La memoria antifranquista, cortocircuitada

Felipe González recordaba que cuando le presentaron a quien se ocuparía de su seguridad en Sevilla –donde asistía al funeral de su suegro en enero de 1983– reconoció al comisario Vadillo, el mismo que lo había detenido en 1974. “¿Qué hay Vadillo? ¿Cómo estás?”, le preguntó. El policía palideció: “¿Me reconoce?”, a lo que el presidente del Gobierno respondió, “¡Pues claro! Pero tranquilo, me alegro de verte”. El comportamiento de Felipe González respondía al patrón dominante no solo en la izquierda, sino también en el nacionalismo periférico. El temor reverencial a provocar al viejo aparato del Estado propiciaba esa deliberada amnesia, generosa con pasados franquistas en aras de la reconciliación y temerosa de la amenaza golpista. No fue hasta el periodo de Zapatero cuando tímidamente se desperezó la memoria democrática. Llovieron muchas acusaciones. Las “paguitas”, los viejos “revanchismos” o la “traición al espíritu de la transición” se emplearon como arma arrojadiza contra quienes pretendían encontrar a sus abuelos asesinados en las cunetas. Lo hizo una derecha poblada de descendientes de “caídos por Dios y por España”, esos que lucían correajes y que –además de dar prebendas a los suyos– eran expertos en “paguitas retroactivas”, pues por ley de 14 marzo de 1942 los contendientes de las decimonónicas guerras carlistas tuvieron derecho a pensiones extraordinarias y al grado de teniente del Ejército. Se les consideró “defensores de las tradiciones patrias y precursores del Movimiento Nacional”.

Pasan los años, pero ciertas actitudes permanecen. La Audiencia Nacional -heredera del siniestro Tribunal de Orden Público (TOP) franquista– ignora la Ley de la Memoria Democrática al evitar que en el vetusto edificio de la Puerta del Sol –actual sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid– se coloque una simple placa que recuerde que allí estuvo la Dirección General de Seguridad, un centro de detención y de torturas durante la dictadura de Franco. Por su parte, el Ejecutivo central, con una conducta propia de los miedos golpistas de la transición, impide que el edificio de Vía Laietana 43 –donde se torturó durante la dictadura– se convierta a un centro de memoria, como quería entre otras, Blanca Serra, recientemente fallecida y que allí fue víctima de los interrogatorios de la Brigada Político-Social. Via Laietana 43 podría ser nuestro particular Museo de la Stasi, pero en lugar de visitar el despacho del siniestro Erich Mielke, se recorrerían las dependencias que ocuparon en la Jefatura Superior de Policía de Barcelona los hermanos Creix, maestros de torturadores.

Hasta el día de hoy, los sindicatos policiales mayoritarios han rehuido reunirse con la Associació Catalana de Persones Ex Preses Polítiques del Franquisme simplemente para hablar sobre qué hacer con la antigua Jefatura Superior de Barcelona. Solo una honorable formación minoritaria en el Cuerpo lo ha hecho, afirman desde la asociación de represaliados. Tampoco en el terreno de las ayudas públicas las cosas van sobre ruedas. Las administraciones, en su afán fiscalizador, ponen trabas a la obtención de subvenciones y tratan a las entidades que viven gracias al voluntariado como empresas en un mercado de libre competencia. Ello ha obligado en los últimos años a un número creciente de asociaciones a no concurrir o a renunciar a ayudas del Institut d’Indústries Culturals de Barcelona (Icub).

“La voz de la memoria se apaga”, afirma Carles Vallejo, presidente de la asociación catalana de ex presos políticos, cuando recuerda que aumenta la edad de quienes ahora llevan su testimonio a escuelas e institutos. Para apuntalar ese relato antifranquista en épocas de relativismo sobre la dictadura, acaba de aparecer el número 20 de Documents del Memorial Democràtic que lleva por título Generacions TOP. Resistir, protestar, conquistar, editado por el historiador Manel Risques. Entre otros textos, una docena de personas aporta la traumática experiencia de su paso por Jefatura. Todo un discurso contra la amnesia. Sin acritud.