La Avenue de l’Avocaat de Waterloo (Bélgica) dibuja un rectángulo salpicado con chalés de dos plantas y tejado de pizarra, entre patios de césped tierno. Sin ser un cul de sac, es un vial poco transitado. Un doctor especializado en reumatología ofrece atención con cita previa en el número 30, pero la agenda de visitas suele ser más intensa en la villa de la esquina, donde un discreto cartel indica “Casa de la República Catalana”. En la entrada desde la acera, una cadenita roja sirve para advertir que el acceso al jardín queda restringido. Suele haber un guarda, sin uniforme ni enseña, con la misión de salir al paso del intruso y chequear si se le espera como invitado. Una de las personas que han accedido al interior de la vivienda este mes de julio cuenta que se marchó con una sensación confusa. A falta de poco para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haga público su veredicto sobre la ley de amnistía, previsto para este jueves día 16 y con la expectativa de que sea un espaldarazo al perdón judicial de los imputados en las causas derivadas del procés, la visita acudía a la casa con la idea de encontrarse a un inquilino ilusionado. Esperanzado al menos. Pero ese inquilino, Carles Puigdemont, lleva meses rumiando la idea de que, diga lo que diga el TJUE, se avecina otro requiebro judicial por parte del Tribunal Supremo y que su regreso a Cataluña deberá seguir esperando.
La inminente resolución del TJUE sobre la ley de amnistía supone un punto de inflexión en el porvenir político y personal del expresidente catalán
La Avenue de l’Avocaat de Waterloo (Bélgica) dibuja un rectángulo salpicado con chalés de dos plantas y tejado de pizarra, entre patios de césped tierno. Sin ser un cul de sac, es un vial poco transitado. Un doctor especializado en reumatología ofrece atención con cita previa en el número 30, pero la agenda de visitas suele ser más intensa en la villa de la esquina, donde un discreto cartel indica “Casa de la República Catalana”. En la entrada desde la acera, una cadenita roja sirve para advertir que el acceso al jardín queda restringido. Suele haber un guarda, sin uniforme ni enseña, con la misión de salir al paso del intruso y chequear si se le espera como invitado. Una de las personas que han accedido al interior de la vivienda este mes de julio cuenta que se marchó con una sensación confusa. A falta de poco para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haga público su veredicto sobre la ley de amnistía, previsto para este jueves día 16 y con la expectativa de que sea un espaldarazo al perdón judicial de los imputados en las causas derivadas del procés, la visita acudía a la casa con la idea de encontrarse a un inquilino ilusionado. Esperanzado al menos. Pero ese inquilino, Carles Puigdemont, lleva meses rumiando la idea de que, diga lo que diga el TJUE, se avecina otro requiebro judicial por parte del Tribunal Supremo y que su regreso a Cataluña deberá seguir esperando.
“No es que el president sea escéptico, pero es difícil confiar en la justicia española porque, hasta ahora, en Europa lo hemos ganado todo y los jueces españoles han decidido no respetar nada”, argumenta Gonzalo Boye, abogado del expresidente de la Generalitat. “Nosotros creemos que la resolución del TJUE debería ir en los términos de lo que resolvió el abogado general y, a partir de ahí, será el Tribunal Supremo quien tendrá que decidir. Veremos si quiere jugar con Europa o contra Europa”, sostiene Boye. Su reflexión alude al aval que, en noviembre del año pasado, avanzó el abogado general del TJUE validando la ley de amnistía al considerar que la norma no es contraria al derecho comunitario en materia de terrorismo ni choca contra los intereses financieros de la UE.
Aquel dictamen fue interpretado como un preludio de la decisión definitiva que vaya a tomar la justicia europea y como un recado para el Supremo, que rechazó amnistiar a Puigdemont por considerar que la ley no abarca el delito de malversación que los jueces atribuyen al expresident. Todo ello cuando incluso el PP opina que hay que “pasar página”.
