La primera semana del juicio a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo ha lucido como un sainete, con el protagonismo de las amigas del exministro socialista, sus anécdotas laborales en empresas públicas y hasta el gato de una de ellas. Los siete magistrados del Tribunal Supremo han asistido durante tres días a un vodevil de testimonios, con Jéssica Rodríguez y Claudia Montes a la cabeza, que han afianzado con rotundidad algunas de las acusaciones y abren el camino para aclarar otras en las próximas semanas.
Los testimonios de la expareja y una amiga del exministro y de dos empresarias que compraron una casa para él dejan tocada a la defensa
La primera semana del juicio a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo ha lucido como un sainete, con el protagonismo de las amigas del exministro socialista, sus anécdotas laborales en empresas públicas y hasta el gato de una de ellas. Los siete magistrados del Tribunal Supremo han asistido durante tres días a un vodevil de testimonios, con Jéssica Rodríguez y Claudia Montes a la cabeza, que han afianzado con rotundidad algunas de las acusaciones y abren el camino para aclarar otras en las próximas semanas.
Las declaraciones, a veces grotescas, de los testigos no esconden la gravedad de los delitos juzgados ni su impacto político. La defensa de Ábalos ha salido tocada respecto a las prebendas que, según Anticorrupción, aceptó: los contratos en empresas públicas a sus amigas y el alquiler de dos viviendas para él y su entorno. A partir de la semana que viene, los magistrados empezarán a valorar las pruebas sobre los contratos de mascarillas que dieron origen al caso.
Este texto intenta separar la anécdota de lo realmente relevante para la causa.
Amigas contratadas en empresas públicas. El enchufe de dos mujeres vinculadas a Ábalos en sociedades dependientes de Transportes es probablemente la acusación de la que el exministro tiene más difícil defenderse. Las evidencias ya eran muchas durante la instrucción, pero algunos de los testimonios escuchados en la primera semana de juicio, empezando por los de las propias implicadas, constatan que el exdirigente socialista y su antiguo asesor encontraron pocas resistencias para colocar a estas mujeres y que las que encontraron se las saltaron haciendo uso de su autoridad. Jéssica Rodríguez, pareja de Ábalos entre 2018 y 2019, confirmó que cobró durante dos años en Ineco aunque nunca realizó ningún trabajo para esa empresa. Y cuando se le acabó este contrato obtuvo otro de forma automática en Tragsatec, cuya oficina nunca pisó. “¿Conocía Ábalos que usted no iba a trabajar a Ineco?”, preguntó el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. “Sí”, aseguró ella.
La mujer sostuvo que en ambos casos le dijeron que su puesto era ser auxiliar administrativa de Joseba García, hermano de Koldo y que también trabajaba en esta empresa. Según declaró, le dijo que la llamara para lo que necesitara, pero nunca lo hizo. Joseba García, que compareció el mismo día, sostuvo que él no era su jefe y que solo habló con ella en alguna ocasión como “compañeros de trabajo”. Los testimonios de varios exaltos cargos de la compañía constataron que quienes intentaron fiscalizar su trabajo recibieron la sugerencia, o directamente la orden, de no intervenir. A una trabajadora le dijeron que era “la sobrina” de Koldo; y, unos días después, que lo era de Ábalos. Otro responsable de Ineco relató que la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, le pidió que no la molestara.
La segunda mujer supuestamente enchufada, Claudia Montes, contratada en la empresa pública Logirail en Asturias, admitió que le comentó al entonces ministro que necesitaba trabajar y que le envió su currículum a Koldo García, pero aseguró que fue ella la que se ganó el puesto postulándose en portales de empleo. Las acusaciones pidieron en su comparecencia que se leyera una conversación entre Ábalos y su asesor: “A la de Gijón no la puede contratar en Renfe, Adif o alguna de sus subcontratas?”, preguntó el ministro. “Sí. Lo arreglo”, contestó García. Montes aseguró no tener constancia: “En ningún momento Ábalos me dijo: ‘Claudia, te he enchufado”.
