La jefa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante, María Pérez-Hickman, es una alta funcionaria municipal de dilatada experiencia. No es política, si bien desempeñaba un cargo de confianza en la ciudad, gobernada por Luis Barcala, del PP, como directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos. Un cargo del que dimitió a principios de este año al trascender el escándalo de las viviendas de protección pública de la promoción Les Naus de Alicante, algunas de las cuales fueron adjudicadas a cargos del PP, funcionarios o familiares de ambos, y a algunos miembros de una misma familia. Entre los beneficiarios, dos hijos y un sobrino de Pérez-Hickman.
Todos los grupos de Les Corts, salvo el popular, presionan con sus preguntas a María Pérez-Hickman, que se acoge a su derecho de no declarar al ser investigada
La jefa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante, María Pérez-Hickman, es una alta funcionaria municipal de dilatada experiencia. No es política, si bien desempeñaba un cargo de confianza en la ciudad, gobernada por Luis Barcala, del PP, como directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos. Un cargo del que dimitió a principios de este año al trascender el escándalo de las viviendas de protección pública de la promoción Les Naus de Alicante, algunas de las cuales fueron adjudicadas a cargos del PP, funcionarios o familiares de ambos, y a algunos miembros de una misma familia. Entre los beneficiarios, dos hijos y un sobrino de Pérez-Hickman.
Por ello, esta funcionaria está investigada en la causa judicial abierta por presunto tráfico de influencias y uso de información privilegiada, junto con la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, y otras 12 personas. Y a esta condición de investigada se ha acogido para no responder a ninguna de las múltiples preguntas que le han formulado este miércoles en la comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre la adjudicación de esta promoción de 140 viviendas con piscina, ubicada en un solar privilegiado que era público, cerca de la playa de San Juan, y adquiridas a un precio medio de 220.000 euros, la mitad del coste de mercado en la zona.
Como se presumía, la funcionaria, acompañada por su abogado, ha invocado su derecho a no responder, si bien los diputados no han dejado de plantear las cuestiones que llevaban preparadas sobre un asunto muy polémico que ha provocado gran indignación en un contexto, además, de emergencia habitacional. Las preguntas de Vox, Compromís y PSPV-PSOE han sido muy incisivas, relativas sobre todo a los detalles y los supuestos casos de enchufismo e información privilegiada. La excepción han sido las formuladas por el diputado del PP, Javier Gutiérrez.
Este se ha interesado sobre todo por el procedimiento y en las características de la promoción con el fin de incidir en que la apertura del expediente de la misma se remonta a 2016, cuando el “tripartito” de izquierdas gobernaba en Alicante (hasta 2018). “Hubiera sido muy interesante escuchar” sus manifestaciones, que podían acabar “con el relato de muchos” grupos parlamentarios y dar “luz sobre lo que realmente sucedió”, ha dicho Gutiérrez a Pérez-Hickman. También ha apelado en dos ocasiones a los “40 años” de experiencia funcionarial de la imputada.
En dos ocasiones, la compareciente ha asentido brevemente ante las preguntas y comentarios de Gutiérrez, que apenas ha entrado en la actuación que le ha llevado a la funcioaria a su imputación. Durante el resto del turno de preguntas se ha mantenido en silencio e impertérrita ante el alud de preguntas, razonamientos, acusaciones e insinuaciones del resto del resto de portavoces que han coincidido en indagar sobre cuándo y cómo se enteraron ella y sus familiares de la promoción, entre otros aspectos.
Miguel Pascual, diputado de Vox, socio parlamentario del PP, ha marcado el tenor al ser el primero en intervenir. Se ha interesado en los motivos de su dimisión como directora general si considera “que no hizo nada malo”, en si conocía personalmente al promotor de Fraorgi, Francisco Ordiñana (también imputado), o si se reunió con funcionarios que también resultaron adjudicatarios y con la exconcejala de Urbanismo.
La diputada María José Calabuig, de Compromís, ha preguntado a Pérez-Hickman si sus familiares adjudicatarios de VPP van a renunciar a los tres pisos del residencial Les Naus y si viven habitualmente en esos inmuebles protegidos. El uso de las viviendas como primera residencia era una de las condiciones para acceder a la promoción, junto a la de que los ingresos de la unidad familiar no sobrepasasen los 54.000 euros.También se ha interesado en sus funciones e implicación en la tramitación del expediente a partir de su “reactivación en abril de 2018″.
La licencia municipal para el proyecto se concedió el 21 de diciembre de 2022 y la promotora entregó al Ayuntamiento el listado certificado de todas las personas adjudicatarias el 15 de enero de 2026. Al poco, el diario Información adelantó las presuntas irregularidades.