“Han tratado de retrasar el regreso estirando el chicle al máximo. Y al PSOE ya le iba bien tensar la cuerda para mirar qué más podía sacarle a Junts”, razona Boye. El abogado forma parte del reducido grupo que tiene la confianza de Carles Puigdemont. Ahí destaca el exsenador Jami Matamala, amigo íntimo del expresident, y también están el secretario general de Junts, Jordi Turull, la portavoz del partido en el Congreso, Míriam Nogueras, el diputado Toni Castellà y el portavoz del partido, Josep Rius. Ellos viajan a menudo a la casa de Waterloo para escuchar sus directrices políticas.
Pensando en el retorno
En esa misma residencia, que según el diario belga L’Echo consta de seis habitaciones y cuatro baños y se alquiló a comienzos de 2018 por un precio de 4.400 euros al mes, recibe visitas constantemente Puigdemont. Muchas son reuniones con personas o entidades vinculadas a actividades económicas, políticas o culturales, pero también atiende a particulares que, muy a menudo, traen consigo libros, fotos, obsequios o alimentos propios de Cataluña y difíciles de encontrar en Bélgica.
“Él sigue pensando en el retorno, quiere volver y se prepara para ello. Es de sentido común”, asegura una persona que mantiene trato cercano con el líder independentista.
Puigdemont va camino de cumplir nueve años desde que emprendió la huida desde Girona para evitar ser detenido. Él y su entorno han afirmado que solo ha regresado una vez, el 8 de agosto de 2024, para protagonizar una aparición fugaz en el centro de Barcelona y volverse a escapar a Bélgica. Desde la distancia, ha vivido la transición a la edad adulta de sus dos hijas y ha padecido situaciones personales como la muerte de su padre, en 2019, y la de su madre, en 2024. También ha confrontado desafíos internos y externos a su hoja de ruta política.
En Junts, se ha ido difuminando la condición de incontestable que le mereció su situación de “exiliado”. El ejemplo más reciente, la afrenta pública del concejal Jordi Martí Galbis para convertirse en alcaldable por Barcelona, contrariando la voluntad de Puigdemont y la dirección del partido para promocionar a Josep Rius.
Dentro del independentismo, la figura del expresident dejó de ser intocable. Su mala relación con Oriol Junqueras es acerada, pero últimamente quien más se ceba con los ataques personales es Aliança Catalana. Durante una intervención en el Parlament el mes pasado, Sílvia Orriols, la líder de la ultraderecha independentista, puso en cuestión la vocación rupturista de Puigdemont aireando que, gracias a un contrato renovado por el PSC “por adjudicación directa”, la esposa del expresidente catalán, la periodista Marcela Topor, ingresa “7.000 euros mensuales” por un programa “de una hora y media semanal en la red audiovisual local, con una audiencia de apenas 12.000 espectadores anuales”.
Los gastos del “exilio”
Según su entorno, Puigdemont, que cumplirá 64 años en diciembre, solo cobra la asignación básica, sin dietas, que le corresponde por ser diputado de Junts. Atendiendo al baremo del Parlament, esto es un salario de 3.039 euros mensuales. Las mismas fuentes manifiestan que los gastos del “exilio” se afrontan con colaboraciones económicas de personas cercanas al expresident, y con las donaciones que canaliza el Consell de la República. Esta entidad ha sufrido altibajos relacionados con gastos sospechosos supuestamente atribuibles a Toni Comín, eurodiputado electo de Junts que escapó a Bélgica con Puigdemont. La relación entre ambos fue estrecha, pero se ha avinagrado considerablemente.
Personas conocedoras de la evolución que ha tenido esta plataforma de captación de fondos admiten que el ritmo de donaciones no tiene nada que ver con el volumen de dinero que entraba en los años más bulliciosos del procés. Un interlocutor al corriente de las cuentas afirma que hay un flujo menor, pero que se mantiene constante. “Puigdemont sigue siendo el único activo que le queda a este país capaz de remover y mover a la gente. Y cuando regrese, todos lo vamos a ver”, remacha la misma fuente.
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