Más de tres meses después de arrancar el juicio del caso Kitchen, la magistrada Teresa Palacios ha puesto este martes el punto final. Ha sido a las 12.07: “Concluido el juicio, queda visto para dictar sentencia”, ha dicho la presidenta del tribunal, que ha escuchado desde el pasado abril cómo se urdió en 2013 una operación en el seno del Gobierno de Mariano Rajoy para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas. La Fiscalía Anticorrupción mantiene que Jorge Fernández Díaz, entonces ministro del Interior, encabezó esa trama para robarle al contable del PP documentos comprometedores que aún podía guardar del partido, para evitar que llegaran así a los investigadores del caso Gürtel. Las defensas rechazan esa tesis y repiten que solo se buscaba el dinero que Bárcenas ocultaba en el extranjero. Así lo ha reiterado el abogado del exchófer del extesorero, a quien la Policía Nacional captó como confidente, en esta última sesión de la vista: “Fue una operación de inteligencia absolutamente legal”.
El abogado del antiguo chófer de Bárcenas, captado como confidente, alega que nunca conoció ni participó en ninguna ilegalidad: “Mi defendido es el último mono de esta operación”
Más de tres meses después de arrancar el juicio del caso Kitchen, la magistrada Teresa Palacios ha puesto este martes el punto final. Ha sido a las 12.07: “Concluido el juicio, queda visto para dictar sentencia”, ha dicho la presidenta del tribunal, que ha escuchado desde el pasado abril cómo se urdió en 2013 una operación en el seno del Gobierno de Mariano Rajoy para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas. La Fiscalía Anticorrupción mantiene que Jorge Fernández Díaz, entonces ministro del Interior, encabezó esa trama para robarle al contable del PP documentos comprometedores que aún podía guardar del partido, para evitar que llegaran así a los investigadores del caso Gürtel. Las defensas rechazan esa tesis y repiten que solo se buscaba el dinero que Bárcenas ocultaba en el extranjero. Así lo ha reiterado el abogado del exchófer del extesorero, a quien la Policía Nacional captó como confidente, en esta última sesión de la vista: “Fue una operación de inteligencia absolutamente legal”.
De esta forma, tras la celebración de 37 sesiones desde el 6 de abril, la Audiencia Nacional ha cerrado otro capítulo de este sumario de enorme repercusión política, que ha sentado en el banquillo de los acusados, entre otros, al propio Jorge Fernández Díaz; a su número dos, Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad; y a Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía. El ministerio público reclama que se les condene a 15 años de cárcel. A su vez, solicita 19 años de reclusión para el comisario José Manuel Villarejo, que participó en la captación del chofer de Bárcenas, Sergio Ríos, para quien también pide 12 años y medio de cárcel.
La vista oral ha emprendido su última jornada pasadas las 10.00 —con todos los acusados presentes, a excepción de Eugenio Pino, que se ha ausentado por motivos médicos—. La pasada semana, las defensas comenzaron a exponer sus alegatos finales y, en esta sesión 37, le ha llegado el turno al abogado Javier Ignacio Navarro, que representa a Sergio Ríos en el juicio junto a la letrada Paloma López Arenas. Su línea argumental ha quedado clara desde el principio: el chófer participó en una operación policial legal, y no cometió ni conoció ninguna irregularidad. Según ha expuesto, él creyó que ayudaba a la Policía en un despliegue “lícito”. “Fue captado por mandos policiales. Le explicaron lo que querían que supiera”, ha subrayado.
“Él estaba casi obligado a aceptar esa labor de confidente”, ha incidido Javier Navarro, que ha dibujado un escenario en el que Ríos, debido a su puesto de “conductor y escolta”, observaba a diario cómo Bárcenas y su esposa “estaban cometiendo delitos muy graves”. Según ha enumerado, el extesorero le daba “billetes de 500” para cumplir con los recados; y “transportaba joyas y cuadros”, que puede servir para “blanquear”. “Y veía el alto nivel de vida de la familia”, ha remachado: “No eran unos ciudadanos cualquiera […] Cómo podría sospechar Sergio de la ilicitud de una operación policial de inteligencia. Cómo iba a pensar que era ilegal cuando él estaba viendo todas las ilegalidades que estaba cometiendo la familia”.
“Mi defendido es el último mono de esta operación”, ha ahondado la defensa del exconductor, que también ha aprovechado la oportunidad para arremeter contra el excontable del PP. “Bárcenas no ha parado de mentir. Es un delincuente y un embustero”, ha calificado el abogado, que ha planteado las acusaciones del caso Kitchen como una especie de “venganza” del extesorero, que actúa movido por “odios personales”. El lunes, el letrado del comisario Villarejo ya apuntó en esa dirección: “El famoso caso Kitchen, que nunca existió con tal nombre, se creó por el señor Bárcenas a través de un grupo de periodistas que él hábilmente movilizó”.
En su escrito de acusación, Anticorrupción sostiene que la trama captó y pagó con los fondos reservados a Ríos, quien supuestamente les facilitó información sensible de la familia Bárcenas. El exchófer admite que ejerció como confidente (“Fue uno de los siete confidentes, denominado K2. Pero hubo seis más”, ha puntualizado su letrado) y que cobró, pero niega que fuera más allá de la ley. Durante su declaración como acusado en el juicio, el exconductor ya rechazó que entregase “documentación” o “material” (sustraído a la familia) a las cúpulas de la Policía Nacional o del Ministerio del Interior. También negó que participase en el volcado y copia de tres aparatos electrónicos (dos iPhone y un iPad) que presuntamente se intervinieron al extesorero popular. “Sergio Ríos jamás pudo entregar unos teléfonos que no estuvieron a su alcance […] Los móviles de Bárcenas jamás salieron del entorno de su defensa”, ha recalcado su abogado, que ha añadido que, durante la vista oral, no lo identificó ninguno de los técnicos que participó en la extracción.
El comisario Enrique García Castaño, que participó en Kitchen, admitió ese volcado en la fase de instrucción y aseguró que esos aparatos se los dio el conductor. El presunto copiado se ejecutó en un restaurante, adonde acudieron dos técnicos de la Policía. Ambos dijeron que a la persona que daba los dispositivos, se la presentaron como un “confidente” de García Castaño. Pero Ríos lo desmiente: “Sergio jamás fue confidente de García Castaño. Lo dirigió Villarejo todo el rato”, ha reiterado su abogado para desmarcarlo de ese episodio.
Tras el alegato de la defensa de Ríos, la Abogacía del Estado ha intervenido para oponerse a que se condene a la Administración como responsable civil subsidiario de la Operación Kitchen, como reclaman la Fiscalía y la familia Bárcenas. Después, el tribunal ha ofrecido a los ocho acusados la posibilidad de ejercer su derecho a la última palabra. Ni Jorge Fernández Díaz, ni Francisco Martínez la han utilizado. Sí lo han hecho otros, como los comisarios Villarejo (“Sigo teniendo confianza en este tribunal. La verdad saldrá a la luz”) y Andrés Gómez Gordo (“Yo no he tenido ninguna participación en la ideación de esta operación”). Así como el exchófer: “Cuando ante cualquier ciudadano normal se identifican agentes de la autoridad, qué hubiera hecho cada uno de nosotros. Yo jamás he tenido conocimiento de irregularidad alguna. Les pido la duda razonable y justicia”. De seguido, la presidenta de la sala ha dejado el juicio visto para sentencia.
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