El Gobierno de España ha cifrado en 9.600 millones de euros la cantidad total ejecutada tras la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 víctimas mortales, de los que 8.000 millones son ayudas a fondo perdido. Sin embargo, la Generalitat Valenciana, aunque ha rechazado “entrar en polémicas”, ha acusado al Ejecutivo central de “decir verdades a medida” y de “vender como ayudas algo que pagamos todos con nuestro bolsillo”. Así lo han puesto de manifiesto ambas administraciones tras la reunión de la Comisión Mixta para la reconstrucción y recuperación tras los daños provocados en la Comunitat Valenciana por la dana.
Pérez Llorca avanza que la ayuda de 80.000 euros a familias de víctimas mortales empezará a pagarse ya el mes que viene
El Gobierno de España ha cifrado en 9.600 millones de euros la cantidad total ejecutada tras la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 víctimas mortales, de los que 8.000 millones son ayudas a fondo perdido. Sin embargo, la Generalitat Valenciana, aunque ha rechazado “entrar en polémicas”, ha acusado al Ejecutivo central de “decir verdades a medida” y de “vender como ayudas algo que pagamos todos con nuestro bolsillo”. Así lo han puesto de manifiesto ambas administraciones tras la reunión de la Comisión Mixta para la reconstrucción y recuperación tras los daños provocados en la Comunitat Valenciana por la dana.
El encuentro, que se ha celebrado este viernes en el centro de ocio de Algemesí (Valencia), ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de los fallecidos por los terremotos en Venezuela y ha estado presidido por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
Al finalizar la misma, en rueda de prensa, Torres ha informado de que, a fecha 26 de junio, el Gobierno de España ha ejecutado 9.600 millones de euros en ayudas directas y a empresas, inversión pública o para desplegar el escudo social. “Eso equivale al 12% del PIB de la provincia de Valencia”, ha resaltado.
El ministro ha destacado que de los 1.745 millones de euros ya entregados a los ayuntamientos para la reconstrucción de infraestructuras locales se han recibido memorias para proyectos de reconstrucción por valor de 1.300 millones, de los que se han validado obras por un coste de 1.100 millones.
Entre las principales actuaciones del Gobierno, ha apuntado, destaca el trabajo del Consorcio de Compensación de Seguros, que ha abonado 4.500 millones de euros, gestionando ya el 99,5% de las solicitudes, con un volumen de pagos 11 veces por encima al registrado en anteriores grandes catástrofes naturales.
Respecto a los ERTE para preservar el empleo, ha señalado que antes de la dana –en octubre de 2024– la provincia de Valencia registraba 152.947 personas desempleadas, en octubre de 2025 eran 142.987 y ahora, según las cifras reportadas en mayo de 2026, el número ha seguido bajando hasta 138.063.
Torres ha incidido en que el Ejecutivo central ha asumido “por primera vez” el coste total de la reconstrucción de las infraestructuras municipales y ha impulsado otras medidas “inéditas” como el anticipo de la totalidad de ayudas para la reconstrucción de infraestructuras municipales y la ampliación de plazos. A ello se añade que, de cara al futuro, se ha permitido la reubicación y las mejoras técnicas necesarias para aumentar la resiliencia de cara al cambio climático y sus consecuencias.
Asimismo, se han otorgado anticipos de las ayudas para vivienda y enseres, se han abonado muchas de las ayudas, como las directas para empresas y autónomos, y se ha desplegado un montante específico para la reconstrucción, a través de los fondos europeos Edil DANA.
El presidente valenciano ha defendido que la Generalitat Valenciana “ha cumplido en todo aquello que se comprometió” y ha reivindicado que ha destinado más de 3.100 millones de euros, de los cuales 1.800 millones son de ayudas, así como que casi la totalidad de las obras ya están ejecutadas. Además, ha anunciado de que los expedientes de la ayuda de 80.000 euros a familiares de víctimas mortales “ya han sido resueltos”, por lo que estas empezarán a pagarse el próximo mes.
Respecto a las peticiones, el jefe del Consell ha transmitido al Gobierno de España la necesidad de incluir a todos los municipios damnificados por la dana –hasta un total de 103–, de revisar los precios de obra pública para compensar las subidas de los costes y de modificar la normativa para facilitar que los ayuntamientos puedan licitar obras “con más celeridad”.
También ha exigido la devolución a la Generalitat de los 82 millones de euros que abonó en concepto de IVA tras formalizar los contratos de emergencia y la exoneración del pago de intereses por devolución de las subvenciones estatales y europeas.
Además, después de que la Comisión Europea haya desbloqueado una partida de 846 millones de euros del Fondo de Solidaridad europeo para ayudar a la reconstrucción tras la dana, Llorca ha pedido que sea la comisión mixta la que “evalúe y gestione” el reparto de ese dinero, para que no lo haga “solo” el Gobierno de España. Y sobre los 1.250 millones de los Next Generation, ha reclamado saber “qué se ha hecho con ese dinero o qué dinero le podría corresponder a la Generalitat”.
Paralelamente, el jefe del Consell ha aludido a la petición de los alcaldes de los municipios afectados para que se active la mesa de trabajo sobre l’Albufera y la demanda para que se ponga en marcha otra referente a la agricultura. Se ha referido a la necesidad de solucionar aspectos como los campos que han quedado “inservibles” y aquellos que se encuentran ahora dentro del dominio público hidráulico a causa de la ampliación de los cauces de barrancos y ríos, lo que ha provocado que estas parcelas agrarias “ya no se pueden cultivar y tampoco se indemnizan a los agricultores”.
Al margen de ello, ha hecho hincapié en que la citada comisión se pusiera en marcha “con más de un año de retraso” y ha lamentado que, tras ver su funcionamiento, “hubiésemos conseguido mayores objetivos si los primeros meses se hubiese constituido”. También se ha referido al “retraso” en la ejecución de las obras de los ayuntamientos: “Sí tienen el dinero transferido por parte del Gobierno de España, pero no han podido ejecutarlo porque no han podido tramitar contratos por emergencia y no ha habido un cambio normativo”.
En el ámbito de las actuaciones hídricas, ha lamentado que las de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) “aún no han empezado” y ha instado a la entidad a acelerar las obras de defensa hídrica “que van a dotar de mayor seguridad a los municipios”.
De su lado, la Diputació de València ha avanzado que impulsará un estudio para localizar los puntos hidrológicos negros de la provincia, para lo que en las próximas semanas se reunirá con el rector de la Universitat Politècnica de València (UPV) para trabajar en este sentido. El objetivo será detectar las zonas más peligrosas en caso de riadas y proyectar las soluciones para mitigar su impacto». Este estudio se pondrá al servicio de las administraciones competentes.
Respecto a la incorporación de la ministra Diana Morant a la comisión mixta, previamente, el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha señalado durante la rueda de prensa posterior al pleno que le parece “más razonable que (Morant) esté en una comisión mixta de trabajo que no justificando comportamientos absolutamente denunciables”. Y ha reprochado que las “últimas declaraciones” que ha conocido de la ministra han consistido en “la justificación de las joyas de Rodríguez Zapatero y de actuaciones de ese estilo”.
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