El Congreso se fue de vacaciones este jueves con un maratoniano pleno cuya conclusión se presta a la ambivalencia del vaso medio lleno o medio vacío. Tras un periodo de sesiones en la cuerda floja por la creciente hostilidad de una mayoría de la Cámara, el Gobierno pudo completar un balance vistoso: se aprobaron tres leyes, dos decretos leyes —uno de ellos, el que prolonga las ayudas y rebajas fiscales para paliar los efectos del conflicto bélico en Oriente Próximo— y una reforma del Reglamento de la Cámara. También logró que el proyecto para la quita de la deuda autonómica salvase el primer trámite del pleno, al rechazar Junts las enmiendas del PP y de Vox que pretendían devolver el texto al Ejecutivo. Pero al mismo tiempo el Gobierno de coalición constató que sigue pareciendo misión imposible aprobar los primeros Presupuestos de la legislatura cuando esta entra ya en su recta final.
El curso parlamentario se cierra con la aprobación de tres leyes, dos decretos y una reforma del Reglamento
El Congreso se fue de vacaciones este jueves con un maratoniano pleno cuya conclusión se presta a la ambivalencia del vaso medio lleno o medio vacío. Tras un periodo de sesiones en la cuerda floja por la creciente hostilidad de una mayoría de la Cámara, el Gobierno pudo completar un balance vistoso: se aprobaron tres leyes, dos decretos leyes —uno de ellos, el que prolonga las ayudas y rebajas fiscales para paliar los efectos del conflicto bélico en Oriente Próximo— y una reforma del Reglamento de la Cámara. También logró el Ejecutivo que el proyecto para la quita de la deuda autonómica salvase el primer trámite del pleno, al rechazar Junts las enmiendas del PP y de Vox que pretendían devolver el texto al Ejecutivo. Pero al mismo tiempo el Ejecutivo constató que sigue pareciendo misión imposible aprobar los primeros Presupuestos de la legislatura cuando esta entra ya en su recta final.
La Cámara rechazó por segunda vez —y esta de forma definitiva— la llamada senda de estabilidad, los objetivos fiscales fijados por el Gobierno como paso previo a la elaboración de las cuentas públicas. Esa fue la mala noticia para el Gabinete de Pedro Sánchez. La otra es que el ambiente preelectoral se va apoderando poco a poco del hemiciclo. Lo que implica que los discursos se afanen en marcar distancias antes que buscar coincidencias y deriven a menudo en soflamas políticas más allá del asunto concreto a debate. Ahí entran desde las tormentas de descalificaciones del PP y Vox, con los escándalos como eterno reclamo argumental, hasta las denuncias de Junts de que el Gobierno de Sánchez, pese a sus pactos con el independentismo, practica una “política colonial” con Cataluña.
La portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, se sinceró hace unos días en la sala de prensa del Congreso para enfatizar que su partido jamás apoyará nada salido de La Moncloa durante este mandato: “Si nos traen una moción que diga ‘viva España’, votaremos en contra”. Con otras palabras, su compañera María Ruiz Solás lo ratificó este jueves ante el pleno: “Echar a este Gobierno es cuestión de vida o muerte literalmente. Y todos los demás objetivos deben estar supeditados a ese”.
El PP no llega tan lejos. Pero, aun en las escasas ocasiones en que consiente ciertas medidas del Ejecutivo, lo hace cubriéndolo antes de denuestos. Los populares no están dispuestos a dar un gramo de oxígeno a Sánchez, ni siquiera ante medidas que podrían beneficiar a las 12 comunidades autónomas que gobiernan. Los fallidos objetivos fiscales del Gobierno, algo más relajados que los actuales, hubiesen facilitado a las administraciones autonómicas 5.800 millones de euros más en tres años. Los populares los rechazaron, así como la quita de hasta el 50% de la deuda de las comunidades, que liberaría al conjunto de las 17 de una carga superior a 80.000 millones y les permitiría volver a financiarse libremente en los mercados.
La quita seguirá por ahora adelante. Es parte de los acuerdos entre el PSOE y ERC con el horizonte de elaborar un sistema de financiación autonómica más favorable para Cataluña. “Es el kilómetro cero del nuevo sistema de financiación”, ilustró el ministro de Hacienda, Arcadi España. En la pugna por el voto independentista, Junts no está dispuesto a regalar nada susceptible de ser interpretado como un triunfo de sus antiguos socios y ahora acérrimos adversarios de Esquerra. Pero impedir que el pleno diese luz verde al proyecto de ley colocaba a los siete diputados de Carles Puigdemont ante una tesitura peor: apoyar las enmiendas de devolución del PP y Vox. Las desestimó, tras advertir su portavoz económico, Josep Maria Cruset, que durante la tramitación de la ley su grupo exigirá la condonación de la totalidad de la deuda. De modo que, con la colaboración indirecta de Junts, la iniciativa superó el primer obstáculo, aunque su futuro se adivina incierto.
Los dos partidos de la derecha coincidían en descalificar el proyecto por su origen -el pacto bilateral con ERC-, así como por considerar que no trata igual a todas las comunidades y que premia a los que se han mostrado menos responsables en la gestión de las cuentas públicas. Arcadi España lamentó que las comunidades del PP boicoteasen la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiero en la que se expuso la medida, una actitud que calificó de “gamberrismo institucional”. El ministro comparó la posición de los populares con la de una familia que se negase a que el banco le condone una hipoteca. Y subrayó que la comunidad más endeudada es la valenciana y la más favorecida sería Andalucía, ambas en manos del PP. “No están votando contra ERC”, insistió la republicana Teresa Jordà dirigiéndose a la bancada popular, “están votando contra los intereses de millones de ciudadanos”.
Como le obliga la ley, el Gobierno llevó por segunda vez al Congreso la senda de estabilidad fiscal. Los términos eran idénticos a los rechazados la pasada semana. Y, como era de esperar, recibieron idéntico rechazo. Es una situación inédita, pero el Gobierno asegura que seguirá adelante con su plan para presentar Presupuestos. Si la operación resulta fallida -como todo indica, al menos a estas alturas del año-, se abriría la puerta a la convocatoria electoral en los primeros meses de 2027, la apuesta principal ahora en los medios políticos.
El Ejecutivo lleva 19 decretos leyes aprobados desde el comienzo del año. Se lo recordó Josep Pagès, diputado de Junts, formación decisiva para que el Congreso haya tumbado seis de ellos. Esta vez, fueron convalidados los dos sometidos a votación: el que prorroga las medidas para amortiguar los efectos del conflicto en Irán sobre los precios de la energía y el que establece normas para la jubilación parcial del personal laboral de las Administraciones públicas. El Gobierno también se pudo anotar en el balance la aprobación definitiva de tres leyes, listas para su publicación en el BOE tras haber pasado por el Senado: la que facilita que profesionales autónomos mayores de 52 años ahora acogidos a mutuas, como es el caso de miles de abogados y procuradores, puedan pasar a cotizar a la Seguridad Social; la que refuerza los controles para la detección de enfermedades congénitas en los recién nacidos y la que transfiere a Galicia la gestión de su autopista central, la AP-9.
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