Vox considera fraudulenta la nacionalidad de más de 300.000 españoles de origen marroquí que han obtenido la ciudadanía en los últimos diez años, a razón de más de 30.000 anuales, con un mínimo de 17.082 en 2017 y un máximo de 54.027 en 2023. El programa electoral con el que el partido ultra se presenta a las elecciones del 29 de noviembre es lacónico al respecto, pues se limita a prometer la “revisión de las concesiones fraudulentas de la nacionalidad”. Sin embargo, fuentes de Vox aseguran que todas las nacionalidades otorgadas a marroquíes son fraudulentas, ya que el Código Civil exige la renuncia a la nacionalidad anterior, salvo la de los países con los que existe acuerdo de doble nacionalidad ―los iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal― , y la marroquí es irrenunciable, por lo que los marroquíes que adquieren la nacionalidad española ostentan ilegalmente las dos.
El partido ultra considera su ciudadanía “fraudulenta” y quiere gravar con impuestos las remesas que los inmigrantes envían a sus familias como hace Trump
Vox considera fraudulenta la nacionalidad de más de 300.000 españoles de origen marroquí que han obtenido la ciudadanía en los últimos diez años, a razón de más de 30.000 anuales, con un mínimo de 17.082 en 2017 y un máximo de 54.027 en 2023. El programa electoral con el que el partido ultra se presenta a las elecciones del 29 de noviembre es lacónico al respecto, pues se limita a prometer la “revisión de las concesiones fraudulentas de la nacionalidad”. Sin embargo, fuentes de Vox aseguran que todas las nacionalidades otorgadas a marroquíes son fraudulentas, ya que el Código Civil exige la renuncia de la nacionalidad anterior, salvo con los países con los que existe acuerdo de doble nacionalidad ―los iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal― , y la nacionalidad marroquí es irrenunciable, por lo que los marroquíes que adquieren la española ostentan ilegalmente las dos.
El propio Abascal lo apuntó el pasado 4 de noviembre. “Marruecos y España no tienen tratado de doble nacionalidad y nos indican los notarios que se están regalando esas nacionalidades [españolas] porque no renuncian a la nacionalidad marroquí. Es más, Marruecos no acepta que se renuncie a la nacionalidad marroquí. Por tanto, creo que hay un gran fraude, al menos en lo que tiene que ver con la nacionalidad de los marroquíes en España”, añadió en declaraciones a Onda Cero.
La revisión de las nacionalizaciones que pretende Vox no puede extenderse más de una década, pues el Código Civil señala que “la posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante diez años, con buena fe y basada en el registro Civil, es causa de consolidación de la nacionalidad, aunque se anule el título que la originó”.
En contra de lo que asegura Abascal, la nacionalidad marroquí no es irrenunciable, pero sí resulta muy difícil darse de baja. El artículo 20 del Código de Nacionalidad de Marruecos señala que su pérdida solo es efectiva tras la publicación del “decreto que autoriza al interesado a renunciar a la nacionalidad”, lo que no depende de él. Por el contrario, en el caso de las mujeres, Marruecos aplica como fecha de pérdida de la nacionalidad la de su matrimonio con un extranjero cuya nacionalidad adquiera.
El artículo 23 del Código Civil español no exige que el ciudadano de origen marroquí que solicita la nacionalidad española tenga que aportar el decreto que acredite la pérdida de su anterior nacionalidad, sino solo que “declare que renuncia” a la misma. En la práctica eso significa que, para las autoridades de Rabat, siguen siendo marroquíes: mientras que, para las españolas, son ciudadanos españoles a todos los efectos. Esta ambigüedad permitió, por ejemplo, que el seleccionador nacional de fútbol de Marruecos intentase convencer al jugador del Barcelona Lamine Yamalpara que jugase en la selección marroquí, país de donde es su padre, a pesar de que el futbolista nació en España. Yamal rechazó la oferta.
