PSOE y Sumar discuten sobre una decisión clave: congelar o no 300.0000 alquileres que se renuevan en estos meses

La última polémica por la política de vivienda entre el PSOE y Sumar no es la típica pelea mediática dentro de la coalición que queda en nada. Esta cuestión es central para la izquierda española y europea, porque la crisis de la vivienda, tal como resumió la ministra de Sanidad, Mónica García, de Sumar, “se lleva por el sumidero toda la política social del Gobierno progresista”. El aumento del salario mínimo, la mejora de las becas, las ayudas, el aumento del empleo, todo queda diluido por el descomunal aumento de los precios de compra y alquiler de vivienda. Y ahora la coalición discute internamente una decisión clave: qué hacer con los 300.000 contratos de alquiler que se tienen que renovar en los próximos meses.

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 Los socios discrepan en la fórmula jurídica, pero coinciden en el problema de fondo  

La última polémica por la política de vivienda entre el PSOE y Sumar no es la típica pelea mediática dentro de la coalición que queda en nada. Esta cuestión es central para la izquierda española y europea, porque la crisis de la vivienda, tal como resumió la ministra de Sanidad, Mónica García, de Sumar, “se lleva por el sumidero toda la política social del Gobierno progresista”. El aumento del salario mínimo, la mejora de las becas, las ayudas, el aumento del empleo, todo queda diluido por el descomunal aumento de los precios de compra y alquiler de vivienda. Y ahora la coalición discute internamente una decisión clave: qué hacer con los 300.000 contratos de alquiler que se tienen que renovar en los próximos meses.

En las autonomías que aplican la ley de vivienda —300 municipios en Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia y ahora se sumará Asturias ya han declarado zonas tensionadas— no hay problema, porque la propia norma contempla que el nuevo contrato, se cambie o no de inquilino, tiene que estar referenciado al anterior y no puede subir de forma desproporcionada. Eso impide que un propietario eche a los inquilinos antiguos de la vivienda y la alquile por un 30%, un 40% o un 50% más, algo habitual en las zonas tensionadas. Pero donde no se aplica la ley de vivienda, como la Comunidad de Madrid y la práctica totalidad del resto de las comunidades del PP, esta renovación de 300.000 alquileres puede suponer un golpe durísimo para todas esas familias, que podrían quedarse sin casa. Y ahí está la discusión interna en el Gobierno.

Sumar propone aprobar un decreto con una congelación de estos precios durante tres años, similar a lo que se hizo durante la pandemia y después cuando empezó la guerra de Ucrania y la inflación se disparó. El PSOE contesta que eso podría ser inconstitucional, porque supondría invadir competencias autonómicas, pero también asume que hay que hacer algo. Estabilizar esos contratos es un objetivo común de los dos grupos, más allá de la discusión pública y la tensión política, porque ambos quieren ofrecerle a sus electores el mensaje de que son los que más están haciendo para resolver el problema de la vivienda. Las relaciones entre la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y Sumar son malas, y de momento no está habiendo reuniones.

Pero al margen de esa tensión, el asunto de fondo preocupa mucho a los dos grupos y en La Moncloa, y en Vivienda están estudiando todo tipo de fórmulas para intentar frenar el precio de la vivienda y en especial los efectos de esta renovación masiva de alquileres de los próximos meses. La propia ministra fue muy clara en el Senado al comparar la situación en Cataluña, donde se aplica la ley de vivienda, y en Madrid, donde no se hace. “En Cataluña la gente que tiene que renovar sabe que el propietario tendrá que seguir con ellos con una subida topada porque si los echa no podrá subir tampoco a otros inquilinos. Eso es la ley de vivienda. En Madrid la gente vive angustiada cada vez que tiene una renovación del contrato de alquiler y los jóvenes se tienen que ir a mi comunidad ―Castilla-La Mancha― y otras limítrofes porque no pueden pagar los precios de Madrid. Ese no es nuestro modelo”, sentenció.

La apuesta del PSOE es más política. En vez de discutir internamente dentro de la izquierda qué hacer con la vivienda o plantear decretos que tienen mucha dificultad para ser aprobados ―casi todo lo para Junts― o podrían ser declarados inconstitucionales, lo que sería más eficaz es presionar todos juntos al PP para que aplique la ley de vivienda. De hecho los socialistas creen que las comunidades del PP sí se van a acoger al plan de vivienda del Gobierno, dotado con 7.000 millones de euros, aunque lo han criticado. Son ayudas directas para los promotores, y estos presionarán a las autonomías del PP para que se acojan, analizan en el sector socialista del Gobierno. Este será un asunto central de la campaña electoral en todas las autonomías, señalan varios miembros del Gobierno, y ahí se verá que la política de la coalición y de otros grupos progresistas que apoyaron la ley de vivienda sí sirve para bajar o controlar el precio, como está pasando en Cataluña, mientras en las autonomías del PP sigue subiendo de forma descontrolada.

Sumar apuesta, por el contrario, por una política más agresiva para resolver el problema e ir al choque con las autonomías del PP que no quieren aplicar la ley. Los ministros de Sumar, que presentaron la semana pasada sus iniciativas, están convencidos de que sí se puede hacer, y por eso han presentado un desarrollo jurídico que lo avala, además de otras medidas fiscales para presionar a la reducción del precio de la vivienda. Los ministros de Sumar consultados están convencidos de que, como ha sucedido otras veces, el PSOE en un principio dice que es imposible y asegura que las propuestas no son solventes jurídicamente, pero después es posible que La Moncloa lo acabe tomando como algo propio, lo desarrolle y lo termine anunciando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como ha sucedido con otras cuestiones de debate interno dentro de la coalición.

En cualquier caso, el PSOE reivindica todo lo que se está haciendo, porque se está gastando más dinero en vivienda que nunca ―se ha multiplicado por ocho el presupuesto―, se ha aprobado la primera ley de vivienda de la democracia y se ha desarrollado ese plan de 7.000 millones de euros. Toda esa política irá teniendo efecto poco a poco, señalan los socialistas. Pero en Sumar creen que tienen que ir mucho más lejos y lanzar a la población el mensaje de que el Gobierno está dispuesto a intervenir el mercado de forma radical para volver a conectar especialmente con los jóvenes, que son los que más sufren el problema.

La discusión seguirá, y hay muchas más medidas en estudio, pero en lo que sí hay un acuerdo claro dentro de la coalición es en que hay que intervenir un mercado que se ha demostrado absolutamente ineficaz en todos estos años y que tiene consecuencias muy graves porque rompe el ascensor social, hace que las herencias sean la clave para lograr una vivienda y profundiza las diferencias sociales entre los propietarios y los inquilinos, además de absorber buena parte de los sueldos. Nadie duda de que este asunto será central para evaluar la gestión de un Gobierno progresista que intenta resolver un problema que arrasa especialmente a su electorado, aunque en realidad afecta a todos los españoles que no son propietarios.

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