La brecha abierta en las relaciones entre el Gobierno de Asturias y el Ministerio de Transportes se hace cada vez más profunda a costa de la diferencia de opiniones sobre la gestión de la empresa concesionaria Aucalsa en la autopista asturleonesa AP-66, conocida como autopista del Huerna. A la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre la ilegalidad de la prórroga de la concesión hasta 2050 aprobada en 2001 por el entonces ministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos, el Gobierno de Asturias mantiene abiertos varios frentes para al menos paliar el coste que supone salir del Principado por la AP-66 (16,20 euros).
El Ministerio de Óscar Puente quiere personarse en el expediente autonómico y acusa al Principado de saltarse las normas
La brecha abierta en las relaciones entre el Gobierno de Asturias y el Ministerio de Transportes se hace cada vez más profunda a costa de la diferencia de opiniones sobre la gestión de la empresa concesionaria Aucalsa en la autopista asturleonesa AP-66, conocida como autopista del Huerna. A la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre la ilegalidad de la prórroga de la concesión hasta 2050 aprobada en 2001 por el entonces ministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos, el Gobierno de Asturias mantiene abiertos varios frentes para al menos paliar el coste que supone salir del Principado por la AP-66 (16,20 euros).
El último fue aprobado por el Consejo de Gobierno de Asturias y se concreta en la apertura de un expediente por parte de la Dirección General de Consumo en el que se plantea una sanción de 1,1 millones a la empresa concesionaria. El Principado considera que la empresa no informó adecuadamente a los usuarios sobre las afecciones y que el cobro íntegro del peaje durante las obras supone una práctica abusiva, lo que ha motivado la propuesta de sanción. En estos momentos, los dos grandes frentes de obras están en el desprendimiento de una ladera ocurrido en noviembre de 2024 (las obras tendrían que haber acabado este mes), cuyos trabajos ejecuta AUCALSA, y la reforma de los túneles, que corresponde al Ministerio.
Con la amenaza de sanción, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha movido ficha y, para sorpresa del Gobierno asturiano, se ha personado como parte interesada al considerar que el procedimiento abierto por el Principado “ignora la normativa específica de autopistas de peaje, que permite restricciones por motivos de seguridad o reparaciones urgentes, como ocurre en este caso”.
Desde el ministerio argumentan que el Ejecutivo regional no ha tenido en cuenta “circunstancias relevantes, como la amplia información ofrecida a los usuarios mediante paneles de tráfico, comunicaciones institucionales y la web de la Dirección General de Tráfico”. Además, señalan que las retenciones significativas han sido puntuales y recuerdan que los peajes cuentan con bonificaciones de hasta el 60%, financiadas por el Ministerio, “que han supuesto ahorros superiores a 132 millones de euros para los usuarios”.
También se alude al Real Decreto 439/2023 que establece que el departamento que dirige Óscar Puente “asume la responsabilidad por las reclamaciones derivadas de estas obras y que su ejecución es obligatoria para cumplir con exigencias normativas europeas”. Por todo ello, el ministerio ha solicitado personarse como interesado en el procedimiento “para defender directamente los intereses de la Administración concedente y participar con plenos derechos en la tramitación del expediente”.
Es decir, el Ministerio teme que, al ser el titular de la vía, tenga que pagar parte de la sanción y por ese motivo rechaza los argumentos del Principado y quiere estar en el procedimiento.
Sorpresa regional
La decisión del Ministerio ha sido recibida en el Gobierno con opiniones encontradas. Mientras que el viceconsejero de Infraestructuras, el socialista Jorge García, la calificó de normal. “Es un procedimiento normal que quien es el titular de la vía y está ejecutando obras pida personarse, porque en ese procedimiento de infracción podría tener responsabilidades”, ha dicho la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, de Izquierda Unida (IU) ―socio minoritario en el Ejecutivo―, que aseguró que en su departamento estaban “sorprendidos” por la petición de personación.
