Claves de la amnistía | ¿Cuándo puede volver Puigdemont? ¿Junqueras podrá presentarse a unas elecciones?

El aval del Tribunal Constitucional a amnistiar la malversación de los líderes del procés supone el principio del fin de la resistencia del Tribunal Supremo a aplicar la medida de gracia por ese delito. La Sala Penal y el instructor del caso, Pablo Llarena, se preparan ya para firmar la amnistía de los cuatro exdirigentes independentistas condenados por malversación (el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Turull) y de los tres procesados en rebeldía por ese delito (el expresidente Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig), cuyas órdenes de detención se dejarán sin efecto de forma inminente, lo que permitirá su regreso a España sin riesgo a ser detenidos.

Con ese paso definitivo, el Supremo dará carpetazo a una causa abierta hace nueve años y que ha vivido todo tipo de vicisitudes, desde fugas a euroórdenes rechazadas, un juicio retransmitido en directo que acabó con condenas de hasta 13 años de cárcel, reformas penales para derogar el principal delito que se les atribuía (sedición), indultos y, finalmente, una amnistía que el Supremo ha esquivado hasta este martes. Fuentes del tribunal señalan que la intención de la Sala Penal y del instructor del procés es aplicar la medida de gracia en cuanto se le notifique la sentencia del Constitucional sobre el recurso de amparo que presentó Dolors Bassa contra la decisión de no concederle la medida de gracia por el delito de malversación.

Estas fuentes afirman que la recepción de esa sentencia (o su publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo que ocurra antes) será el trámite definitivo que llevará a Llarena a levantar la orden de detención que mantiene activada sobre Puigdemont y los dos exconsejeros que huyeron con él a Bélgica. El propio magistrado avanzó esa posibilidad en la resolución por la que, hace unos días, rechazó la petición del expresidente catalán de que aplicara ya la amnistía y dejara sin efecto la orden de arresto a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que, en julio pasado, descartó que la medida de gracia vulnere el derecho comunitario.

Aunque en ese escrito Llarena no explicitó que las opciones del expresidente catalán de volver a España sin riesgo a ser detenido dependen del aval del Constitucional a los líderes del procés, sí apuntó a ello: la decisión de no levantar la orden de detención tras la sentencia del TJUE, recalcó, no implica que esa medida cautelar que pesa sobre Puigdemont sea “irrevisable”, “ni convierte la falta de amnistía en una justificación suficiente de cualquier restricción cautelar”, una afirmación con la que el instructor sugiere la posibilidad de que el perdón a Puigdemont llegue en dos actos: primero el levantamiento de la orden de detención, lo que permitiría ya la vuelta del expresident; y después, la aplicación de la amnistía para borrar el delito de malversación.

El calendario del Supremo va a depender de cuándo se notifique la sentencia aprobada este martes por el Constitucional. La resolución que obliga al alto tribunal a aplicar la medida de gracia no puede enviarse al Supremo ni al Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta que estén firmados los votos particulares anunciados por los magistrados conservadores para exponer sus argumentos contrarios a la amnistía, pero fuentes del Constitucional han señalado que esos votos van a estar listos de forma inmediata o en cuestión de horas. Y una vez que lo estén, se mandarán al Supremo, junto con la sentencia sobre la amnistía a Dolors Bassa, de forma inmediata.

Además de dejar sin efecto la orden de detención, Llarena tiene que dictar también la revocación del procesamiento de Puigdemont, Comín y Puig y declarar el cierre de la causa. En el caso de Junqueras, Romeva, Turull y Bassa, es la Sala Penal quien tiene que dictar el cierre del procedimiento, pero es a Llarena a quien le corresponde archivar la ejecutoria que los inhabilita hasta los años 2030 (Romeva y Turull) y 2031 (PUigdemont y Bassa) por el delito de malversación del que fueron condenados, lo que permitirá que todos ellos se puedan presentar a unas elecciones o aspirar a cargos públicos.