Una plaza de aparcamiento puede cambiar el futuro de los dueños de más de 300 viviendas afectadas por la línea 7B de Metro de Madrid, que ha provocado el derribo de 73 residencias, y daños en unas 260, a su paso por San Fernando de Henares (40.000 habitantes). El juzgado de lo contencioso-administrativo número 11 de Madrid dictaminó el 30 de junio que la administración regional debe aumentar la indemnización concedida por la Comunidad de Madrid a sus dueños en 13.103,67 euros, según una sentencia a la que accedió EL PAÍS. Esa decisión puede generar un efecto dominó. Primero, porque desnuda el argumento oficial de que la ley impedía pagar a la Comunidad compensaciones más altas. Segundo, porque crea un precedente para la treintena de reclamaciones pendientes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y tercero, porque aviva la lucha de los propietarios con viviendas afectadas por las obras del metro, que cambiaron la composición del subsuelo e hicieron que sus edificios perdieran pie.
Con una treintena de pleitos pendientes, un tribunal juzga “disconforme parcialmente a derecho” el cálculo de la administración y aumenta la compensación de un afectado por primera vez
Una plaza de aparcamiento puede cambiar el futuro de los dueños de más de 300 viviendas afectadas por la línea 7B de Metro de Madrid, que ha provocado el derribo de 73 residencias, y daños en unas 260, a su paso por San Fernando de Henares (40.000 habitantes). El juzgado de lo contencioso-administrativo número 11 de Madrid dictaminó el 30 de junio que la administración regional debe aumentar la indemnización concedida por la Comunidad de Madrid a sus dueños en 13.103,67 euros, según una sentencia a la que accedió EL PAÍS. Esa decisión puede generar un efecto dominó. Primero, porque desnuda el argumento oficial de que la ley impedía pagar a la Comunidad compensaciones más altas. Segundo, porque crea un precedente para la treintena de reclamaciones pendientes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y tercero, porque aviva la lucha de los propietarios con viviendas afectadas por las obras del metro, que cambiaron la composición del subsuelo e hicieron que sus edificios perdieran pie.
“Esta resolución representa no solo una reparación individual, sino también un precedente significativo en la defensa de los derechos de los afectados ante situaciones similares de vulneración patrimonial y emocional”, resalta el presidente de la Asociación de Afectados Rafael Alberti-Presa, Juan Fuentes, pues la decisión del tribunal actualiza al alza la valoración del inmueble y tiene en cuenta los daños morales sufridos por sus dueños. Y critica: “Un juez le enmienda la plana a la Comunidad, dándonos la razón, tras oír tantas veces como desde el gobierno repetían, hasta llegar a ofendernos, que nos daban el máximo legal [de indemnización]”.
La llegada del suburbano a San Fernando de Henares, impulsada por la presidenta Esperanza Aguirre en 2007, provocó un seísmo en el subsuelo: facilitó que el agua entrara en contacto con terrenos solubles, alterando su firmeza y causando tanto el hundimiento de la infraestructura (que lleva casi tres años cerrada en uno de sus tramos) como el de los edificios de la superficie. Como consecuencia, 73 viviendas han sido condenadas al derribo, alrededor de 200 vecinos han tenido que abandonar sus casas, y los propietarios de unas 260 residencias serán indemnizados de oficio por la Comunidad por sufrir “alguna patología de orden estético y/o funcional”.
Hasta marzo de 2023, el Ejecutivo venía ofreciendo de 136.000 a 355.000 euros a los vecinos por sus viviendas, y de 10.000 a 33.000 euros por sus garajes. Pero esas ofertas de indemnización no satisfacían a los afectados, gente que había cumplido el sueño de vivir en su municipio y que, de un día para otro, empezó a ver cómo se abrían grietas en sus paredes, cómo ventanas y puertas se descuadraban, y cómo las noches se llenaban de crujidos, igual que si durmieran en un barco de madera, mientras sus viviendas se movían por culpa de la llegada del metro.
No podía ofrecérseles más, argumentaba la Comunidad. Ese era el máximo legal. Hasta que Ayuso intervino y rectificó esa tesis, ordenando que se les ofreciera entre 10.000 y 63.000 euros más por vivienda, atendiendo al daño moral por conviviente. Un reconocimiento del desgaste emocional que ha supuesto para los afectados vivir años enteros pendientes de abandonar o no sus casas; de recuperarlas o no después; para finalmente verlas destruidas, derrumbadas y desaparecidas en un abrir y cerrar de ojos.
Ese daño moral, apunta Fuentes, no fue reconocido para locales, comercios, viviendas alquiladas y plazas de garaje. Al hacerlo ahora con el aparcamiento, se siente un precedente que los afectados consideran clave.
“Esto refleja que han estado mintiendo desde el principio”, dice Alejandro Escribano, de la Plataforma 7B Afectados por Metro. “No había ningún máximo legal”, continúa. “Las primeras indemnizaciones se han dado sin ningún tipo de base jurídica, sin llegar al precio actual del metro cuadrado en San Fernando para que puedan obtener una vivienda como la que tenían”.
101 expedientes
Así, la sentencia alimenta las esperanzas de las familias que ya han dado el paso de recurrir a la justicia en busca de una indemnización mayor, y de las que están a la espera de que acabe la tramitación administrativa de sus expedientes para hacerlo. Pero no solo. Como avanzó este periódico, el Gobierno regional ha iniciado de oficio el procedimiento para indemnizar a los dueños de unas 260 viviendas de San Fernando de Henares que viven rodeados de grietas, con puertas y ventanas que no cierran, y conocedores de que a un centenar largo de sus vecinos han tenido que tirarle abajo sus casas tras declararlas en ruina por culpa de la llegada de la línea 7B de Metro al municipio.
“Y esto abre la puerta a que además de la indemnización por los daños físicos, puedan pedir por el daño moral”, opina Fuentes tras la resolución judicial, en la que fue clave que la tasadora contratada por la Comunidad de Madrid no defendiera el informe en el que se basó la indemnización, tras fallecer su autor, según dos fuentes. Para próximas citas judiciales, la tasadora ya tiene seleccionado un sustituto, según precisa una portavoz.
Desde que estalló el problema, el gobierno ha abierto 101 expedientes de indemnización, de los cuales ya han sido abonados 78 por valor superior a los 11 millones de euros.
No obstante, el ejecutivo no aclara si considera que la sentencia que afecta al aparcamiento puede sentar un precedente para el resto de casos judicializados, ni si tiene un fondo de contingencia por si aumentan las indemnizaciones por orden judicial. Mientras, una treintena de familias espera que el TSJM resuelva su reclamación a partir de septiembre, y otras tantas estudian dar el paso. Para todas, cuatro palabras teñidas de esperanza: en el caso de la plaza de garaje, la indemnización decidida por la administración fue “disconforme parcialmente a derecho”, según la sentencia, que por primera vez eleva la indemnización decidida por la Comunidad.
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