La Administración de Trump y Guatemala han acordado lanzar ataques conjuntos en territorio guatemalteco contra bandas criminales presuntamente dedicadas al tráfico de drogas. De confirmarse ese pacto, que avanzó The New York Times citando fuentes anónimas de Washington, supondría una nueva e inédita escalada en la agresiva política de la Administración de Trump en Centroamérica en nombre de la guerra contra el narco y aumentaría la presión sobre México.
Con el pacto, desvelado por ‘The New York Times’, el país centroamericano se convierte, tras Ecuador, en el segundo en aliarse con la agresiva política de Administración de Trump en la región
Nueva e inédita escalada en la agresiva política de la Administración de Trump en Centroamérica en nombre de la guerra contra el narco. La Administración de Trump y Guatemala han acordado lanzar ataques conjuntos en territorio guatemalteco contra bandas criminales presuntamente dedicadas al tráfico de drogas.
El pacto, que avanzó The New York Times citando fuentes anónimas de Washington y luego confirmó el Gobierno de Ciudad de Guatemala, dará sus frutos tan pronto como en junio. Y, según el Times, se selló la semana pasada, durante una llamada entre el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el presidente del país centroamericano, el socialdemócrata Bernardo Arévalo. Aún falta conocer los detalles de cómo se sustanciará esa colaboración.
La iniciativa se suma a otras operaciones militares en Latinoamérica, que, a base de ejecuciones extrajudiciales de tripulantes de supuestas narcolanchas (al menos 190, hasta la fecha) en aguas del Caribe y del Pacífico o bombardeos en Ecuador, han resucitado los ecos de la traumática relación de Estados Unidos con lo que durante décadas vio como su “patio trasero”: de la Doctrina Monroe del siglo XIX, con su “América [el continente] para los americanos [los estadounidenses]” a la así llamada “guerra contra las drogas”, lanzada por el presidente Richard Nixon a principios de los setenta y que durante décadas aportó más problemas de violencia y corrupción que soluciones.
La idea de pactar partió de Guatemala, cuyas autoridades solicitaron formalmente “cooperación en operaciones dirigidas por las fuerzas de seguridad guatemaltecas contra organizaciones de narcotráfico” en una carta dirigida al jefe del Pentágono. La concesión de ese deseo convierte a Guatemala en el segundo país, tras Ecuador, en permitir una campaña militar, en principio focalizada, en su territorio.
En Washington se enmarca ese pacto en estrategia en la que después sería el turno de Honduras, país al que la Administración de Trump está cortejando, tras lograr que su candidato predilecto, Nasry Asfura, ganara las elecciones contra pronóstico.
Con esas dos piezas clave del tablero centroamericano en su poder y el apoyo ciego de Nayib Bukele desde El Salvador, el cálculo es que la presión obligue a México a aceptar un esquema de operaciones conjuntas, e incluso tropas sobre el terreno y ataques con drones. Opciones todas que la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado hasta ahora con vehemencia.
Esa presión al vecino del Sur se ha acompañado de medidas, también insólitas, como la imputación a finales de abril del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, así como de un senador de Morena, el partido oficialista, y de otros ocho funcionarios. Están acusados de colusión con el cartel fundado por el capo Joaquín El Chapo Guzmán y su socio Ismael El Mayo Zambada para mantenerse en el poder y recibir otros favores.
Ecuador firmó su acuerdo con Trump a principios de este año, poco después de que fuerzas especiales estadounidenses entraran en Caracas y apresaran, saltándose las reglas del derecho internacional, al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Ambos esperan juicio en una prisión de Nueva York, acusados, entre otros, de delitos de narcotráfico.
En una reciente visita a Washington, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firme aliado de Donald Trump, defendió la colaboración con Estados Unidos, mientras en el Capitolio un grupo de demócratas exigía la suspensión de las operaciones militares conjuntas contra supuestos narcotraficantes.
Noboa ha hecho de su política de mano dura contra el crimen organizado −que ha multiplicado la violencia en el país en los últimos años (de contar con uno de los índices de homicidios más bajos de América Latina pasó en un lustro a superar los 50 por cada 100.000 habitantes en 2025)− una de sus bazas. “Estamos en una guerra”, argumentó el mandatario andino en la capital estadounidense.
Tanto Guatemala como Ecuador (así como Honduras y el Salvador) se cuentan entre los firmantes del acuerdo que dio origen a una asociación llamad Coalición Anticarteles de las Américas, que lanzó Trump en una reunión en marzo de 2026. Forma parte del Escudo de las Américas, al frente del cual el presidente de Estados Unidos puso a la defenestrada Kristi Noem, exsecretaria de Seguridad Nacional y cara de la brutal política migratoria del último año en Estados Unidos.
Bernardo Arévalo no asistió a la cumbre celebrada en Florida, pero mandó en su lugar a altos funcionarios guatemaltecos participan en este pacto militar para combatir el narcotráfico.
En el caso de Honduras, se da la paradoja de que mientras Washington presiona al país centroamericano para que haga más en la lucha contra el tráfico de drogas, Trump indultó a uno de sus expresidentes, Juan Orlando Hernández. Cumplía una condena de 45 años por complicidad en el contrabando de cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos.
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