El barrio de Vallcarca de Barcelona, en la parte alta del distrito de Gràcia, afronta la ejecución de dos planes urbanísticos que están pendientes desde hace décadas. Por un lado, el derribo de edificios de vivienda y locales comerciales de la avenida que da nombre al barrio, para construir una “rambla verde”, aprobada en 2002; y por el otro la construcción de un parque y casi 522 nuevos pisos, 204 de protección y 322 de precio libre , un plan de 2019. El gobierno del alcalde Jaume Collboni ha comenzado a desatascarlo, pero ha topado con la oposición de un sector de vecinos, mientras otros piden que se ejecute. Después del desalojo de los barraquistas de un solar en mayo pasado, este miércoles está previsto el de los vecinos que ocupan tres edificios municipales (dos de vivienda y una nave). Es un procedimiento “administrativo voluntario” y si no se produce el Ayuntamiento pedirá autorización judicial.
Esperando compensaciones desde 2010
“Es una de las cosas más graves que han pasado en Barcelona en más de 20 años”. Con esta contundencia resume Rocío Sánchez, propietaria de los terrenos donde estaba su casa y su negocio y de los que entregaron las llaves para ser derribados en 2010. Todavía no han sido compensados ni se ha cerrado su caso. Y mientras, llevan 14 años pagando IBI y tuvieron que pagar 150.000 euros por gastos de urbanización. “Nos hemos sentido engañados, no derriban la casa, el negocio, cumplimos con nuestras obligaciones y ellos no”, exclama. Recurrieron judicialmente, pero perdieron. El caso es complejo de entender para alguien que no sea experto en urbanismo. El Ayuntamiento explica que falta inscribir las fincas en el registro, y que el consistorio se plantea comprar los terrenos a los cinco propietarios que están en la misma situación. Sánchez insiste: “Es incomprensible que las partidas habilitadas para las expropiaciones de la rambla verde no sean para resolver lo nuestro”.
La reactivación del proyecto para construir una rambla verde y 522 viviendas genera reacciones a favor y en contra entre el vecindario. Este jueves está previsto el desalojo de tres fincas municipales
El barrio de Vallcarca de Barcelona, en la parte alta del distrito de Gràcia, afronta la ejecución de dos planes urbanísticos que están pendientes desde hace décadas. Por un lado, el derribo de edificios de vivienda y locales comerciales de la avenida que da nombre al barrio, para construir una “rambla verde”, aprobada en 2002; y por el otro la construcción de un parque y casi 522 nuevos pisos, 204 de protección y 322 de precio libre , un plan de 2019. El gobierno del alcalde Jaume Collboni ha comenzado a desatascarlo, pero ha topado con la oposición de un sector de vecinos, mientras otros piden que se ejecute. Después del desalojo de los barraquistas de un solar en mayo pasado, este miércoles está previsto el de los vecinos que ocupan tres edificios municipales (dos de vivienda y una nave). Es un procedimiento “administrativo voluntario” y si no se produce el Ayuntamiento pedirá autorización judicial.
En el barrio hay situaciones muy distintas que convierten en compleja la operación. En la avenida de Vallcarca hay vecinos (de alquiler o propietarios) con derecho a expropiación o realojo, mientras otros no tienen la antigüedad suficiente para ser compensados cuando se tengan que marchar. También hay viviendas ocupadas (en edificios de propiedad municipal que estuvieron vacíos durante años) y locales con contratos en precario. Ningún propietario de los consultados ha querido hablar para este reportaje. En la zona también quedan asentamientos de chabolas en naves, tras el derribo hace de un poblado de barracas en la calle. Mientras, hay propietarios de las viviendas que fueron derribadas en una primera fase, en 2010, que todavía no han sido compensados y asisten atónitos a los anuncios de inversiones de las nuevas fases, al tiempo que reclaman su turno. Pocas veces un plan urbanístico reúne tantas y tan variadas situaciones, que se explican por la tardanza en actuar de los sucesivos gobiernos.
En el Ayuntamiento, la teniente de alcalde Laia Bonet es la cara visible del plan: porque es responsable del área de urbanismo y concejal de Gràcia. En marzo anunció que el consistorio iniciaba los trámites de expropiación de las fincas afectadas por la Rambla Verde, para lo que cuenta con 7,6 millones de euros. Las fincas a expropiar son cuatro en las que hay viviendas (15 familias) y negocios que se ubican entre las calles de Ballester y Agramunt, a continuación del solar donde estuvo el meublé conocido como La Casita Blanca. El consistorio defiende la aceleración de un plan “enquistado”, para “sacar Vallcarca de una situación de provisionalidad en la que está desde hace demasiado tiempo”. Sobre los asentamientos u ocupaciones de dos edificios que son de su propiedad, asegura que son infraviviendas y que “son intolerables en la Barcelona del siglo XXI”. Mientras, hace dos semanas el consistorio derribó un edificio de Mare de Déu del Coll, para levantar otro de 30 pisos sociales. Y ha notificado a los ocupantes de sus tres fincas que les desalojará el 2 de julio. Los afectados (30 personas entre las que hay 13 menores) lo ven un sinsentido, si no se interviene y se construye de forma inmediata. El Consistorio insiste en que en los tres inmuebles “hay situaciones de infravivienda con un riesgo grave para las personas” y que “legalmente las fincas no admiten ningún uso”.
