La falta de planificación de la Generalitat Valenciana con la dana de 2024 contrastó con la previsión con la que otros organismos encararon la desgracia que dejó 230 muertos. Ante la jueza de Catarroja que investiga la catástrofe, Nuria Ruiz Tobarra, un nuevo testigo ha ratificado este miércoles esta tesis. El jefe de informativos de la televisión pública valenciana À Punt, Iván Esteve, ha reconocido ante la instructora que conoció la magnitud de la tragedia con días de antelación. “Se nos advirtió bastantes días antes”, ha señalado, según indican a EL PAÍS fuentes presentes en su declaración.
El jefe de informativos de la televisión pública À Punt relata que los espectadores llamaban a la cadena para pedir que les rescataran ante el colapso de la centralita de emergencias de la Generalitat
La falta de planificación de la Generalitat Valenciana con la dana de 2024 contrastó con la previsión con la que otros organismos encararon la desgracia que dejó 230 muertos. Ante la jueza de Catarroja que investiga la catástrofe, Nuria Ruiz Tobarra, un nuevo testigo ha ratificado este miércoles esta tesis. El jefe de informativos de la televisión pública valenciana À Punt, Iván Esteve, ha reconocido ante la instructora que conoció la magnitud de la tragedia con días de antelación. “Se nos advirtió bastantes días antes”, ha señalado, según indican a EL PAÍS fuentes presentes en su declaración.
Durante lo peor de la crisis, tras el desbordamiento del barranco del Poyo, génesis de la riada, los espectadores llamaron a À Punt para pedir ayuda, según Esteve. “La gente que no podía contactar con el 112 ―centralita de emergencias gestionada por la Generalitat― nos llamaba para que les rescataran. Algunas personas se salvaron por contactar con la radio pública”, ha reconocido. También ha explicado que se percató de la existencia de fallecidos “a partir de las nueve”, aunque no dieron por válido el dato al no tenerlo confirmado con fuentes oficiales. La investigación de la magistrada ha revelado que las primeras víctimas mortales se registraron entre las 16.45 y las 17.30.
Ante la instructora, el periodista ha recordado que interiorizó la magnitud de la riada a las 14.00, cuando desde el Ayuntamiento de Utiel (Valencia, 11.693 habitantes) le confirmaron el desbordamiento del río Magro y la existencia de un desaparecido.
La comparecencia de Esteve llega después de la declaración como testigo de la jefa de meteorología de À Punt, Victoria Roselló, que el pasado abril remarcó en el juzgado que sintió “frustración” por la tardía respuesta de la Generalitat para encarar la crisis. “Aquella dana nos cogió prevenidos gracias a Roselló. El viernes anterior, vino a hablar conmigo y acertó de lleno. Dijo donde caerían más de 500 litros”, ha apuntado.
En su intervención, el testigo ha reconocido que la predicción de Roselló “le sorprendió” y sirvió para planificar el despliegue periodístico. “Durante los días previos, reforzamos las ediciones informativas. La jornada de la inundación, la cobertura arrancó a las 6.00 de la mañana. […] Lo que más preocupaba era la comarca de La Ribera Alta [segunda área urbana más poblada de la provincia], donde desde las 7.00 había inundaciones”, ha remarcado. Tras percatarse de la magnitud de la catástrofe, los periodistas de À Punt se pusieron en contacto a las 10.00 con los responsables del 112, que, el día de la dana, recibió casi 20.000 llamadas.
Durante su intervención, Esteve se ha sorprendido de que, el día de la desgracia, el Cecopi ―el organismo que coordinó la crisis― no comunicara a los periodistas la evolución de esta reunión que, entre otras decisiones de calado, activó el ES-Alert, la alerta masiva a móviles que, según la jueza, se activó tarde y mal porque se envió a las 20.11, cuando la mayoría de los desaparecidos ya habían muerto.
El riesgo inicial que se planteó en el Cecopi ―según Esteve― fue el peligro de rotura de la presa de Forata, una infraestructura en Yátova (Valencia) cuyo desbordamiento pudo causar 4.000 víctimas, según la Generalitat. “Aunque también había riesgo en Utiel, lo principal era Forata sobre las 16.40”. Justo en ese momento, se desbordaba el barranco del Poyo, a la altura de los municipios de Cheste (9.022 habitantes) y Chiva (17.245).
La comparecencia de Esteve se suma a la de decenas de testigos ―han desfilado más de 500 ante la instructora en 17 meses― que han señalado que conocieron con antelación el riesgo de la catástrofe. Una tesis que desmonta la teoría del apagón informativo, que la Generalitat ha defendido durante un año y que sostenía que, si el Consell de Carlos Mazón no actuó antes, fue porque no le informaron organismos del Gobierno de Pedro Sánchez, como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) o la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
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