La vivienda, principal problema de los españoles, según el CIS, vuelve a abrir grietas en el Gobierno de coalición. La jornada ha elevado mucho la tensión entre el PSOE y Sumar por un asunto que siempre los ha dividido. El socio minoritario, a través de su portavoz parlamentaria, Verónica Barbero, ha llegado a sugerir que la ministra de Vivienda, la socialista Isabel Rodríguez, debería dimitir por no tener valentía para tomar medidas drásticas. Sin embargo, después, a lo largo del día, ante el enfado de sus aliados, otros dirigentes han ido suavizando esta posición y la ministra de Sanidad, Mónica García, también de Sumar, ha dicho que no estaban pidiendo en ningún caso la dimisión de Rodríguez, pero sí que hay una discusión de fondo sobre las medidas a tomar. La propia ministra aludida mostró su malestar al llegar al Senado, donde tenía una interpelación precisamente sobre este asunto. “Tienen que hacer su trabajo para llamar la atención”, ha llegado a decir Rodríguez.
El socio minoritario pide la dimisión de la ministra Rodríguez pero después suaviza
La vivienda, principal problema de los españoles, según el CIS, vuelve a abrir grietas en el Gobierno de coalición. La jornada ha elevado mucho la tensión entre el PSOE y Sumar por un asunto que siempre los ha dividido. El socio minoritario, a través de su portavoz parlamentaria, Verónica Barbero, ha llegado a sugerir que la ministra de Vivienda, la socialista Isabel Rodríguez, debería dimitir por no tener valentía para tomar medidas drásticas. Sin embargo, después, a lo largo del día, ante el enfado de sus aliados, otros dirigentes han ido suavizando esta posición y la ministra de Sanidad, Mónica García, también de Sumar, ha dicho que no estaban pidiendo en ningún caso la dimisión de Rodríguez, pero sí que hay una discusión de fondo sobre las medidas a tomar. La propia ministra aludida mostró su malestar al llegar al Senado, donde tenía una interpelación precisamente sobre este asunto. “Tienen que hacer su trabajo para llamar la atención”, ha llegado a decir Rodríguez.
La discusión de fondo gira alrededor de una intervención mayor en el mercado de la vivienda que reclama Sumar para forzar una congelación de precios en las autonomías que no quieren aplicar la ley de vivienda, en especial las del PP, y sobre todo qué hacer con los 300.000 contratos de alquiler que se tienen que renovar en los próximos meses en un momento en el que el mercado tiene una fuerte tensión. Los socialistas aseguran que esta iniciativa tiene problemas constitucionales y supondría alterar la seguridad jurídica.
Al final, ambos han intentado suavizar la polémica. “Lo importante es que estamos trabajando, que trabajamos juntos y que este Gobierno tiene muchas cosas que hacer, sobre todo en materia de vivienda”, ha señalado Rodríguez. La titular de Vivienda también ha hecho referencia al anuncio que han tenido que retirar desde su ministerio: “Con todo lo que estamos haciendo, que el único reproche que se nos puede hacer a mí misma y a todo el equipo del ministerio sea una campaña de publicidad, que todo lo que me pase sea eso”, ha defendido sobre el vídeo, que mostraba a tres ancianos compartiendo piso en el año 2055.
El último barómetro del CIS refleja que la vivienda ya es el principal problema para el 19,2% de los ciudadanos y un 37,1% lo coloca entre sus tres primeras dificultades. Frente a eso, tanto la comparecencia de Rodríguez la semana pasada en el Congreso —en la que anunció la creación de un teléfono gratuito (el 047) para atender dudas sobre normas y ayudas disponibles— como la última campaña publicitaria del departamento han soliviantado a Sumar, que reclama al PSOE intervenir el mercado para abordar el problema. “No se puede venir a proponer como medida estrella teléfonos de la esperanza”, ha señalado en rueda de prensa Barbero, la portavoz parlamentaria, que ha tildado la comparecencia de Rodríguez de “decepcionante” y ha ido más allá al afirmar que si “no está dispuesta a asumir” las medidas necesarias para poner freno a la subida de precios en el mercado inmobiliario debería “dejar paso” a quien sí lo está.
Con mayor claridad se ha expresado horas más tarde el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez. “El tiempo de esta ministra ha pasado y tiene que dar paso a otra que entienda el deber de proteger el derecho constitucional a la vivienda”, ha afirmado. Después llegaron las posiciones más suaves de los ministros de Sumar, que al estar en el Gobierno no pueden ir tan lejos.
