El Parlament de Cataluña ha aprobado este miércoles modificar, finalmente, la ley ferroviaria catalana para endurecer muchísimo las sanciones a los grafiteros y a todo aquel que destruya, deteriore o altere infraestructuras y trenes. La reforma, impulsada por el PSC y que ha contado con el apoyo de todo el pleno -con la excepción de Comuns y la Cup- triplica el régimen sancionador vigente elevando las multas máximas hasta los 900.000 euros.
Comuns y la CUP se quedan solas en su propósito de rebajar las sanciones para las pintadas
El Parlament de Cataluña ha aprobado este miércoles modificar, finalmente, la ley ferroviaria catalana para endurecer muchísimo las sanciones a los grafiteros y a todo aquel que destruya, deteriore o altere infraestructuras y trenes. La reforma, impulsada por el PSC y que ha contado con el apoyo de todo el pleno -con la excepción de Comuns y la Cup- triplica el régimen sancionador vigente elevando las multas máximas hasta los 900.000 euros.
Con la modificación aprobada, las infracciones leves podrán ser sancionadas con una advertencia o con multas de hasta 18.000 euros. Las graves comportarán sanciones de entre 18.001 y 90.000 euros, mientras que las muy graves podrán ser castigadas con multas de entre 90.001 y 900.000 euros. El objetivo de la reforma es reforzar la respuesta administrativa frente a conductas que afecten al servicio ferroviario, incluida la destrucción, deterioro, alteración o modificación de elementos de la infraestructura y del material rodante. La norma también se refiere expresamente a las pintadas en trenes e instalaciones que provoquen su deslucimiento y obliguen a la parada total o parcial del servicio.
Durante el debate parlamentario, el pleno ha rechazado las enmiendas presentadas por Comuns y la CUP. En cambio, sí han prosperado enmiendas transaccionales y al articulado registradas por PSC-Units y Junts.
El diputado de Comuns, Andrés García Berrio, ha criticado -durante el debate parlamentario- la cuantía de las multas: “¿Saben lo que a la gente le cuesta ahorrar 54.000 euros? Estas multas llevarán a alguien a un endeudamiento de por vida”.
Judith Toronjo de Junts ha calificado la pregunta de Berrio de “irresponsable” y ha defendido el régimen sancionador. “Si alguien no quiere que lo sancionen por pintar un tren que no lo pinte. Si quiere pintar algo que pinten su casa”, ha respondido el diputado del PP, Alberto Vilagrasa. La diputada de ERC, Ester Capella, ha advertido que es “naif” pensar que con multas se acabarán los grafitis. Capella ha acusado a Renfe y Adif de no vigilar suficientemente trenes que “duermen al aire libre”. Por su parte, Dani Cornellà de la CUP ha vaticinado: “Nadie dejará de pintar en trenes por mucho que multen”.
En 2024 cuando Rodalies no funcionaba bien (aunque faltaban varios trimestres para el gran caos ferroviario) el 3% de los trenes disponibles en Cataluña (en total hay 272) no estuvieron operativos ya que los grafitis los habían dejado sin visibilidad. Trenes que debían salir y que tuvieron que anular sus recorridos -o los prestaron con retraso- debido a que era necesario limpiarlos. De hecho, Renfe ha contabilizado que cada año invierte más de 11 millones de euros (32.000 euros diarios) en retirar los grafitis de los trenes que circulan en Cataluña. Es la mitad del gasto que realiza la compañía en la limpieza de las pintadas de toda España. Cada año se detectan 2.300 intrusiones de grafiteros (más de seis al día) en las instalaciones de la compañía ferroviaria y se necesitan 7.500 horas de trabajo para eliminar las pintadas que cubren más de 70.000 metros cuadrados de superficie en los trenes catalanes.
La aprobación de la modificación de la ley ferroviaria llega siete meses después de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, anunciara la presentación de esta proposición de ley para incrementar las multas por grafitis en trenes. “Eso de pintar los trenes se ha acabado”, afirmó entonces.
En materia de movilidad no ha sido la única norma aprobada este miércoles en el Parlament. El Govern ha logrado convalidar el decreto ley que prorroga hasta seis años las concesiones del bus interurbano en Cataluña. La iniciativa ha salido adelante con los votos de Junts, ERC y PP, mientras que Comuns, la CUP y Vox han votado en contra. Aliança Catalana se ha abstenido.
El diputado de Comuns Lluís Mijoler ha criticado duramente la medida y ha acusado al Ejecutivo catalán de aprobar, “con el apoyo de las derechas”, un decreto que, a su juicio, no apuesta por un modelo de cero emisiones. “Hemos visto un ecopostureo neoliberal de absoluto manual”, ha afirmado.
El decreto, trabajado con la patronal Fecav, prorroga las concesiones del servicio de bus interurbano para facilitar que las empresas titulares hagan inversiones destinadas a la modernización y descarbonización de las flotas. La mayoría de estas concesiones vencían en el último trimestre de 2028. Las empresas dispondrán de tres meses para presentar un plan de descarbonización de sus flotas. Además, en un plazo de ocho meses deberán tener en funcionamiento sistemas para informar en tiempo real sobre el paso de los autobuses, la ocupación de los vehículos y posibles incidencias en las líneas.
A cambio de la prórroga, las compañías invertirán un total de 762 millones de euros para ejecutar estos cambios.
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