Los grandes proyectos políticos reciben un impulso extraordinario cuando los que los acometen se mueven por razones personales. El nuevo primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, se ha comprometido a poner en juego todo su capital público, todo su prestigio acumulado, para sacar adelante la reforma de la asistencia social o ayuda a la dependencia, un servicio público que sufre una crisis cada vez más grave y sin resolver desde hace más de una década.
El primer ministro del Reino Unido quiere implantar un sistema nacional que impida la ruina financiera de muchas personas mayores
Los grandes proyectos políticos reciben un impulso extraordinario cuando los que los acometen se mueven por razones personales. El nuevo primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, se ha comprometido a poner en juego todo su capital público, todo su prestigio acumulado, para sacar adelante la reforma de la asistencia social o ayuda a la dependencia, un servicio público que sufre una crisis cada vez más grave y sin resolver desde hace más de una década.
El padre de Burnham padece un estado avanzado de la enfermedad de Alzhéimer. El pasado 20 de julio no se enteró de que su hijo, el exalcalde de Mánchester, se había convertido en el nuevo primer ministro del país. Comprobar de primera mano el elevado coste económico que supone atender a una persona dependiente es un incentivo extra para cambiar las cosas, pero es Burnham ya intentó hace más de 15 años, cuando era un joven secretario de Estado de Sanidad en el Gobierno de Gordon Brown, poner en marcha, con el consenso de todos los partidos, una reforma que pusiera en pie el nuevo sistema nacional de asistencia social.
Fracasó. Como han fracasado todos los primeros ministros sucesivos que han ensayado diferentes fórmulas. Hasta 22 intentos fallidos de solucionar el problema.
“Solo hay un grupo culpable de que hayamos llegado a esta situación, y ese es nuestra generación actual de políticos”, ha señalado Burnham este martes en la residencia de Londres para personas mayores para anunciar el objetivo más ambicioso de su recién estrenado mandato como primer ministro. “Han pasado ya 30 años desde la puesta en marcha de la comisión Sutherland [que recibió el encargo de Tony Blair de buscar una solución a los problemas del envejecimiento de la población británica], y en ese tiempo ha habido ya 22 intentos sin éxito. Es una dejación de nuestro deber público que el Parlamento haya sido incapaz de afrontar este desafío. Es algo vergonzoso”, ha denunciado el primer ministro.
Parte fundamental de que el problema se arrastre desde hace décadas es que nunca aparece en las encuestas como una de las prioridades de los votantes británicos, mucho más obsesionados con el debate de la inmigración irregular, el coste de la vida o las listas de espera en la sanidad pública. Y porque, como dicen los expertos, nadie quiere hablar de la vejez, aunque sea una fase a la que tarde o temprano todos vayan a llegar.
La asistencia social no es un servicio nacional como sí lo es la sanidad. Burnham pretende ahora crear algo similar en este sector a lo que es el NHS, el National Health Service, el Servicio Nacional de Salud que fue durante décadas la joya de la corona del estado del bienestar británico, y que ahora sufre un deterioro notable.
Son los gobiernos locales, con escasas competencias y escasamente financiados por el Gobierno central, los responsables de proporcionar ayuda a las personas mayores o a los adultos con discapacidades físicas o mentales.
Hay un límite legal a partir del cual son los propios ciudadanos los que deben pagar por la ayuda que necesiten (para darles de comer, vestirles o ayudarles a ir al cuarto de baño cada día). Todo aquel que disponga de ahorros en el banco o de un patrimonio superior a poco más de los 27.000 euros (23.250 libras esterlinas) está obligado a sufragar sus necesidades.
En muchos casos de vulnerabilidad agravada, los dependientes acaban vendido sus casas o renunciando a recibir más ayuda de la que pueden permitirse, aunque la necesiten.
Junto a eso, los continuos quiebros y giros políticos respecto a la política migratoria, después del Brexit, han agravado el problema. Ya no llegan al reino unido los trabajadores europeos cualificados del que el sector dependía. Los que vienen de otros países extracomunitarios, igual de habilidosos y necesarios, cobran unos sueldos bajos, que solo recientemente han visto un incremento gracias a las políticas del anterior Gobierno de Keir Starmer.
En el periodo 2024-25, el último del que se disponen cifras públicas, los gobiernos locales recibieron dos millones de peticiones nuevas de ayudas a la dependencia. No solo de personas mayores. El número de adultos en edad laboral que también las solicitó se incrementó en un 31% respecto al periodo anterior.
El Gobierno británico destina más de 37.000 millones de euros anuales a un sector que consume esos fondos sin eficiencia. El 90% de la asistencia social está en manos de proveedores privados saturados, que exprimen costes y limitan sus servicios. En la actualidad, hay cerca de 100.000 puestos de trabajo sin cubrir.
En años anteriores se ensayaron fórmulas como la de imponer un tope vital de gastos personales. En 2024 se jugó con la idea de que nadie pudiera gastar más de 86.000 libras (unos 100.000 euros) de sus ahorros personales en las ayudas requeridas. A partir de esa cifra, los gastos correrían a cuenta del Estado. No funcionó, al demostrarse financieramente inviable.
Ensayos con impuestos sobre la propiedad inmobiliaria para sufragar los gastos en asistencia social fueron tumbados por la oposición de los sectores más conservadores, que los bautizaron con términos peyorativos como el “impuesto de la muerte” o el “impuesto sobre la demencia”.
“Hoy la asistencia social en Inglaterra [en Escocia y Gales tienen un servicio autónomo] es tan injusta como la sanidad en Estados Unidos. Los más vulnerables acaban pagando todo y corren el riesgo de quedarse sin nada. Es un problema que arrastramos desde hace años y que, obviamente, no puede ser justo”, ha dicho Burnham.
De momento, el primer ministro ha pedido a la baronesa Louise Casey, al frente de la comisión a la que Starmer encargó una nueva revisión del problema, que acelere los plazos de su estudio, para que concluya con propuestas el año que viene, y no en 2028 como estaba previsto.
Burnham quiere además reforzar al personal del sector con mayores salarios y más formación. Pero ya ha advertido de que la reforma del sistema requerirá adoptar “decisiones difíciles”, que probablemente supongan un incremento impositivo.
El primer ministro ha tendido la mano a conservadores y liberal demócratas para buscar el consenso necesario para un cambio de tal calado. Burnham ha decidido que su legado, y la cuestión que acabará determinando el éxito o el fracaso de su era como primer ministro, sea el modo en que los británicos cuidan de sus mayores.
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