Los intereses de Cataluña y los de Junts

Los dirigentes de Junts han celebrado la contundente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a favor de la ley de amnistía como una victoria, y sin duda lo es, pero no solo de Junts. La sentencia avala una ley impulsada por el Gobierno progresista para poner fin al conflicto político que ha provocado la mayor crisis constitucional de España y un aval a la agenda de la reconciliación que Pedro Sánchez asumió pese al evidente coste político. Pero todavía no había terminado el brindis cuando Junts ya advertía de que la sentencia no cambia su decisión de romper con el PSOE por sus incumplimientos con Cataluña.

No tiene demasiado sentido que se hayan pasado dos años atribuyendo al PSOE el incumplimiento de la ley de amnistía porque los tribunales no la aplican como el legislador pretendía, y ahora que hay un avance judicial tan importante no lo considere un cumplimiento. Para Junts, el PSOE siempre tiene la culpa de lo que va mal y nunca el mérito de lo que va bien. En circunstancias normales, la ley debería aplicarse ahora de forma automática, pero algunas de las instancias judiciales implicadas han demostrado una gran creatividad interpretativa para no aplicar una ley contra la que muchos magistrados de este país llegaron a manifestarse con sus togas puestas, un hecho sin precedentes.

El ministro Óscar Puente retó a Carles Puigdemont a volver pese a tener una orden de detención activa contra él. De esa forma, dijo, pondría a prueba al sistema judicial. Pero Pugidemont no se fía y hace bien si lo que le preocupa es evitar la cárcel. Tendría sentido su regreso inmediato si lo que buscara fuera revitalizar un liderazgo que está languideciendo en un momento crítico para la formación. El encarcelamiento de los líderes independentistas fue el mayor revulsivo en favor de las fuerzas soberanistas en las elecciones celebradas tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Incluso en el escenario más favorable, los tiempos de la amnistía aún se pueden dilatar para Puigdemont. No es previsible que el Supremo modifique su negativa a aplicarle la amnistía antes de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su recurso de amparo. Y el Constitucional puede tardar meses en resolverlo habida cuenta de que, entre las argucias dilatorias del PP, figura que todas las comunidades autónomas que controla recurrieran la ley con el único propósito de provocar un atasco.

Pero tampoco está claro qué pretende exactamente Junts. Contrasta la negativa a revisar la relación con el PSOE tras la sentencia con la actitud de Esquerra Republicana, que ya ha anunciado que le ayudará a terminar la legislatura. Su argumento está claro: dejar caer al Gobierno sería peor y en esta legislatura, Cataluña aún tiene logros importantes que rematar, como la condonación de la deuda con el FLA o el nuevo modelo de financiación autonómica. Pero es muy posible que los intereses de Cataluña, contra lo que proclama cada día, no sea lo primero a considerar en los cálculos de Junts. En la situación de peligro en la que se encuentra por la competencia de Aliança Catalana, que le está robando el electorado sin necesidad de esforzarse mucho, es posible que Junts valore que una victoria del PP y Vox le brindaría una nueva oportunidad de practicar una política de resistencia con la que recuperar el terreno perdido. Pero todo el mundo sabe que el cuanto peor mejor no siempre funciona. A veces es simplemente cuanto peor, peor.