En todo caso, la normalidad de la que habla el viceconsejero no es óbice para que el Gobierno asturiano siga reclamando al departamento de Óscar Puente. “El Ministerio es plenamente conocedor de la situación en la que está Huerna. Ejecuta una serie de obras de diferente naturaleza y, desde hace varios meses, el Gobierno de Asturias ha realizado reclamaciones por escrito y de manera oficial. El Ministerio es consciente de cómo está la autopista. Pedimos que tome las riendas de esa concesión y así lo hemos reclamado”, añadió.
El Ejecutivo del Principado reclama al Ministerio que bonifique el 100% del peaje mientras duren las obras, “ya que más de la mitad del trazado no cumple las condiciones. Hay una serie de cuestiones que hemos acreditado incluso antes de que desde Consumo se pusiese en marcha este expediente sancionador contra la concesionaria, que es quien cobra el peaje”.
La decisión ministerial ha provocado una cascada de reacciones políticas, sociales y del sector del transporte. “Lo que hemos conocido es que el Gobierno de Sánchez ha pedido personarse para defender a la concesionaria, no a los asturianos”, destacó Pedro de Rueda, diputado del PP. “Este no es solo un asunto de despacho o burocrático; es, por encima de todo, un problema claramente político”, destacó Delia Campomanes, de IU.
“Los asturianos y asturianas llevamos años sufriendo un agravio con el precio del Huerna y más aún con la dificultad debido a las obras”; “Resulta inexplicable que el Ministerio de Transportes decida personarse en un expediente sancionador contra Aucalsa mientras guarda silencio cuando los asturianos tenemos que soportar obras, cortes, retenciones y limitaciones de velocidad en la autopista y seguimos pagando íntegramente uno de los peajes más caros de España”, añaden los diputados del Grupo Mixto Covadonga Tomé (ex Podemos) y Adrián Pumares (Foro Asturias).
Los transportistas asturianos también muestran su indignación. Ovidio de la Roza, presidente de Asetra, opina que la decisión de Transportes es “una tomadura de pelo, un episodio más de los que tenemos cada cierto tiempo y lo que sufrimos todos los asturianos es algo escandaloso”.
Resolución judicial
La tenacidad del Gobierno de Asturias y la cerrazón del Ministerio abocan a una resolución judicial. La vía europea sigue siendo, probablemente, la más relevante y la que ha impulsado buena parte del resto de las iniciativas. El procedimiento abierto por la Comisión Europea contra España nació a raíz de una denuncia impulsada por el exdiputado de Podemos Daniel Ripa y acabó derivando en un dictamen que cuestiona la legalidad de la ampliación aprobada en el año 2000.
De forma paralela, el Ejecutivo de Adrián Barbón ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo después de que el Ministerio de Transportes rechazase revisar de oficio la prórroga de la concesión. La estrategia del Principado ha sido seguida además por el tejido empresarial asturiano. La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y las principales patronales del transporte llevarán el asunto ante el Supremo mediante un recurso contencioso-administrativo.
La Unión de Consumidores de Asturias ha presentado también una denuncia ante la Fiscalía en la que acusa a la concesionaria de un posible “delito de estafa continuada” al entender que los usuarios pagan el precio completo por una infraestructura afectada por obras, además de cuestionar la propia legalidad de la prórroga y las subidas de las tarifas aplicadas este año.
Pero la ofensiva no se queda aquí. La Plataforma Ciudadana Peaje Huerna ¡No! ha presentado también denuncias ante la Fiscalía General del Estado y las fiscalías de Asturias y León para reclamar actuaciones sobre el cobro del peaje durante las obras. También ha llevado ante el Consejo de Transparencia el supuesto ocultamiento de documentación relacionada con la concesión. Y, en paralelo, ha impulsado una nueva petición de revisión de oficio de la prórroga que podría acabar también en el Tribunal Supremo.
Con todos estos procedimientos en marcha, lo que durante años fue una reclamación política y social se ha transformado ahora en una compleja batalla judicial y administrativa que se libra de forma simultánea en Asturias, Madrid y Bruselas.
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