La presión turística evidencia la obsoleta red de saneamiento de la costa de Andalucía: “El agua es marrón”

Cuatro de las cinco provincias costeras andaluzas han tenido que prohibir el baño este verano en una docena de playas por la detección de bacterias procedentes de residuos fecales. Los episodios evidencian que la red de saneamiento está obsoleta y es incapaz de absorber la demanda que genera el aumento del turismo. Estaciones con más de dos décadas de uso y construidas para una determinada población se ven desbordadas por la presencia de visitantes, que este año sumarán 14,2 millones entre julio y septiembre, de acuerdo con las previsiones de la Junta de Andalucía. Algunas localidades reciben un número de turistas que multiplica por tres y hasta por 10 sus residentes habituales. Mientras, más de 650 millones recaudados para actualizar la red de saneamiento permanecen sin ejecutar o se invierten en partidas no relacionadas para las que se recaudaron, según la Cámara de Cuentas.

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Una de las imágenes tomadas por Rocío García en la orilla de la playa de Doñana este mes de agosto. El cierre de una docena de playas al baño por contaminación con residuos fecales demuestra que la depuración en el litoral es incapaz de absorber la demanda del verano  

Cuatro de las cinco provincias costeras andaluzas han tenido que prohibir el baño este verano en una docena de playas por la detección de bacterias procedentes de residuos fecales. Los episodios evidencian que la red de saneamiento está obsoleta y es incapaz de absorber la demanda que genera el aumento del turismo. Estaciones con más de dos décadas de uso y construidas para una determinada población se ven desbordadas por la presencia de visitantes, que este año sumarán 14,2 millones entre julio y septiembre, de acuerdo con las previsiones de la Junta de Andalucía. Algunas localidades reciben un número de turistas que multiplica por tres y hasta por 10 sus residentes habituales. Mientras, más de 650 millones recaudados para actualizar la red de saneamiento permanecen sin ejecutar o se invierten en partidas no relacionadas para las que se recaudaron, según la Cámara de Cuentas.

“El agua estaba marrón”, comenta Rocío García, administrativa sevillana que heredó un apartamento en la costa de Huelva y usuaria diaria en verano de la playa de Doñana, una franja litoral virgen entre Matalascañas y Sanlúcar. Muestra imágenes tomadas en la orilla donde se aprecia un color del agua similar al de un desagüe de un baño doméstico.

Varias playas de Huelva han sufrido prohibiciones temporales del baño por la presencia de bacterias fecales. La misma situación se ha repetido en Cádiz, Málaga y Granada.

Para Joan Corominas, exdirector de la Agencia Andaluza del Agua y miembro de la fundación Nueva Cultura del Agua, hay dos causas principales: una es el crecimiento temporal de la población por el verano y otra es la antigüedad de la infraestructura, creada en su mayoría hace un cuarto de siglo: “Esas plantas envejecen y ya no dan el rendimiento necesario, sobre todo si no han tenido un mantenimiento y una reposición de equipos”.

Esa amenaza al turismo, la principal industria andaluza (26.938 millones de euros en ingresos y medio millón de empleos), se alimenta de las dificultades para mantener las inversiones necesarias. “Los ayuntamientos o las empresas que las gestionan [las redes de saneamiento] intentan reducir costes y hacer lo mínimo. La suma lleva a que estén estallando las costuras de la depuración que, además, es una cosa que no es visible para el ciudadano”, explica Corominas.

“Las administraciones tienen que tomarse en serio la depuración porque es importante para la salud de los ciudadanos y para el medio ambiente. Hay que mejorar o ampliar las depuradoras y eso, evidentemente, necesita la colaboración de todos”, resume.

Antonio Figueroa, geógrafo y fundador de Estudio Agua y Territorio, una cooperativa sin ánimo de lucro, coincide con el diagnóstico: “En verano se incrementa la carga de población y en muchos municipios las depuradoras ya están en el límite de su vida útil”.

Figueroa añade un elemento más para tener en cuenta que denomina “urbanismo difuso”: “Estamos hablando de miles de viviendas sin conexión a la depuración y que están vertiendo a fosas sépticas que se limpian o no”.

