El choque entre el Tribunal Supremo y el Gobierno por la Ley de Memoria ha subido de nivel este viernes después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo apercibiera con una multa, e incluso con una denuncia penal, a los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares si no entregan en los próximos cinco días el listado con los nombres de los 163.020 afectados por la suspensión del derecho al voto de los nacionalizados por la conocida como ley de nietos. Los jueces consideran “incomprensible” que el Ejecutivo sepa la cifra exacta de españoles nacionalizados por esa vía que hay inscritos en el Censo Exterior de Residentes Ausentes (CERA), pero no pueda concretar las identidades para que la suspensión del derecho al voto se circunscriba a ellos. El Gobierno defiende que ha entregado a la Oficina del Censo Electoral los nombres de los expedientes de nacionalidades que ya están digitalizados, pero estos son solo una minoría y para hacer la lista del resto, según el Ejecutivo, hay que revisar caso a caso, lo que, difícilmente podrá completarse antes de las elecciones del 29 de noviembre.
El Gobierno alega que para conocer el nombre de los afectados por la suspensión del voto hay que revisar caso a caso
El choque entre el Tribunal Supremo y el Gobierno por la Ley de Memoria ha subido de nivel este viernes después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo apercibiera con una multa, e incluso con una denuncia penal, a los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares si no entregan en los próximos cinco días el listado con los nombres de los 163.020 afectados por la suspensión del derecho al voto de los nacionalizados por la conocida como ley de nietos. Los jueces consideran “incomprensible” que el Ejecutivo sepa la cifra exacta de españoles nacionalizados por esa vía que hay inscritos en el Censo Exterior de Residentes Ausentes (CERA), pero no pueda concretar las identidades para que la suspensión del derecho al voto se circunscriba a ellos. El Gobierno defiende que ha entregado a la Oficina del Censo Electoral los nombres de los expedientes de nacionalidades que ya están digitalizados, pero estos son solo una minoría y para hacer la lista del resto, según el Ejecutivo, hay que revisar caso a caso, lo que, difícilmente podrá completarse antes de las elecciones del 29 de noviembre.
Desde que el 8 de septiembre el Supremo suspendió el voto de los nacionalizados por la Ley de Memoria, la Abogacía del Estado ha advertido en todos sus escritos de que esa medida era casi imposible de ejecutar porque los consulados, que son los que almacenan la información sobre las nacionalidades y organizan el voto CERA, no están preparados para ello. La orden del Supremo requiere aplicar varios filtros a los expedientes de nacionalidades tramitados desde que, en octubre de 2022, entró en vigor la Ley de Memoria y el Ejecutivo asegura que no es posible hacer un expurgo automático porque no hay una base de datos que permita acceder a toda la información.
El Ejecutivo ha podido cifrar cuántos de los 2,7 millones de españoles que estaban inscritos en el censo del exterior el pasado 1 de agosto (la fecha que cuenta para las elecciones del 29-N) han conseguido la nacionalidad al amparo de los supuestos recogidos en la ley que el Supremo ha puesto bajo el foco: 163.020 personas. Pero ese dato se extrae de una tabla que solo recoge la vía por la que se ha obtenido la nacionalidad, pero no la identidad de la persona, según el Gobierno.
Fuentes de Justicia explican que el Ministerio solo puede acceder de forma inmediata a los nombres de los nacionalizados por la Ley de Memoria cuyo expediente este digitalizado, una opción que se puso en marcha a mediados de 2024 y a la que se han ido adhiriendo los consulados poco a poco. Estos son unos 76.000 casos cuyos nombres Justicia envió a la Oficina del Censo Electoral el pasado 15 de octubre, según ha asegurado este viernes el ministro Félix Bolaños. Pero esos 76.000 expedientes son los de todos los españoles nacionalizados por la Ley de Memoria, por lo que incluyen casos de menores de edad o de personas cuya inscripción en el censo no se había completado el 1 de agosto y no son afectados directos por la orden del Supremo. Estos datos constatan que la mayoría de los 163.020 expedientes de los nacionalizados a los que se les ha suspendido el voto no están digitalizados y para conocer sus identidades, según el Gobierno, hace falta revisarlos uno por uno, lo que hace muy difícil tener la relación que pide el Supremo dentro del plazo de cinco días. La Abogacía del Estado ha informado de que, por ahora, se han revisado 31.390.
