Cuando el 12 de julio de 2017 se aprobó con estupenda y constructiva unanimidad en el Parlament la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), la pobreza material severa alcanzaba a un 6,7% de la población en Cataluña. La propuesta procedía de una iniciativa legislativa popular (ILP) y coronaba la RGC como un derecho subjetivo: exigible –cumpliendo las condiciones previstas en la ley– al Estado. Eran tiempos del procés y nadie quería parecer de derechas. La política debía limitarse a traducir lo que se dio en denominar “el mandato del pueblo”. Con el tiempo, los buenismos se esfuman y los datos emergen en toda su testarudez. La realidad es terca y actualmente dibuja un fresco en el que la pobreza extrema crece –dos puntos por encima respecto a la de 2017– y disminuye objetivamente el número de beneficiarios de ese derecho subjetivo de la renta garantizada.
Las medidas burocrático-legislativas se han mostrado ineficaces para erradicar la pobreza material severa en la que viven 700.000 catalanes
Cuando el 12 de julio de 2017 se aprobó con estupenda y constructiva unanimidad en el Parlament la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), la pobreza material severa alcanzaba a un 6,7% de la población en Cataluña. La propuesta procedía de una iniciativa legislativa popular (ILP) y coronaba la RGC como un derecho subjetivo: exigible –cumpliendo las condiciones previstas en la ley– al Estado. Eran tiempos del procés y nadie quería parecer de derechas. La política debía limitarse a traducir lo que se dio en denominar “el mandato del pueblo”. Con el tiempo, los buenismos se esfuman y los datos emergen en toda su testarudez. La realidad es terca y actualmente dibuja un fresco en el que la pobreza extrema crece –dos puntos por encima respecto a la de 2017– y disminuye objetivamente el número de beneficiarios de ese derecho subjetivo de la renta garantizada.
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