Viviendas vacías
Además de los propietarios con vínculos con el PP, la concejalía de Urbanismo o la Consejería de Vivienda, los agentes de la Policía Local enviados por el Ayuntamiento a Les Naus detectaron que muchas viviendas estaban vacías y con apellidos repetidos hasta en cinco ocasiones. Algunas de estas casas, o hasta los aparcamientos que las acompañaban, se han ofertado en internet.
El diputado José Díaz ha incidido en que ve “muy difícil presentar como una simple casualidad” que dos hijos y un sobrino “acaben accediendo” a una VPP, la primera promoción pública en la ciudad en 20 años, y ha abundado en que ella aseveró en su declaración del 20 de mayo en el juzgado como imputada que “sus hijos se habían enterado a raíz de su sobrino”, por lo que le ha trasladado si “nunca le ha preguntado a su sobrino cómo se enteró, quién se lo dijo”. Pérez-Hickman declaró ante la jueza que había intervenido en siete ocasiones en el expediente y que no sabía que sus familiares se habían apuntado a la cooperativa.
En su turno final, la funcionariaha leído el texto que tenía preparado en el que señala que ha comparecido ante la comisión en cumplimiento del requerimiento efectuado por Les Corts y con el “máximo respeto” a esta institución y a las funciones constitucionales que tiene encomendadas. “Cualquier manifestación que pudiera realizar sobre los hechos objeto de investigación podría afectar al ejercicio de mi derecho de defensa en el procedimiento judicial actualmente en tramitación y a mi posición procesal en dicho procedimiento”, ha dicho.
Más funcionarios
Por otra parte, el funcionario ya jubilado del Ayuntamiento de Alicante José Luis Ortuño, empleado del durante la tramitaron de la parcela municipal enajenada y sobre la que se levantó el residencial Les Naus, ha ratifico en la comisión de investigación ve “muy rápido” que la promotora del complejo presentara su oferta en un día. Ortuño ya lo dijo en la comisión municipal sobre VPP en el consistorio alicantino.
Este exfuncionario ha explicado que se quería “promover la concurrencia” al proceso de licitación y dentro de los limites legales dar “facilidades” para que dicha concurrencia tuviera lugar. También ha indicado que la cláusula por la que la primera oferta presentada sería adjudicataria en caso de empate le pareció “muy accesoria”.
Otro funcionario de Patrimonio, Pablo Torregrosa, ha indicado que, para cerrar el expediente de enajenación de la parcela, la cooperativa remitió al consistorio documentación por registro, que suele tardar 15 días en llegar de forma oficial, pero que les fue adelantada por correo electrónico a la jefa del Servicio y a él. En este sentido, ha trasladado que él la abrió y, una vez la examinaron -incluido el listado de adjudicatarios en el que figuraban nombres que tenían vinculación con el consistorio-, alertaron de este “asunto sensible” a la concejala de Patrimonio, Nayma Beldjilali (PP).
Ha dicho que mantuvieron el tema con sigilo, como con cualquier otro, y que la edil les pidió un informe. También ha señalado que Beldjilali, que llegó a Patrimonio tras dimitir el edil Toni Gallego (PP) en 2025, “casi que no conocía” nada sobre ello. Asimismo, ha explicado que recopilaron toda la información, estudiaron antecedentes y que se remitió un “primer borrador”, que él no llamaría informe, al vicesecretario del Ayuntamiento, Germán Pascual, para ponerlo al tanto de los hechos y solicitar “colaboración” o “auxilio”, ya que entendían que podía haber algún tipo de irregularidad.
El funcionario de Patrimonio también ha señalado que el promotor investigado, Francisco Ordiñana, de Fraorgi, acudió a una reunión en “mayo” de 2023 en la que además de él estuvo la jefa de Patrimonio. Allí les planteó, según ha indicado, que consideraban que “la cooperativa había pagado un sobrecoste de más de dos millones de euros sobre la parcela adquirida”, pero que le indicaron que eso “no procedía”. Igualmente, ha aseverado que desconoce si el empresario trató esta cuestión con la “parte política”. Y cree que “donde puede haberse producido irregularidad” puede haber sido “a nivel autonómico” en relación con los visados de las VPP.
Otro técnico jubilado, Elpidio Vázquez, ha respondido que el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, tendría que comparecer como responsable político ante la comisión, aunque cree que el primer edil “no tiene nada que ver con la adjudicación de las viviendas” y que “entendía” que era la Conselleria de Vivienda “la que tenía que ver” en los procesos de adjudicación.
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