El geógrafo, que asistió hace 12 años al diseño de depuradoras para la costa de Cádiz que aún no se han construido, entiende las limitaciones y la complejidad de la situación, pero cree que no es justificable: “Hay capacidad, claro que sí. Estamos en un ámbito prioritario a nivel territorial andaluz”, advierte.

Figueroa, como Corominas, reclama la inversión total del canon del agua, pero también que los ayuntamientos asuman las responsabilidades que les corresponden, como tender la red de colectores de conexión o limitar los desarrollos urbanísticos si no van acompañados de un proyecto solvente de depuración.

El 28,5% de aglomeraciones urbanas no cumple con la normativa de depuración de aguas residuales

Antonio Amarillo, coordinador de Agua de Ecologistas en Acción Andalucía

La situación afecta al conjunto del territorio andaluz, aunque se evidencia de forma más notable durante la temporada turística alta. Según el último informe de Antonio Amarillo, coordinador de Agua de Ecologistas en Acción Andalucía, con datos del pasado año, el 28,5% de aglomeraciones urbanas no cumple con la normativa de depuración de aguas residuales. De acuerdo con su estudio, Córdoba es la que arroja un mejor balance, seguida de las provincias de Huelva y Sevilla. “Por el contrario, Málaga es la peor en cumplimiento, no llegando al 49%, casi 20 puntos porcentuales menos que en 2017, su mejor año. Le siguen Granada con un porcentaje del 57% y Almería, con poco más del 61%”, concluye el estudio.

Para corregir estos incumplimientos hay fondos: son los correspondientes al canon del agua, creado para este fin y que pagan los usuarios en cada recibo. Con este sobrecoste en las tarifas se han recaudado 1.426 millones de euros, de los que se ha invertido el 47,5% (sin contar financiación europea). Pero, según el último Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía, aún quedan 678 millones de euros que no se han empleado para aquello para lo que se aprobó y a pesar de que, cada año, se abonan sanciones de la UE, con el respaldo de los tribunales, por falta de depuración.

Este balance de incumplimientos coincide también con el de la Asociación de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento (Aeopas). “Es dinero guardado mientras el Estado paga multas millonarias a la UE: cerca de 90 millones acumulados. Solo Alhaurín el Grande, en Málaga, nos cuesta 2,1 millones de euros al año en multas coercitivas directas”, lamenta el gerente de la entidad, Luis Babiano.

Este directivo destaca el agravio comparativo provincial que sufre el corazón turístico litoral andaluz, y que ha llevado a la provincia malagueña a encabezar la clasificación de incumplimientos en materia de agua. “Sevilla y Málaga tienen exactamente el mismo número de obras declaradas de interés autonómico en el acuerdo de 2010: 58 actuaciones cada una. Sin embargo, Sevilla ha recibido 99,25 millones de inversión, ejecutada y real, mientras Málaga captó tan solo 40 millones. Esta asimetría inversora explica de forma directa el colapso ambiental de Málaga”, resalta Babiano.

Un informe de Aeopas ha identificado las 25 depuradoras con mayores problemas operativos de vertido en Andalucía. De ellas, la mitad de las instalaciones se encuentra en zonas de litoral y presenta deficiencias compartidas: “saturación estacional, plantas obsoletas incapaces de absorber la masiva fluctuación turística de verano, colapsos y depuradoras por encima de su vida útil”.

El gerente de los operadores públicos aporta soluciones: la primera pasa por agilizar los procesos de contratación y expropiación, ya que un proyecto de saneamiento puede acumular hasta ocho años de trámite y algunos superan los 20. También reclama Aeopas que el dinero del canon no se pueda destinar a partidas ajenas al agua, como ha sucedido este año, que ha servido para arreglar daños por los temporales. Babiano, que eleva a 108 los “municipios andaluces bajo sospecha de infracción comunitaria”, exige una auditoría que no solo fiscalice los fondos, sino también los procedimientos de obras retrasadas una y otra vez, así como un balance actualizado de la realidad hídrica andaluza, una amenaza silente para la salud pública, el medio ambiente y la principal industria de la región.

La Junta de Andalucía no aportó información actualizada sobre la situación de las depuradoras ni de los planes de inversión del canon del agua.

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