La Asamblea francesa aprobó el martes una polémica ley que garantiza la presunción de legítima defensa para los policías y gendarmes que disparen con su arma reglamentaria. La medida estima que, al abrir fuego, se presupone que los agentes han actuado conforme a la ley, salvo que haya pruebas que demuestren lo contrario. En Francia, las fuerzas del orden están muy cuestionadas por sus métodos a la hora de reprimir manifestaciones y disturbios, así como por el creciente aumento de la violencia policial.
La medida, que aún debe pasar por el Senado, sale adelante con votos de los partidos aliados del Gobierno y de la extrema derecha, y pese a los intentos de bloqueo de la izquierda
La Asamblea francesa aprobó el martes una polémica ley que garantiza la presunción de legítima defensa para los policías y gendarmes que disparen con su arma reglamentaria. La medida estima que, al abrir fuego, se presupone que los agentes han actuado conforme a la ley, salvo que haya pruebas que demuestren lo contrario. En Francia, las fuerzas del orden están muy cuestionadas por sus métodos a la hora de reprimir manifestaciones y disturbios, así como por el creciente aumento de la violencia policial.
La proposición de ley, impulsada por un diputado del partido conservador de Los Republicanos, fue aprobada con 313 votos a favor frente a 199 en contra gracias al apoyo del Gobierno y de sus partidos aliados, así como de los diputados del partido de extrema derecha Reagrupamiento Nacional (RN). Los propulsores de la ley sostienen que los agentes “están expuestos cada día a una violencia inaudita”. También que hay que garantizar que “no sean considerados sistemáticamente como sospechosos” cada vez que usan su arma.
La medida cuenta con un único artículo, que especifica cuáles son los casos en los que los agentes pueden disparar: si hay una amenaza a la vida o a la integridad física contra ellos o contra terceros o cuando un sospechoso se niegue a acatar órdenes, por ejemplo, durante una persecución a un vehículo en la que, durante su huida, los ocupantes pueden poner en riesgo su vida o la de otros.
En todos estos casos, los agentes pueden abrir fuego y se entiende que lo han hecho conforme a las normas. Si hay pruebas de lo contrario, se anula esta presunción de legítima defensa, pero serán las familias de las víctimas o la fiscalía las encargadas de demostrar que la intervención policial no cumplía con los requisitos.
La sesión parlamentaria del martes fue muy tensa, con la presencia de algunos colectivos de víctimas de violencia policial que interrumpieron la sesión y también de las asociaciones de derechos humanos, que creen que esta medida facilita la impunidad policial. Los partidos del bloque de izquierda, que denuncian un “permiso para matar”, presentaron varias enmiendas para impedir el voto a favor, sin éxito.
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, favorable a esta ley, defiende que “protege a los agentes del orden”. Sin embargo, ha recordado que no implica que tengan una inmunidad total: “En cuanto las circunstancias [de esa presunción] no se cumplan, cualquier fiscal podrá anular esa presunción”.
Amnistía Internacional denunció que esta ley “invierte la carga a la hora de presentar las pruebas, pues ya no será el Estado, sino las víctimas o sus familias las que tengan que justificarse”. La Liga de Derechos Humanos recordó también que “un agente que haya usado su arma ya no podrá ser puesto bajo custodia policial, lo que dificultará la obtención de su testimonio y la recopilación de pruebas”.
La ley, que aún debe pasar por el Senado para su validación, se produce en un contexto de aumento de la violencia policial. Según Amnistía, desde 2017 (año de llegada al poder del presidente Emmanuel Macron), los tiros mortales contra vehículos se han multiplicado por cinco. En 2024, murieron 66 personas durante intervenciones policiales, de las cuales 27 fueron por tiros de agentes, según datos de la propia inspección de la policía nacional (IGPN), que se encarga de investigar las infracciones.
Uno de los casos más mediáticos de violencia policial fue el de Nahel Merzouk, el joven de 17 años muerto por un disparo de un policía en Nanterre, a las afueras de París, en el verano de 2023. El agente abrió fuego sobre el joven, que conducía un vehículo y se negó a parar el coche. Algunos testigos grabaron el vídeo del momento del disparo y la muerte del joven desató una ola de violentos disturbios en toda Francia que tardó en reprimirse varios días. El policía fue investigado y juzgado. Tras varios procesos y recursos, el Tribunal Supremo francés consideró que el agente sabía “que había un riesgo letal” cuando abrió fuego y que existe un delito de homicidio. El tribunal de Versalles tiene aún que pronunciarse sobre el caso, tres años después.
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