PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP han llevado este miércoles al Parlament una proposición de ley de reforma del reglamento de la Cámara catalana, con el que quieren dotarse de instrumentos normativos para adaptarse a las exigencias de la sociedad actual y blindar con rango legal las sanciones ante discursos de odio.
Se prevén diversas multas o amonestaciones en función de la gravedad de los hechos, que van desde la advertencia hasta los 12.000 euros
PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP han llevado este miércoles al Parlament una proposición de ley de reforma del reglamento de la Cámara catalana, con el que quieren dotarse de instrumentos normativos para adaptarse a las exigencias de la sociedad actual y blindar con rango legal las sanciones ante discursos de odio.
En un comunicado, explican que la ley, que se compone de 9 artículos, responde a un encargo de la mesa del Parlament a los grupos, motivado por una recomendación hecha recientemente por la Comissió de l’Estatut del Diputat. El texto registrado recoge que los diputados no pueden utilizar, en ninguna de sus comunicaciones, un lenguaje “ofensivo o difamatorio” que discrimine, calumnie, fomente, promueva o incite al odio.
También modifica lo relativo a peticiones de reconsideración y a las llamadas al orden, dejando claro que los diputados deben respetar las reglas de orden que establece el reglamento y el Código de Conducta de los miembros del Parlament, por lo que deben evitar desórdenes, hacer acusaciones o recriminaciones entre ellos y pronunciar expresiones ofensivas o inconvenientes al decoro, entre otras cuestiones.
Además de concretar el papel que debe ejercer la Comissió de l’Estatut del Diputat y el de la Mesa en caso de que un diputado infrinja sus deberes o el Código de Conducta, establece diversas sanciones en función de la gravedad de los hechos, que van desde la amonestación hasta multas de 600 a 12.000 euros, y se clasifican en leves, graves o muy graves.
Así, se considerarán infracciones leves conductas que conlleven un incumplimiento de los principios y reglas de conducta del reglamento de la Cámara, y graves las que conlleven dar información incompleta sobre el cumplimiento de las obligaciones que estipula el citado reglamento y el Código de conducta o aceptar regalos, favores y otros servicios de carácter personal por un valor entre los 150 y los 600 euros, entre otras cuestiones.
Como infracciones muy graves incluyen facilitar intencionadamente información parcial, omitir o manipular información relevante en lo relativo al cumplimiento del reglamento y el Código de Conducta; incumplir el deber de abstenerse en caso de conflicto de intereses; aceptar obsequios o regalos de valor superior a los 600 euros, y protagonizar amenazas, coacciones, intimidaciones o actos de violencia que atenten contra la dignidad, la integridad moral o física de cualquier persona.
En el capítulo de sanciones, se ha acordado sancionar las infracciones leves con una amonestación pública; las graves con una amonestación pública y una multa de 600 a 6.000 euros, y las muy graves con una amonestación pública y una multa de 6.001 a 12.000 euros.
En caso de que sea necesario, en las muy grave también se estudiará la posibilidad de prohibir que el diputado forme parte de una delegación del Parlament, una organización de carácter interparlamentario, una conferencia interparlamentaria o cualquier foro institucional durante un período máximo de un año.
Precisamente, la Mesa del Parlament impuso el martes una amonestación pública a la diputada y líder de Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, y al portavoz parlamentario de Vox, Joan Garriga, tras la decisión de la Comisión del Estatuto del Diputado de aplicar una falta leve a ambos por incumplimiento del artículo 7 del Código de Conducta, que marca que los diputados deben tener una actitud ejemplar y respetuosa.
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