Además, el sindicato dice tener conocimiento de «coacciones» a empleados públicos para que comuniquen si van a secundar este parón general. Además, el sindicato dice tener conocimiento de «coacciones» a empleados públicos para que comuniquen si van a secundar este parón general.
UGT Servicios Públicos Extremadura ha pedido a la Junta que revise los servicios mínimos establecidos para la huelga general de este miércoles, día 11, y garantice su «proporcionalidad», respetando tanto la atención esencial a la ciudadanía como el derecho de huelga de los trabajadores.
Así pues, el sindicato ha rechazado los servicios mínimos «impuestos» por la Junta para la huelga general, al considerarlos «abusivos» y «desproporcionados»; y ha criticado que se han incrementado respecto a convocatorias anteriores, «especialmente» en los centros educativos y en los dependientes de la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, lo que a su juicio «limita» el «derecho fundamental» de huelga de numerosos trabajadores.
De este modo, a través de una nota de prensa, considera que los servicios mínimos establecidos en el ámbito de Administración General «exceden lo estrictamente necesario para garantizar los servicios esenciales» y «restringen injustificadamente» la participación de las plantillas en la huelga.
Al mismo tiempo, ve «especialmente desproporcionada» la exigencia de un docente por cada 60 estudiantes o fracción en los centros de Educación Infantil y Primaria, y uno por cada 90 en los institutos de Secundaria, además de la presencia «obligatoria» de los equipos directivos.
En este sentido, UGT recuerda que el derecho a la educación es «compatible» con el «derecho fundamental» de huelga y que los centros educativos «no deben convertirse en meros espacios de custodia del alumnado».
Asimismo, lamenta el incremento de los servicios mínimos en los centros sociales y asistenciales, que, a su juicio, «impide ejercer este derecho a un número excesivo de empleados públicos». De igual modo, UGT reconoce la necesidad de garantizar la atención «imprescindible» en centros de Educación Especial, residencias y servicios destinados a personas vulnerables, pero rechaza que estas circunstancias «justifiquen restricciones generalizadas al conjunto de las plantillas».
De esta forma, exige a la Junta de Extremadura que revise los servicios mínimos y garantice su «proporcionalidad», respetando tanto la atención esencial a la ciudadanía como el derecho de huelga de los trabajadores; y advierte de que los servicios mínimos deben garantizar los servicios esenciales, «no servir de instrumento para vaciar de contenido el derecho fundamental de huelga reconocido en la Constitución», concluye la organización sindical.
APUNTA «COACCIONES»
Por otro lado, UGT Servicios Públicos Extremadura señala que ha tenido conocimiento de que se está requiriendo a empleados públicos de la Junta de Extremadura que debe comunicar su participación en la jornada de huelga de este miércoles, 11 de noviembre, a través de la aplicación de gestión de permisos y licencias, seleccionando la opción ‘Huelga Legal’.
El sindicato considera «inadmisible» que el ejercicio de un derecho fundamental «se gestione como si se tratara de un permiso que debe solicitarse previamente a la Administración».
Ante esta situación, UGT recuerda que ningún empleado público «tiene la obligación general de anunciar con antelación si va a secundar una huelga legalmente convocada, ni necesita autorización de sus superiores para ejercer este derecho, ya que no está sujeto a solicitud», apunta en una nota de prensa.
Según señala, el artículo 28.2 de la Constitución Española reconoce el derecho fundamental de huelga, mientras que el Estatuto Básico del Empleado Público garantiza su ejercicio, tras lo que apunta que la legislación «distingue entre el preaviso que corresponde a las organizaciones convocantes y la decisión individual de cada trabajador de participar o no en la movilización».
Por eso, UGT advierte de que «obligar a la plantilla a declarar su intención de secundar la huelga puede condicionar su libertad de decisión y generar una presión incompatible con el ejercicio libre de este derecho».
La organización sindical aclara que la Administración puede registrar posteriormente las ausencias efectivamente producidas y aplicar las deducciones salariales legalmente establecidas por el tiempo de huelga, «sin que ello justifique exigir una solicitud para el ejercicio de esta».
También recuerda que «deben respetarse los servicios mínimos válidamente establecidos», por lo que UGT exige a la Junta de Extremadura la «retirada inmediata» de las instrucciones que imponen esta solicitud y que «garantice a toda la plantilla el ejercicio libre del derecho de huelga, sin necesidad de autorizaciones ni trámites previos obligatorios».
Finalmente, UGT Servicios Públicos Extremadura insiste en que secundar una huelga es «una decisión libre e individual» de cada trabajador, que «no puede quedar condicionada por exigencias administrativas que carezcan de respaldo legal», concluye.
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