Los socios de gobierno, PSOE y Sumar, han acordado incluir en el nuevo decreto de vivienda una congelación del precio de los alquileres a la que se podrán acoger aquellos cuyo contrato venza antes de julio de 2028. Según han confirmado este miércoles fuentes del socio minoritario de la coalición, tras el pacto en el seno del Ejecutivo, el texto pasa ahora a negociarse con los grupos para lograr la convalidación en el Congreso. Desde el sector socialista del Gobierno apelan a la discreción a la espera de cerrar el acuerdo con las formaciones de la Cámara baja, que estudian ya el documento.
El texto, que prevé aprobar el Consejo de Ministros el próximo martes, debe negociarse aún con los grupos parlamentarios
El sector socialista del Gobierno mantiene la discreción a la espera de cerrar la negociación con los grupos del Congreso
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Los socios de gobierno, PSOE y Sumar, han acordado incluir en el nuevo decreto de vivienda una “prórroga reforzada” de los alquileres, a la que se podrán acoger aquellos cuyo contrato venza antes de julio de 2028. Según han confirmado este miércoles fuentes del socio minoritario de la coalición, el texto pasa ahora a negociarse con los grupos para lograr la convalidación en el Congreso. Desde el sector socialista del Ejecutivo mantienen la discreción a la espera de cerrarse el texto con las formaciones de la Cámara baja.
Según las mismas fuentes de Sumar, esta prórroga, que prevé aprobar el Consejo de Ministros el próximo martes, será de un máximo de dos años. En total —desde el 21 de marzo del 2026 hasta el 30 de junio del 2028— podrán beneficiarse de la medida casi cuatro millones de personas y un millón y medio de hogares.
El decreto también incluye otras medidas, como la regulación del alquiler de temporada y habitaciones para acabar con el uso fraudulento de estos alquileres como vía de elusión del régimen del alquiler de vivienda habitual y de los límites de precios en las zonas tensionadas. Y también un aumento de la tributación de los pisos turísticos hasta el 21% del IVA y un endurecimiento del régimen sancionador sobre su publicidad en plataformas, medidas enfocadas a “desincentivar el alquiler turístico”, explican en Sumar.
Además, a petición del grupo que coordina Yolanda Díaz en el Ejecutivo, el decreto incluye una propuesta a negociar con los grupos parlamentarios sobre medidas para proteger a las familias en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de evitar los desahucios y de que ninguna quede sin alternativa habitacional. Esta ha sido una exigencia de Podemos para dar su apoyo al decreto, pero a la que se opone Junts, que ya tumbó en abril la anterior prórroga. El partido de Carles Puigdemont reclamaba bonificaciones fiscales para la compra de vivienda y los caseros, además del IVA franquiciado para los autónomos, cuestiones sobre las que de momento Sumar no ofrece detalles.
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