El Gobierno confía en que el PP y Junts permitan sacar adelante las reformas en dependencia y discapacidad

En otro final de curso político aciago para el Gobierno, marcado por una agenda judicial que mantiene al legislativo en bloqueo, el Ejecutivo confía, sin embargo, en sacar adelante uno de los hitos de este mandato: la reforma de las leyes de la dependencia y de discapacidad. La Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso prevé dar luz verde este jueves al dictamen sobre este proyecto, el paso previo antes de ir al pleno extraordinario que la Cámara baja ha convocado el próximo martes. Buscando sumar apoyos, el Ejecutivo hará coincidir esta votación con la convalidación del decreto que aporta una inyección de 6.200 millones adicionales al sistema de la dependencia. Como siempre, todo depende de lo que hagan PP (cuyos gobiernos autonómicos son los beneficiados de este reparto) y Junts que, de momento y como casi siempre, no desvelan su posición.

Fuentes del ministerio que dirige Pablo Bustinduy subrayan que llevan meses en un trabajo de “diálogo técnico” con todos los grupos. El texto, aseguran, incorpora hasta 78 enmiendas transaccionales que recogen aportaciones de la mayoría. Y destacan, sobre todo, el que se ponga la financiación “por delante”, con el decreto para el sistema de cuidados y dependencia. “El PP esgrimía que, sin recursos adicionales, no servía de nada la ley, que era papel mojado. Ahora dicen que es insuficiente porque hay una deuda histórica que en todo caso vendría de los años de gobierno de Mariano Rajoy”, aseguran las mismas fuentes. “Va a ser muy difícil que mantengan esa línea argumental”, concluyen, porque “no hay discrepancia en el fondo”.

Con todo, el departamento se muestra prudente. “No hay nada asegurado en esta legislatura, pero las condiciones en las que se va a votar son las mejores”. El ministerio afirma que en ningún caso ha buscado vincular este asunto con las conversaciones para el decreto de vivienda, que debe aprobar el Gobierno en Consejo de Ministros antes del parón de agosto. “La experiencia demuestra que cruzar distintas negociaciones no es positivo. En la política social hemos intentado generar un carril propio diferenciado de la lógica de la legislatura. Pero se impone la prudencia y la cautela”, aseguran, aunque sin dejar a un lado la presión, que también han hecho desde los colectivos de personas con discapacidad y el sector asociativo en dependencia. “No se entendería el coste político de oponerse a algo así. Confío en que, conforme se vaya despejando el escenario [primero el voto en comisión], sepan leer la situación. El 90% de la población española dice que quiere envejecer en su casa, en su barrio, y esta es una ley que apunta hacia allá”, inciden.

La ley de dependencia fue aprobada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y cumple ahora 20 años en vigor. Fuentes del departamento de Derechos Sociales señalan que estas dos reformas representan la “refundación del sistema de cuidados en España”, un “elemento principal” que, aseguran, “determinará” cada vez más “el futuro de la realidad social” en nuestro país. Unas 1,7 millones de personas cuentan con una prestación efectiva en la actualidad, según el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). Está por cumplirse un año desde que el proyecto de reforma de estas leyes se aprobó en el Consejo de Ministros; si se aprueba en el Parlamento, las autonomías luego deberán reformar su propia legislación.

Entre otros puntos, la reforma busca eliminar burocracia del sistema y reducir las listas de espera, al reconocer automáticamente una discapacidad del 33% a quienes tengan un grado I de dependencia y una discapacidad del 65% a los grados II y III. Además, suprime la incompatibilidad entre prestaciones que el Gobierno de Rajoy introdujo en 2012 entre los recortes y también deja asentado que se puede trabajar y al mismo tiempo recibir la prestación. Las modificaciones proponen una mejora en los servicios y extender el modelo de cuidados de proximidad, en el hogar o en entornos comunitarios, para que las personas que los reciben puedan ser autónomas el mayor tiempo posible y mantener su proyecto de vida. Por ejemplo, extiende el servicio de ayuda a domicilio más allá de necesidades de cuidado personal, para que la cuidadora pueda acompañar al beneficiario a hacer la compra o al médico. También se amplía la figura de persona cuidadora más allá de la familia.

La inversión que se votará el mismo día tiene como fin agilizar los procesos y aumentar la calidad de las prestaciones, pero también mejorar las condiciones laborales del sector, con una situación precaria y gran demanda de profesionales ―el Ministerio calcula que para 2030 necesitará unos 260.000 trabajadores más―. De aprobarse el real decreto ley, todas las comunidades autónomas verán prácticamente doblado el dinero que reciben, acorde a la cantidad de beneficiarios.