En contra de la defensa del exdirigente socialista y su asistente juegan también conversaciones incorporadas a la causa en las que García le dice a Montes que su jefe es él y que no tiene que ir a trabajar, así como testimonios de responsables de Logirail que confirmaron que no acudía a su puesto y que cuando contactaron con ella para pedirle explicaciones fueron represaliados. El jefe que intentó que fuera a trabajar contó que el asesor ministerial le llamó dos veces para advertirle de que “iban a rodar cabezas”, mientras que al gerente que intentó expedientar a la trabajadora lo despidieron de forma fulminante. Su sustituto cambió el contrato de Montes por otro de mayor categoría y que dependiera directamente de Madrid.
Casas para el exministro. La primera semana del juicio ha ahondado también en las viviendas supuestamente compradas o alquiladas por empresarios para pagar favores del exministro. Y tampoco en esto ha salido bien parado Ábalos. Jéssica Rodríguez confirmó que vivió durante un año y medio en un piso de la Plaza de España de Madrid que eligió ella, pero que no sabía quién pagaba. “Yo pensaba que el piso lo pagaba Ábalos. Nunca he hecho ese tipo de preguntas”, afirmó. Contó que cuando tenía algún problema doméstico llamaba a un socio de Aldama, Alberto Escolano, porque así se lo indicaron, y si este no respondía contactaba con Koldo García. Para intentar cargar la responsabilidad sobre Aldama, la defensa del exministro le preguntó por qué el socio de este siguió pagando el alquiler de la casa cuando ya no era pareja del exdirigente socialista. “Ábalos me dijo que podía seguir en el piso mientras estudiaba la carrera”, aseguró ella.
El tribunal ha recogido también ya varios testimonios que apuntan a que la vivienda en la Línea de la Concepción (Cádiz) de la que el ministro y su familia disfrutaron el verano de 2021 fue otra prebenda de la red corrupta. La empresaria Carmen Pano y su hija, administradora de la empresa que adquirió el chalé y se lo alquiló con opción a compra a Ábalos, afirmaron que la compraron porque se lo ordenó su jefe, Claudio Rivas, socio de Aldama, que pretendía que Ábalos mediara para que concedieran una licencia de operador de hidrocarburos a su empresa Villafuel. “Aldama nos dijo que se iba a conseguir y que el señor ministro quería una casa”, afirmó Pano, imputada en el supuesto fraude en el IVA de los hidrocarburos que se investiga en la Audiencia Nacional.
El sumario incluye una tercera casa como probable pago en especie para el exdirigente socialista: un piso de lujo de Aldama ubicado en el Paseo de la Castellana de Madrid, valorado en 1,9 millones de euros, pero este inmueble aún no se ha abordado en el juicio.
Entregas de dinero en efectivo. Anticorrupción considera que, al menos entre octubre de 2019 y julio de 2022, Aldama entregó a Koldo García 10.000 euros mensuales en metálico para repartírselos con su jefe. Los primeros días de la vista han servido para reunir pruebas de estas prebendas al confirmar que Aránzazu Granell, trabajadora de una empresa de socios de Aldama, entregó en mano dos veces un sobre con esa cantidad al hermano del asesor en República Dominicana. Lo contó la propia Granell en su declaración como testigo, en la que aseguró que el encargo se lo hizo uno de sus jefes y que ella sacó el dinero de la caja de la empresa, lo metió en un sobre y se lo dio a García. Este confirmó en su declaración que recogió los sobres, pero aseguró que lo hizo por encargo de Aldama y no sabía lo que había dentro porque estaban cerrados.
Los investigadores atribuyen a la trama otras entregas de dinero vinculadas a la agilización de la licencia de hidrocarburos (que Rivas y sus socios consiguieron más de un año después de la destitución de Ábalos como ministro), en la que, según estimaciones de la Guardia Civil, los empresarios invirtieron un millón de euros. Pano y su hija aseguraron que Rivas abonó grandes cantidades para obtener esa licencia. Ambas coincidieron también en que Aldama les contó que él y Koldo García recogieron medio millón de euros en casa de Juan José Hidalgo, dueño de Air Europa, una entrega que las acusaciones vinculan a una mordida a cambio de favorecer el rescate de la aerolínea.
