identificado a cuatro personas como responsables de tomar la decisión de incrementar la plantilla.
En una nueva solicitud para que se ejecute la sentencia, presentada ayer en el juzgado, el sindicato identifica expresamente las personas que deberían tomar la decisión de incrementar la plantilla. Se trata del alcalde popular, Joaquín Ordóñez Gámez, del teniente alcalde de Seguridad, Antonio Luis Gómez Gómez, a cuyo cargo está el servicio de extinción de incendios, y de dos técnicos municipales. Uno de ellos porque, determina el abogado que presenta en nombre del CSIF la petición, “dictó un cuadrante anual para 2026 con una infradotación de efectivos por guardia” a sabiendas de la sentencia de julio, y otra como responsable de la “planificación, provisión y gestión de efectivos, así como de articulación interna de las medidas necesarias para el cumplimiento”. El letrado, Jorge García Fernández, pide ya que se le impongan multas —en términos legales, imposición de apremios pecuniarios coercitivos— para ir animándolos a cumplir con su obligación.
Un detalle no menor es que los bomberos de Loja son responsables de, en su caso, actuar en un túnel del AVE. Si habitualmente ha de haber, según el plan de prevención, dos bomberos de intervención, dos de apoyo, un mando y un conductor de camión cisterna. Para actuaciones en ese túnel, la dotación debe pasar de seis a 11 personas o más. El alcalde de Loja acusa a los bomberos de usar esto como una excusa para ganar más: “Venden que hay falta de bomberos o que hay falta de seguridad, pero eso se desmonta cuando se sientan a negociar mejoras económicas”. Y concluye: “Estábamos cerca de conseguir esa mejora económica con el mismo número de bomberos pero como, finalmente no les gustaba, han vuelto al conflicto sindical, que es lo que es esto”.
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