Tres empresarios han negado este viernes en el Tribunal Supremo haber pagado comisiones a José Luis Ábalos, Santos Cerdán o Koldo García a cambio de la adjudicación de obras públicas. El magistrado Leopoldo Puente ha tomado declaración como investigados a José Ruz, de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), y a los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, de Obras Públicas y Regadíos (OPR), a los que imputó el mismo día que a Cerdán. Fuentes del caso señalan que Ruz ha negado haber pagado un sueldo mensual al antiguo asesor ministerial, como sospecha la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, pero sí ha aceptado haberle pedido a García una reunión con Cerdán para intentar conseguir contratos. Según estas fuentes, ni el juez ni el fiscal le han preguntado si finalmente se reunieron.
José Ruz admite que pidió reunirse con Cerdán, pero rechaza haber tenido a sueldo al exasesor de Ábalos
José Ruz admite que pidió reunirse con Cerdán, pero rechaza haber tenido a sueldo al exasesor de Ábalos


Tres empresarios han negado este viernes en el Tribunal Supremo haber pagado comisiones a José Luis Ábalos, Santos Cerdán o Koldo García a cambio de la adjudicación de obras públicas. El magistrado Leopoldo Puente ha tomado declaración como investigados a José Ruz, de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), y a los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, de Obras Públicas y Regadíos (OPR), a los que imputó el mismo día que a Cerdán. Fuentes del caso señalan que Ruz ha negado haber pagado un sueldo mensual al antiguo asesor ministerial, como sospecha la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, pero sí ha aceptado haberle pedido a García una reunión con Cerdán para intentar conseguir contratos. Según estas fuentes, ni el juez ni el fiscal le han preguntado si finalmente se reunieron.
Para el empresario Ruz, la de este viernes no era su primera declaración ante el instructor del Supremo, que se refiere a él como “un elemento común” entre Ábalos, Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama. El dueño LIC, que está investigado en la parte del caso que se instruye en la Audiencia Nacional, ya declaró como testigo antes de que se revelara la implicación de Cerdán en el supuesto amaño de contratos. Pero esta vez ha acudido como investigado, después de que la UCO registrara su casa y su empresa el pasado 10 de junio. Al término de su declaración, la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares han pedido al juez que le retire el pasaporte y le imponga comparecencias quincenales como medida cautelar.
Los agentes creen que este empresario llegó a Koldo García en marzo de 2019 a través de Aldama, y desde el principio mostró una plena disposición ante el entonces asesor ministerial, a quien se refería como “jefe”. Según los agentes, Ruz pedía “favores” tanto a Aldama como a Koldo García para fomentar los negocios de LIC, pero cuando tuvo más confianza con del segundo prescindieron del presunto comisionista.
La UCO considera que, como fruto de estos contactos, LIC consiguió una obra de Adif en Gijón valorada en 592.053 euros, una obra de conservación de una carretera en Teruel de más de cinco millones de euros y un tramo de la autovía A-12 en las provincias de La Rioja y Burgos. El informe de la UCO recoge también contactos de Ruz con la trama para otros trabajos como el de la Carretera N-IV entre Dos Hermanas y Los Palacios, en la estación del AVE de Elche. Ruz ha negado haber pagado comisiones a cambio de ningún contrato.
El informe de la UCO del pasado 5 de junio recoge una conversación entre Ruz y el entonces asesor ministerial en la que el empresario pide reunirse con “el navarro” y advierte de que “no es conveniente para la ganadería” que haya “heridos inocentes” y “gente fuera del baile”. Ruz ha reconocido que “el navarro” era Cerdán y la “ganadería” la forma en la que se referían a los partidos políticos, en este caos el PSOE, según las fuentes consultadas, que señalan que no se le ha preguntado si esa reunión se produjo.
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Sobre la firma

Redactora que cubre la información del Tribunal Supremo, el CGPJ y otras áreas de la justicia. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS, donde ha sido redactora de información local en Sevilla, corresponsal en Granada y se ha ocupado de diversas carteras sociales. Es licenciada en Periodismo y Máster de Periodismo de EL PAÍS.
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