La Audiencia Nacional ha anunciado este jueves la apertura del juicio contra los dos directivos de la empresa armadora del pesquero gallego Villa de Pitanxo y el capitán, Juan Enrique Padín, por la muerte de 21 de los 23 tripulantes durante el naufragio del buque en febrero de 2022 en aguas de Terranova (Canadá). Los tres se enfrentan a nueve años de prisión y al pago de indemnizaciones millonarias. Tendrán que depositar 44 millones de euros para hacer frente a las cuantías que se determinarán en la sentencia.
La Fiscalía pide nueve años de prisión para los tres, que afrontan también a 44 millones de euros en indemnizaciones
La Audiencia Nacional ha anunciado este jueves la apertura del juicio contra los dos directivos de la empresa armadora del pesquero gallego Villa de Pitanxo y el capitán, Juan Enrique Padín, por la muerte de 21 de los 23 tripulantes durante el naufragio del buque en febrero de 2022 en aguas de Terranova (Canadá). Los tres se enfrentan a nueve años de prisión y al pago de indemnizaciones millonarias. Tendrán que depositar 44 millones de euros para hacer frente a las cuantías que se determinarán en la sentencia.
El juez instructor del caso, Ismael Moreno, abre juicio al administrador de Pesquerías Nores Marín, José Antonio Nores Ortega; al director de Flota, José Antonio Nores Rodríguez; y al capitán del barco, Juan Enrique Padín. A todos ellos se les imputan 21 presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y de lesiones imprudentes; delitos contra los derechos de los trabajadores por la falta de normas de prevención y seguridad a bordo; y un delito de falsedad documental. Como responsable civil subsidiario, el instructor señala a la mercantil Pesquerías Nores Marín; y a la entidad aseguradora British Marine Luxembourg, como responsable civil directo. Así, el juez requiere a los tres acusados para que depositen 44 millones de euros como fianza para garantizar las responsabilidades pecuniarias o indemnizaciones que se les pudieran imponer, y reclama como responsable civil subsidiaria a Pesquerías Nores para que preste la misma cantidad de forma solidaria con los tres acusados, así como a la compañía seguradora British Marine Luxembourg, SA.
Además, el titular del juzgado central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional ha citado a los tres acusados y al representante legal de Marisquerías Nores para entregarles el auto de apertura de juicio oral en una última comparecencia que está prevista para el próximo martes 28 de julio y a la que podrán contestar con sus escritos de defensa. El ministerio fiscal solicita nueve años de prisión para el capitán y ambos armadores, además de 13 de inhabilitación para ejercer actividades en el sector pesquero. Las acusaciones particulares de los 21 fallecidos (solo nueve cuerpos fueron recuperados) anuncian que elevarán las penas, aunque las familias de las víctimas se han mostrado satisfechas con el contenido del auto de apertura de juicio. “Es avanzar en la dirección correcta y seguimos diciendo que confiamos en la justicia”, afirma su portavoz, María José Do Pazo.
Cuatro años después de uno de los mayores naufragios para la pesca gallega por el número de víctimas, la investigación ha revelado que al hundimiento del barco contribuyeron diversos factores de los que se responsabiliza a los investigados. Según las acusaciones, los dos armadores y el capitán “permitieron que se desempeñara la actividad en condiciones inseguras, con inobservancia de medidas preventivas y con grosero desprecio para la vida e integridad física de los tripulantes del buque, lo que desembocó en el fatal desenlace”.
No hay dudas de que el pesquero estaba sobrecargado. Parte de dicha sobrecarga eran unos tanques de combustible, instalados sin autorización legal, que no figuraban en el proyecto de la embarcación. De esta forma, la tolva de desperdicios estaba más cerca de la superficie del mar de lo que correspondía, según el libro de estabilidad del barco, y eso aumentaba la frecuencia de los embarques de agua. “Tanto el capitán como los armadores autorizaron y consintieron que se hicieran modificaciones al buque para poder cargar más combustible y que los calados a la salida del buque fueran mayores que los autorizados”, incide el fiscal.
A partir de las 4.16 horas de la madrugada del 15 de febrero, el motor propulsor del Villa de Pitanxo se paró al quedar sin energía eléctrica. Las bombas de achique del parque de pesca se pararon y se activaron los generadores de emergencia. “La causa más probable de parada del motor principal fue la escora excesiva, de más de un 35%. De forma casi simultánea al arranque del generador de emergencia, el capitán emitió una llamada de socorro y ordenó el abandono del barco. La mayoría de los tripulantes se encontraban en la cubierta superior y trataron de acceder al puente para dirigirse a las balsas salvavidas”, relata el informe fiscal.
En esos instantes de desconcierto, varios tripulantes lograron arriar la balsa salvavidas de estribor en la que embarcaron el capitán, Eduardo Rial Padín y al menos otros siete marineros con ropa de trabajo o chaleco salvavidas, pero sin traje de inmersión. No todos lograron llegar al puente. Algunos se encontraban en los espacios interiores cuando el buque se hundió. “Se emitió la última señal AIS a las 4.23.02, pudiéndose concluir que el buque se hundió totalmente pocos instantes después de emitirse, y entre 4-5 minutos después de que se ordenarse el abandono a la tripulación”, sostiene el escrito de acusación.
Unos 15 minutos después, el Centro Nacional de Coordinación de Salvamento localizó dos pesqueros gallegos que faenaban en las inmediaciones del hundimiento. En la balsa salvavidas solo tres tripulantes fueron rescatados con vida, los otros cuatro habían fallecido. Se lograron recuperar otros cinco cuerpos flotando. De entre las víctimas, la autopsia concluyó que siete tenían covid.
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