El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado la petición que hizo el PP la semana pasada de retirar a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y a su número dos, el teniente general Manuel Llamas, su capacidad de mando sobre la Unidad Central Operativa (UCO) mientras ambos estén imputados en el caso Leire Díez, en el que se investiga, entre otras cosas, las supuestas presiones a los agentes de este grupo para condicionar sus investigaciones en los casos de corrupción que salpican al Gobierno y al entorno del presidente Pedro Sánchez. Los populares, que encabezan la acusación popular en la causa, habían planteado al magistrado la necesidad de tomar medidas cautelares contra González y Llamas al considerar que “la permanencia de los investigados en la cúspide de la cadena de mando compromete la integridad de la investigación”.
El magistrado rechaza la petición del PP de limitar las facultades de mando de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y su número dos, el general Llamas
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado la petición que hizo el PP la semana pasada de retirar a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y a su número dos, el teniente general Manuel Llamas, su capacidad de mando sobre la Unidad Central Operativa (UCO) mientras ambos estén imputados en el caso Leire Díez, en el que se investiga, entre otras cosas, las supuestas presiones a los agentes de este grupo para condicionar sus investigaciones en los casos de corrupción que salpican al Gobierno y al entorno del presidente Pedro Sánchez. Los populares, que encabezan la acusación popular en la causa, habían planteado al magistrado la necesidad de tomar medidas cautelares contra González y Llamas al considerar que “la permanencia de los investigados en la cúspide de la cadena de mando compromete la integridad de la investigación”.
En su resolución, el magistrado concluye que no es preciso tomar esta medida, ya que la UCO tiene el rol de policía judicial y, por lo tanto, solo tiene que dar cuenta de sus pesquisas al propio juez. No obstante, Pedraz añade que “como es obvio, si de alguna forma la misma [unidad] se considera inquieta en sus funciones, habría que ponerlo en conocimiento de este juzgado”. La ley de fuerzas de seguridad del Estado ya limita el acceso de los responsables de los cuerpos policiales a las investigaciones judicializadas que lleven sus subordinados, de cuyas pesquisas los agentes solo tienen que informar al juez que instruya la causa.
El PP argumentaba que González y el general Llamas “mantienen intacta su capacidad de mando directo sobre los propios agentes de la UCO cuya labor investigadora se habría tratado de neutralizar, y sobre quienes conservan facultades de dirección, destino, evaluación, régimen disciplinario y asignación de medios”. Por ello, añadía, “existe un riesgo de represalia sobre testigos y agentes”. Los populares ―en su escrito lamentaban tanto la “pasividad” del Gobierno de no cesarlos como la decisión de la directora general y el alto mando de seguir en sus puestos pese a su condición de imputados― pedían al juez Pedraz que prohibiera a ambos “ejercer cualquier facultad de mando” sobre la unidad “y, en particular, sobre el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción”, que encabeza el teniente coronel Antonio Balas. También reclamaba que se les impidiese “incoar, tramitar o resolver” investigaciones internas [el supuesto instrumento utilizado para condicionar las pesquisas] contra sus agentes, así como el “acceso a la documentación, sistemas y expedientes relativos a la investigación en curso”.
En la misma resolución, Pedraz señala que ha recibido un oficio del juez de Madrid Arturo Zamarriego, que tiene abierta otra causa en la que investiga las actividades de la exmilitante del PSOE Leire Díez, en el que este le informa que aún no ha decidido si finalmente renuncia a continuar con estas pesquisas y dar traslado de las mismas a la Audiencia Nacional para que sea este órgano judicial el que continúe con la investigación. En su escrito, Zamarriego aseguraba que “está a la espera de la recepción de un informe pericial para resolver sobre dicho requerimiento”. Por ello, Pedraz acuerda enviar un oficio al juzgado de Madrid anunciándole que, si en la primera semana de septiembre no ha acordado cederle causa, acudirá al Tribunal Supremo para que sea este quien finalmente decida qué juzgado asume las investigaciones sobre la trama presuntamente liderada por Díez.
En su resolución, Pedraz señala en este sentido que, hasta que no se incorporen a la causa las diligencias practicadas en el juzgado madrileño, no llamará a declarar a la exmilitante socialista, al considerar que en la parte instruida por su compañero Zamarriego “se habrían practicado diligencias que habría que tener en cuenta” en un futuro interrogatorio. En la misma línea, también rechaza que declare el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), Vicente Fernández Guerrero, también imputado en la causa, hasta que no “avance en el análisis del material intervenido” cuando fue detenido junto a Díez en diciembre.
Asimismo, descarta llamar a declarar por ahora al también imputado Juan Manuel Serrano, que fue gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y que ocupó la presidencia de Correos cuando la presunta cabecilla de la trama trabajó en esta empresa pública. En este caso, Pedraz plantea que hay que esperar a que se realice el volcado de su teléfono móvil, previsto para el próximo 18 de agosto. En la misma línea, el juez rechaza fijar por ahora la declaración de los ex altos cargos de Correos José Luis Pérez Pastor y Patricia Álvarez Sánchez, por su presunta participación en la contratación de Leire por este organismo público.
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