El rechazo a la rambla verde y (en parte) al plan del entorno de Farigola es frontal por parte de la Asociación Som Barri, creada en los últimos años; mientras celebran que arranquen en la Asociación de Vecinos Gràcia Nord-Vallcarca, la tradicional del barrio. Para hacerse una idea, la discusión sobre el futuro del barrio se cuela a veces en los chats de padres de las escuelas de la zona.
Por parte de Som Barri, Marina Sanahuja, la arquitecta de la comisión de urbanismo de la asociación, recuerda que desde tiempos de los alcaldes Xavier Trias y Ada Colau presentaron una propuesta alternativa a la Rambla Verde. “Se llamaba eix verd y conseguía la misma cantidad de verde manteniendo en pie los edificios existentes y generar plazas o zonas de estancia en los actuales solares, además de eliminar un carril de circulación”. “Tiene más sentido quitar espacio al coche que derribar viviendas”, resume.
Aran Llivina, también de Som Barri, lamenta “la falta de diálogo” del actual gobierno y el desalojo de los asentamientos “sin alternativas”. Además, asegura que de los 204 pisos de protección 115 ya están construidos, en dos edificios para realojo de los derribos de 2002. Y vaticina que los pisos de precio libre “gentrificarán y expulsarán” vecinos de un barrio ya muy presionado por la proximidad con Gràcia y el turismo del entorno del Park Güell. Sobre la rambla, insiste en que es un proyecto “obsoleto”: “En vez de valorar las edificaciones existentes, actúan como en los años 90. Con la actual crisis de vivienda no tiene sentido derribar”.
Desde la Asociación de Vecinos Gràcia Nord Vallcarca, su presidenta, Assun Sala, admite la existencia de “dos entidades con enfoques opuestos” y niega que el plan sea “obsoleto”. Sala lamenta que se les “señale” por celebrar que avancen dos planes “para que acaben tantas situaciones provisionales, para que le barrio se decente”. “¿Quién nos quita defender algo que nos costó muchos años conseguir?”, pregunta.
Entre los afectados por los derribos que no tienen derecho a realojo porque son propietarios o inquilinos posteriores al año 2002, figura Germán, de 73 años, que entró a vivir en un piso de la avenida de Vallcarca en 2005. “Estoy superpreocupado, me han dejado claro desde el Instituto Municipal de Urbanismo y la asistente social que me tendré que marchar”, dice este hombre con vulnerabilidad reconocida. El edificio es de una señora muy mayor que lamenta haber estado décadas sin poder hacer obras, explica Germán. “Ella dice que no se pierde una casa, sino un hogar”, asegura sobre una propietaria que ve “como familia”. “El problema”, añade, “es que hay dinero presupuestado para expropiar y demoler pero no para construir”.
Entre los locales comerciales afectados está la Bodega La Riera, que gestiona una cooperativa que intenta mantener un bar de barrio, sin ofrecer “sangría ni mojitos” para turistas. Con un contrato en precario (porque la finca está afectada), les queda un año y medio de alquiler y su voluntad es “seguir con una bodega de barrio, inclusiva y cooperativa”, cuenta Josep, lamentando que la actual administración les “ahoga con multas” por incumplimientos a rajatabla de la normativa. Un poco más abajo, Marcos Rius, del taller de motos Zontes, apunta que “hasta ahora el Ayuntamiento se ha mostrado flexible y dispuesto a darles tiempo hasta finales de año”. “Llevamos tiempo buscando locales en la zona, pero no hay del tamaño necesario, o tengo que competir en precio con supermercados y no puedo”, explica. La propietaria del edificio, donde también hay viviendas, prefiere no hablar. Como los propietarios de la primera de las fincas afectadas, en el número 10. Para los afectados con derecho a expropiación, la prioridad es negociar.
Esperando compensaciones desde 2010
“Es una de las cosas más graves que han pasado en Barcelona en más de 20 años”. Con esta contundencia resume Rocío Sánchez, propietaria de los terrenos donde estaba su casa y su negocio y de los que entregaron las llaves para ser derribados en 2010. Todavía no han sido compensados ni se ha cerrado su caso. Y mientras, llevan 14 años pagando IBI y tuvieron que pagar 150.000 euros por gastos de urbanización. “Nos hemos sentido engañados, no derriban la casa, el negocio, cumplimos con nuestras obligaciones y ellos no”, exclama. Recurrieron judicialmente, pero perdieron. El caso es complejo de entender para alguien que no sea experto en urbanismo. El Ayuntamiento explica que falta inscribir las fincas en el registro, y que el consistorio se plantea comprar los terrenos a los cinco propietarios que están en la misma situación. Sánchez insiste: “Es incomprensible que las partidas habilitadas para las expropiaciones de la rambla verde no sean para resolver lo nuestro”.
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