De la base de datos digitalizada con la que cuenta el Ejecutivo tampoco es posible extraer, según la Abogacía del Estado, otro dato clave para cumplir con el mandato del tribunal: cuántos se han nacionalizado bajo el paraguas de la Ley de Memoria (que reconocía el derecho a la nacionalidad a los descendientes de españoles exiliados por motivos políticos, ideológicos o de orientación sexual) y cuántos lo han hecho por la instrucción dictada por el Ministerio de Justicia (que extiende la posibilidad de obtener la nacionalidad a hijos o nietos de cualquier emigrado y presupone la condición de exiliado a todos los españoles que salieron del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955), que, según el Supremo, no se ajusta a la ley.
La Sala de lo Contencioso suspendió el voto de todos, pero acordó que quienes hayan obtenido la condición de españoles al amparo de la ley podrán votar si presentan un certificado del consulado que acredite su condición de descendiente del exilio. Según los datos aportados por la Abogacía del Estado, de los más de 30.000 expedientes revisados, solo se han expedido 91 certificados por parte de los encargados de los consulados a descendientes del exilio.
La Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares ha advertido de que la cantidad de expedientes tramitados en algunas sedes hace inviable analizar caso a caso antes del 29-N. Los datos de este departamento, incorporados al procedimiento por la Abogacía del Estado, revelaban que ya era casi imposible hacerlo a tiempo del 1 de enero de 2027, cuando debía publicarse el censo para las elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán en mayo, las únicas que estaban convocadas cuando el Supremo suspendió el voto de la ley de nietos.
Según este análisis, 137 oficinas consulares han practicado al menos 500 inscripciones en el CERA. “Calculando una media de 20 minutos para analizar cada expediente se estima que, salvo circunstancias excepcionales, podrían cumplir con el requerimiento de la JEC antes de finalizar el año en curso”, señala el escrito. Hay 19 consulados que han inscrito a entre 500 y 1.500 personas, por lo que, con ese mismo cálculo de tiempo de 20 minutos por caso, estas oficinas podrían cumplir la orden del Supremo “aproximadamente” en un plazo de seis meses. “Contando con refuerzo para esta labor, el plazo podría verse reducido a la mitad, finalizando antes de finalizar el año en curso”, señaló la Dirección General de Españoles en el Exterior
Pero las 16 oficinas restantes acumulan más del 80% de las inscripciones (alrededor de 142.000). De esas 16, los Consulados Generales en La Habana, Rosario, Buenos Aires, Ciudad de México, Caracas y Mendoza afrontarían “el mayor reto” para cumplir con lo que pide el tribunal. “El trabajo de estas 16 oficinas consulares está condicionado por las difíciles circunstancias estructurales (como volumen de trabajo) y coyunturales (por ejemplo, cortes de luz, falta de combustible o efectos de desastres naturales)”, advirtió Exteriores, que, antes del adelanto electoral, todavía pensando en tener el censo listo para el 1 de enero, advirtió de que “no parece factible” que estas 16 oficinas consulares puedan finalizar el análisis de sus expedientes antes de esa fecha.
Algunos de estos consulados han podido obtener refuerzos en las últimas semanas que, según fuentes el Gobierno, han ayudado a alcanzar el objetivo mucho antes de lo previsto, pero otros apenas han avanzado. Exteriores aseguró este viernes que todos “están realizando todos los esfuerzos necesarios desde el primer auto del Tribunal Supremo para cumplir” con el mandato y que “se van a redoblar esfuerzos si aún cabe para cumplir con este nuevo auto”.
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