En la sesión del jueves se abordó otra entrega: los 90.000 euros (en dos tandas de 45.000) que la empresaria Pano asegura que llevó a la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz. Este asunto no se juzga en esta causa sino que, en todo caso, se verá en la pieza que se instruye en la Audiencia Nacional sobre los pagos en efectivo del PSOE, que permanece secreta. Por eso Anticorrupción no preguntó por ello a Pano, pero sí lo hicieron las acusaciones populares, dirigidas por el PP. La mujer contó que el dinero se lo había dado Rivas para que se lo diera a Aldama, pero que este le pidió que lo llevara a Ferraz. Allí le dijeron que subiera a la segunda planta, donde la esperaba un hombre, del que no sabe nombre ni cargo, que recogió la bolsa con el dinero.
La trama de mascarillas. Paradójicamente, aunque el primer juicio del caso Koldo se centra en los presuntos amaños para comprar mascarillas en plena pandemia, este tema solo se ha abordado brevemente, y por accidente, en estas primeras sesiones. Angélica Martínez Ortega, secretaria general técnica de ese ministerio, compareció el miércoles por un error del tribunal, que la citó pese a que ese día no estaba previsto hablar de la compra de mascarillas. Esta funcionaria redactó las órdenes ministeriales que permitieron que Puertos del Estado y Adif compraran 8 y 5 millones de mascarillas, respectivamente, a Soluciones de Gestión —la empresa apadrinada por Aldama—por más de 36 millones de euros.
La técnico explicó que se limitó a seguir órdenes del entonces subsecretario Jesús Manuel Gómez García. Ella estudió el marco normativo, pero no participó en la toma de decisiones sobre quién debía comprar, qué cantidad, a qué precio y a qué empresa. “Las órdenes me venían dadas”, aseguró. Solo arrojó luz sobre un aspecto. ¿Por qué Transportes envió parte del material a Interior? Porque fueron “las primeras” mascarillas en llegar a España y “se decidió que una parte tenían que ir a los sanitarios y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”, expuso. La próxima semana sí hay ya varios testigos directamente relacionados con las adjudicaciones de contratos de mascarillas, origen del caso Koldo.
Contactos en Industria y Hacienda. Otro foco de interés esta semana han sido las supuestas gestiones que la trama facilitó en los ministerios de Industria y Hacienda para favorecer los intereses de empresarios amigos. Dos episodios que forman parte de la causa como indicio de la red de contactos que Aldama, con la indispensable ayuda de Koldo García y Ábalos, puso a trabajar en su beneficio.
La reunión en Industria se produjo el 28 de diciembre de 2020. Pano y su hija, señaladas por los investigadores como testaferros de Rivas, contaron que su jefe buscaba influencias para conseguir una licencia de hidrocarburos. Con este propósito, y después de “perder mucho dinero” para intentar abrir puertas, acudió a Aldama por sus “buenos contactos” con el Gobierno. El comisionista consiguió que Rivas, Pano y dos técnicos se sentaran en Industria con el jefe de gabinete de la época, Juan Ignacio Díaz Bidart. El asesor de Ábalos les recibió y, aunque se ausentó unos minutos, estuvo presente casi todo el encuentro. Rivas salió “bastante satisfecho”, dijo la hija.
Aldama también usó su agenda para favores personales. El entonces jefe de gabinete de Hacienda, Carlos Moreno, testificó durante la fase de instrucción que conoció a Aldama a través de García y que, en uno de los pocos contactos que tuvieron, le pidió el “favor” de que le aplazaran un embargo de Hacienda sobre una de sus empresas, Pilot Real State. Moreno afirmó que se limitó a recoger la petición y trasladársela a un funcionario para que lo mirara, desentendiéndose desde ese momento del asunto. El ex jefe de gabinete testificará la próxima semana pero esta lo ha hecho Ignacio Granada, el inspector y asesor de Hacienda al que Moreno derivó el asunto. El técnico declaró que, aunque “no es habitual, tampoco es infrecuente” que estas cuestiones lleguen al Ministerio. Según contó, Moreno le ordenó ponerse con este asunto y él lo derivó a la Agencia Tributaria porque no tenía competencias en esta materia. Desde allí le comunicaron que la deuda era “inaplazable” y así se lo dijo a Moreno. “Ya está, visto”, le habría contestado su jefe.
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