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La Fiscalía rechaza que los tribunales españoles sean competentes para investigar a Netanyahu
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha dictaminado que los tribunales españoles no son competentes para investigar al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad por tener ya una causa abierta en el Tribunal Penal Internacional (TPI), que hace casi un año emitió orden de detención contra él. Así lo expone la Fiscalía en un informe que le solicitó en julio el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional respecto a una querella contra Netanyahu y varios altos mandos militares por delitos de lesa humanidad en relación con el abordaje del barco Madleen, el pasado 8 de junio, cuando se dirigía a la Franja con ayuda humanitaria.
Según fuentes jurídicas, la Fiscalía ha informado en contra de la admisión de esta querella, basándose en lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que regula la llamada justicia universal. Según establece dicho artículo, los delitos de carácter internacional en los que España puede ejercer su jurisdicción no serán perseguibles en nuestro país cuando, entre otros supuestos, se haya iniciado un procedimiento para su investigación y enjuiciamiento en un Tribunal Internacional constituido conforme a los Tratados y Convenios en que España fuera parte.
Ese es el caso del TPI, que en noviembre de 2024 dictó órdenes de detención contra el primer ministro israelí y su exministro de Defensa Yoav Gallant, como máximos responsables de la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja al menos desde el 8 de octubre de 2023; es decir, un día después del ataque terrorista del 7 de octubre en Israel.
Tras la presentación de este informe por parte de la Fiscalía, el titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, deberá decidir si admite o no la querella. La misma fue presentada por el español Sergio Toribio, miembro de
la Flotilla de la Libertad en España, y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe y se dirige, además de contra Netanyahu, contra el ministro de Defensa; el vicealmirante David Saar Salama y otros mandos por crímenes de guerra, lesa humanidad, detención ilegal y trato degradante.
En su querella, los demandantes se amparan a su vez en el principio de jurisdicción universal para pedir investigar a esos dirigentes israelíes por el abordaje del barco Madleen, ocurrido el pasado 8 de junio cuando se dirigía a la Franja con ayuda humanitaria. En concreto, solicitan que se abra una investigación judicial, se tomen declaraciones a los activistas afectados y se recaben pruebas sobre el operativo militar israelí. También reclaman que se coopere con el Tribunal Penal Internacional en la investigación abierta sobre la situación en Palestina.
Según el relato de la querella, durante el abordaje “se utilizaron drones, gases lacrimógenos, armas no letales y se procedió a la detención arbitraria de los 12 tripulantes, todos civiles desarmados, sin advertencia previa ni orden judicial, en ausencia de cualquier amenaza militar”.
El texto denuncia que los detenidos —entre ellos activistas como Greta Thunberg (Suecia), Rima Hassan (Francia) y Thiago Ávila (Brasil)— fueron trasladados por la fuerza a Israel, incomunicados, despojados de sus pertenencias y sometidos a intentos de adoctrinamiento forzoso, con amenazas de obligarlos a ver material propagandístico.
El barco Madleen transportaba alimentos, medicinas y material médico destinados a la población civil palestina, en el contexto de un bloqueo calificado como ilegal por Naciones Unidas. (Efe)
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