Los edificios que necesiten ser rehabilitados podrán optar al ‘plan Illa’ de vivienda protegida

La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha presentado este jueves la segunda convocatoria de la reserva pública de solares para poder levantar 50.000 viviendas protegidas en alquiler hasta 2030, con una inversión prevista de 4.400 millones de euros durante la actual legislatura. La novedad, ha avanzado la consejera, es que en esta ocasión los promotores podrán llevar edificios que requieran de una rehabilitación, además de solares. La primera tanda permitió movilizar 670 parcelas que albergarán unas 22.000 viviendas, según el departamento.

El Ejecutivo de Salvador Illa sigue buscando suelo para uno de los planes más ambiciosos de esta legislatura. Se trata de lograr 50.000 pisos de alquiler a precios asequibles en apenas cuatro años. Ello requiere movilizar terrenos a toda costa, fundamentalmente de los ayuntamientos, para poder abrir los concursos para promotores y constructores interesados. El primero ya está en marcha. Con esta segunda convocatoria, el Govern quiere avanzar en el plan y en la movilización de terrenos, que es tal vez la mayor dificultad que tiene el plan de Illa, según fuentes del sector. La convocatoria está abierta hasta el 15 de junio.

A esta tanda podrán presentar suelos que fueron descartados en la anterior, pero además edificios que requieran de una rehabilitación. Eso permitirá que en ciudades donde es más complejo movilizar suelo también puedan levantarse pisos sociales del plan Illa. La reserva de suelo es el primer paso para impulsar terrenos públicos aptos para construir las promociones asequibles con una financiación de hasta el 100%. La construcción garantiza la protección del uso de esas viviendas y la titularidad pública del suelo. El llamamiento, de hecho, se hace a promotores públicos, privados y del tercer sector.

En concreto, la Generalitat facilita a los promotores una financiación con condiciones ventajosas a través de líneas de crédito del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) con condiciones preferentes y con la garantía de un derecho de superficie de 75 años. La Generalitat, además, garantiza el precio asequible mediante una subvención mensual que cubre la diferencia entre el precio de mercado y el protegido. El 25% de los piso se reservarán a jóvenes.