El Ayuntamiento de Barcelona ha suspendido de empleo y sueldo por 24 días a un agente de la Guardia Urbana que se negó a hablar en catalán a una ciudadana que se lo pedía, a la que acabó diciendo: “Es muy de fascistas obligar a la gente a hablar en lo que no quiere”. La sanción llega tras presentar la mujer, que grabó toda la conversación, una denuncia por discriminación lingüística ante la entidad Plataforma per la Llengua. Los agentes están obligados a “iniciar las conversaciones en catalán y respetar la lengua en la que la ciudadanía les pida ser atendidos”, asegura la asociación. En el vídeo se escucha a la mujer pidiendo al agente que le hable en catalán, le dice que está grabando y que le paga el sueldo. Y él responde: “Hablamos como queremos, como usted habla como quiere y nadie le dice como tiene que hablar, quiere obligarme usted en un ejercicio de totalitarismo”, remata.
“Es muy de fascistas obligar a la gente a hablar en lo que no quiere”, dijo el agente a la mujer
El Ayuntamiento de Barcelona ha suspendido de empleo y sueldo por 24 días a un agente de la Guardia Urbana que se negó a hablar en catalán a una ciudadana que se lo pedía, a la que acabó diciendo: “Es muy de fascistas obligar a la gente a hablar en lo que no quiere”. La sanción llega tras presentar la mujer, que grabó toda la conversación, una denuncia por discriminación lingüística ante la entidad Plataforma per la Llengua. Los agentes están obligados a “iniciar las conversaciones en catalán y respetar la lengua en la que la ciudadanía les pida ser atendidos”, asegura la asociación. En el vídeo se escucha a la mujer pidiendo al agente que le hable en catalán, le dice que está grabando y que le paga el sueldo. Y él responde: “Hablamos como queremos, como usted habla como quiere y nadie le dice como tiene que hablar, quiere obligarme usted en un ejercicio de totalitarismo”, remata.
La sanción, precisa el Ayuntamiento, no es por discriminación lingüística sino por “un trato inadecuado” y “negligencia grave en el cumplimiento de sus funciones”. “La Jefatura de la Guardia Urbana ha recordado recientemente a sus agentes que, con carácter general, la primera interacción verbal con la ciudadanía debe realizarse en catalán, de acuerdo con los criterios municipales de proximidad y calidad del servicio público”, precisan fuentes municipales.
En el caso ha sido clave la existencia del vídeo, grabado en verano pasado, en julio, cuando una patrulla intervino con una ciudadana que había accedido a una zona con el paso restringido. Ella pidió ser atendida en catalán “y en el transcurso de la intervención se produjeron actitudes y expresiones consideradas incompatibles con los estándares de respeto, corrección y profesionalidad exigibles a los miembros de la Guardia Urbana”, afirman fuentes municipales. Y precisan que la investigación la hizo la Unidad de Deontología y Asuntos Internos. La resolución no es firme y puede ser recurrida.
Plataforma per la Llengua “valora la resolución” y entiende que “supone el reconocimiento institucional de una vulneración de los derechos lingüísticos de la ciudadana”. Para la entidad, más allá de la sanción, “lo más importante es el reconocimiento de estos hechos, en un contexto en el que la mayoría de las denuncias por discriminaciones en el ámbito policial se archivan”. “Esta resolución demuestra que las discriminaciones lingüísticas por parte de los cuerpos policiales no son una percepción subjetiva ni una cuestión menor. Cuando una ciudadana reclama ejercer su derecho a ser atendida en catalán por un servidor público, la administración tiene la obligación de garantizarlo. El caso de esta ciudadana pone de manifiesto que denunciar sirve, y que documentar estas vulneraciones es clave para combatirlas”, ha defendido el presidente de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder.
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