En respuesta a una pregunta parlamentaria de Vox, el Gobierno reconoció en octubre de 2025 que “no existe habilitación legal para exigir prueba de la pérdida de la nacionalidad anterior” a los extranjeros que adquieren la ciudadanía española, por lo que el Ministerio de Justicia debe contentarse con la declaración de los interesados. En realidad, esta circunstancia no solo se produce con Marruecos, sino con otros muchos países: hay miles de ciudadanos que tienen doble nacionalidad española y británica o estadounidense, a pesar de que no existe tratado de doble nacionalidad con dichos países, y solo desde 2021 lo hay con Francia. Sin embargo, Vox ha puesto en su punto de mira a los españoles de origen marroquí (más de un millón de personas nacidas en Marruecos residen en España) cuya declaración de renuncia a la nacionalidad anterior considera fraudulenta.
‘Ley de nietos’
El programa de Vox aboga por derogar la Ley de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos, pero no concreta si se revisarán las 600.000 nacionalizaciones concedidas hasta agosto pasado al amparo de la misma y se suspenderá la tramitación de casi dos millones de solicitudes pendientes. No obstante, Abascal ha calificado repetidamente de “gigantesco fraude” y “trampa” para “alterar el censo electoral” la concesión de la ciudadanía a los descendientes de españoles que salieron del país entre 1936 y 1955 sin que se les exigiera demostrar que sus antepasados sufrieran persecución por parte de la dictadura. El partido ultra logró que el Supremo sacara del censo electoral a 163.000 nacionalizados que no acreditaron ser nietos de exiliados e intentó sin éxito privar del derecho al voto a casi 190.000 hijos mayores de edad de los anteriores. Lo que sí ha prometido Vox es endurecer los requisitos para acceder a la nacionalidad española, que ahora suponen un mínimo de diez años de residencia legal que se reducen a dos para los iberoamericanos, con el argumento de que la ciudadanía española no se regala.
El programa electoral de Vox, difundido este jueves, presenta algunas diferencias en materia de inmigración con el aprobado en la asamblea ordinaria del partido de 2025. Por ejemplo, Vox ya no propone “revisar todas las regularizaciones de inmigrantes ilegales llevadas a cabo por el bipartidismo”; lo que supondría poner en cuestión no solo las realizadas por los gobiernos de Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero o Felipe González, sino también las de José María Aznar. También ha desaparecido la pretensión de condicionar el acceso de los inmigrantes legales a la prestación de servicios públicos “a los años de cotización”.
En cambio, se han introducido algunas medidas muy conflictivas, como la pretensión de gravar fiscalmente las remesas de dinero enviadas por los inmigrantes a sus familias. En un programa que promete una “rebaja masiva de impuestos” para combatir “el infierno fiscal”, con drásticas bajadas del IRPF, el IVA o el Impuesto de Sociedades, la única subida impositiva anunciada tiene como objetivo a los inmigrantes. No es una idea original: se trata de una copia del gravamen del 1% impuesto desde el 1 de enero de este año por la Administración de Donald Trump a las remesas de los inmigrantes. Esta medida podría ser ilegal, advierten expertos fiscales, pues el dinero que los inmigrantes envían a sus familias ya ha pasado el IRPF y los restantes impuestos que se pagan en España. Aunque Vox argumenta que “el dinero generado aquí ha de mejorar la economía y los servicios de quienes viven en España”, su programa no menciona ningún gravamen especial sobre la repatriación de beneficios de las empresas extranjeras.
Además de consagrar la prioridad nacional ―es decir, la preferencia de los españoles en el acceso a servicios públicos y ayudas sociales―, Vox promete, entre otras medidas, la exclusividad nacional ―el acceso solo para españoles― del ingreso mínimo vital (actualmente el 17% de quienes cobran esta prestación básica son extranjeros); así como promover “el retorno a sus países de quienes no contribuyen o vivan de subsidios públicos”, ―aunque no explica cómo―; prohibir el empadronamiento de inmigrantes irregulares ―lo que les impide el acceso a servicios básicos―, vetarles el alquiler de viviendas o limitar su atención sanitaria a los casos de “urgencia vital”.
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