Sentar a las eléctricas en la mesa del pobre

Hay ventanas de oportunidad en la historia. Durante el procés, las derechas de toda la vida debían parecer izquierdas, porque el eslogan que hacía fortuna era que la autoridad emanaba de abajo a arriba, del pueblo llano a los políticos. Como en el Grândola, Vila Morena de Zeca Afonso, muchos hicieron ver que creían aquello de “O povo é quem mais ordena”. Se aprobaron leyes que en otras coyunturas hubieran sido impensables, como la 24/2015 –surgida de una iniciativa legislativa popular (ILP)– para evitar desahucios y proteger a los más vulnerables de cortes de suministros básicos. Quienes solo unos años antes defendían el austericidio como puntal doctrinario pasaron por necesidades del guion político a tratar de embridar al mercado. Endesa, compañía mayoritaria en el mercado energético catalán, fue la única que se avino después de un larguísimo pulso a condonar parte de la deuda que esas familias vulnerables habían contraído. La medida pactada con la Generalitat, diputaciones, ayuntamientos y entidades del tercer sector afectó entre 2015 y 2025 a 41.000 hogares en Cataluña y supuso 28,1 millones de euros para Endesa, el 0,16% de sus beneficios netos en ese decenio, en total 17.539 millones de euros sin contar los 725 millones ya obtenidos en el primer semestre 2026. La Generalitat pagó otros 10 millones. Pero el acuerdo acabó en diciembre de 2025 y la inquietud ante las deudas acumuladas ha vuelto a adueñarse de quienes ven que la economía crece tanto como sus posibilidades de no llegar a fin de mes. La tasa AROPE, que mide cuántas personas se hallan en riesgo de exclusión social, se sitúa en Cataluña en el 24,8%. Un 8,9% de la población se halla en situación de privación material y social severa. En ese contexto, es capital que la izquierda asuma un papel redistribuidor de la riqueza, que siempre suele toparse con la ley del beneficio que gobierna las grandes corporaciones.

Aurora —nombre ficticio de una mujer divorciada de Gavà, víctima de malos tratos— es una de las personas que vuelve a vivir en la incertidumbre ante futuros cortes de luz. A ella la ley 24/2015 la ha salvado del desahucio y de cortes de luz cuando vivía con sus tres hijas. Dependiente de una máquina CPAP, que mantiene las vías respiratorias abiertas durante el sueño, tuvo en 2015 que acudir a los servicios sociales municipales que le pagaron lo adeudado para evitar el corte de suministro. “Aun así, estuve aquel fin de semana sin electricidad, pues la compañía en fines de semana no restituye el suministro”, afirma Aurora. Para ella, el convenio con Endesa y la ley 24/2015 supusieron “un flotador en medio del mar”.

Pero una cosa es la ley y otra las prácticas empresariales. Y la declaración de vulnerabilidad no le sirvió a Aurora para que Endesa le siguiera enviando requerimientos de pago. “Viví situaciones de acoso y amenazas constantes”, afirma. Además, al no tener domiciliados los recibos, las facturas le llegan acumuladas. “Por ejemplo de este 2026 todavía no he recibido ninguna”, añade. Haber encontrado apoyo y asesoramiento en la Alianza contra la Pobreza Energética, asegura, “me ha ayudado a nivel mental”.

En el plano práctico y una vez caducado el convenio de condonación de la deuda con Endesa, el incierto futuro que se abría para muchas personas como Aurora ha sido enmendado por el pacto presupuestario que el Govern ha cerrado con los Comuns esta misma semana y que contempla que la Generalitat pondrá en marcha un fondo de atención solidaria antes de este verano, afirman fuentes de la negociación. A la espera de la buena voluntad de las eléctricas, el Ejecutivo de Illa se ha comprometido a destinar tres millones para condonar deudas en 2026 y 10 millones en 2027. Habrá que volver a los prolongados pulsos con las grandes compañías para que se sienten a la mesa y destinen una ínfima parte de sus beneficios a tratar de hacer un mundo un poco más decente.