El asunto también tuvo mucho protagonismo en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha salido en defensa de la actuación del departamento y su titular y ha asegurado que el Ejecutivo “se toma muy en serio” el problema. Alegría se ha referido a la aprobación de la ley para el control de precios (de la anterior legislatura) o al hecho de que el Gobierno haya “multiplicado por ocho el presupuesto” en esta materia, según ha dicho. “Acabamos de presentar un plan estatal que recoge una financiación de más de 7.000 millones de euros. El plan de anteriores gobiernos del PP contemplaba 1.700”. La portavoz ha subrayado que “la prioridad” del Ejecutivo es asegurar ese “quinto pilar del Estado del bienestar”.
“A nosotras se nos está acabando la paciencia. No podemos seguir ni un minuto más después de dos años esperando que se adopten medidas que tengan algún efecto sobre los precios de la vivienda. Le pedimos que conteste una a una a las medidas propuestas por Sumar”, había insistido Barbero a primera hora. Alegría ha defendido así a la ministra —“no compartimos esas críticas”, ha contestado a la portavoz de Sumar— pero sobre todo ha reivindicado la política del Gobierno. Sentado a su lado, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, de Sumar, ha dicho que “es normal que el socio de coalición tenga una posición propia en un asunto tan importante como este” y ha confiado en que se pueda llegar a un acuerdo sobre la propuesta estrella de este partido, esto es congelar las renovaciones de hasta 300.000 contratos de alquiler que vencen en los próximos meses y podrían tener una subida inasumible para los inquilinos por la gran tensión del mercado.
El socio minoritario de la coalición presentó hace una semana en un acto público con cuatro de sus ministros, entre ellos Bustinduy, un real decreto en esta materia. Entre otras iniciativas, la norma plantea la congelación de esos contratos de alquiler que vencen ahora, dando más protección a las personas inquilinas, un nuevo régimen sancionador para los alquileres de temporada, de habitaciones y turísticos; y reformas fiscales para frenar la compra especulativa. Pero su aprobación es una incógnita, porque aún debe negociarse con el PSOE, que es quien tiene las competencias.
“Es lamentable y frívolo que las últimas noticias hayan sido una campaña publicitaria en la que se intenta bromear con la situación habitacional de cientos de miles de personas en todo el Estado”, ha afeado Gerardo Pisarello, secretario primero de la Mesa del Congreso, sobre el anuncio del departamento de Rodríguez para promocionar sus políticas y en el que retrata a tres mayores compartiendo piso desde jóvenes reproduciendo los tópicos de los inconvenientes de la convivencia (“30 años dejándote los calzoncillos en el baño”, se queja uno. “¿Y mis yogures?“, pregunta otro al abrir la nevera). ”Si el ministerio quiere honrar no es haciendo bromas ni campañas frívolas, sino atajando la especulación rampante ampliada por grandes tenedores, bancos y fondos de inversión», ha añadido Pisarello. “Está bien tener planes a largo plazo, pero hace falta también sentido de la urgencia. Actuar aquí y ahora para bajar los precios de alquiler, acabar con la compra especulativa y desplegar una política impositiva valiente contra los fondos de inversión y grandes fortunas. Esa es la obligación del PSOE. Si la ministra no es capaz de asumir esas medidas urgentes, su tiempo en el ministerio sin duda se va a ir acortando”, ha rematado el diputado de los Comunes.
“La política de vivienda es como el deporte, si no lo practicas, no funciona. Por eso hay que plantear políticas”, ha sostenido la portavoz del PSOE, Montse Mínguez —que este martes ha sustituido a Patxi López en la sala de prensa del Congreso—, antes cargar contra las comunidades del PP por oponerse a aplicar la ley de vivienda que permitiría limitar los precios de los alquileres en sus territorios, una competencia autonómica.
Fuentes socialistas reconocen que este tema les preocupa a “todos” y que cualquier iniciativa que se plantee “es poco”, pero creen que no se puede acusar al departamento de no hacer nada, una impresión contraria a la que hay en Sumar. La discrepancia en la política de vivienda ha marcado la relación entre los socios tanto esta como la pasada legislatura, cuando Podemos formaba parte del Ejecutivo de coalición. Sumar es partidario de una mayor intervención del mercado para poder bajar los precios de forma más rápida, y no fiarlo todo a la construcción de un parque público que tardará años en tener efectos. Creen que por mucho que los datos macroeconómicos en España sean positivos, si la gente no llega a fin de mes porque lo destinado a alquiler o hipoteca se lleva una buena parte del salario, el Gobierno tendrá pocas opciones de revalidar resultados en las próximas elecciones.
Feed MRSS-S Noticias
