Pedro Sánchez, anteayer, ofreció la rueda de prensa tradicional antes de las vacaciones de verano en la que hizo un balance de la gestión. En su exposición obvió los problemas de gobernabilidad que marcan la legislatura y, por supuesto, la corrupción. Lo hizo a sabiendas de que esto generaría controversia entre los partidos de la oposición y revuelo mediático y que quedaría oculto por el resto de los análisis y noticias lo que aprobó inmediatamente después el Consejo de Ministros y que supone un nuevo acto de corrupción política en el que Sánchez usa su poder para seguir siendo presidente.
Se trata del indulto a la líder independentista Laura Borrás, condenada por prevaricación y falsedad de adjudicación de contratos, a pesar de no haber mostrado arrepentimiento, tal como exigía la fiscalía para conceder la medida de gracia. La operación se enmarca en el esfuerzo de Sánchez por prolongar la legislatura hasta el último momento y que necesita de la colaboración de Junts.
No fue el único indulto, hubo otros cuatro, algunos vinculados a casos de corrupción política. Nuevamente se rompe el principio de coherencia por el que se debe guardar correlación entre lo que se dice y lo que se hace. Algunos ya han tirado de hemeroteca para recordar cuando Sánchez aseguraba que «no tiene absolutamente ningún sentido que un político indulte a otro».
Lo ha hecho aprovechando que las vacaciones de agosto están a la vuelta de la esquina y el que más o el que menos está atento a su descanso y a sus viajes vacacionales, pero la operación está aprobada y sienta precedente para futuros casos en el futuro.
El indulto fue utilizado con nueve independentistas condenados por sedición y algunos por malversación también, como Oriol Junqueras, y se hizo en el marco de los acuerdos con ERC y Junts. Hay que recordar que, al igual que en el caso de Borrás, todos fueron indultos que contaban con informe negativo del Tribunal Supremo.
El Tribunal Supremo condenó a José Luis Ábalos y minimizó la pena a Víctor Aldama, en un claro mensaje a los investigados en otros procesos judiciales que afectan a corrupción. Parece que Julio Martínez quiere tomar el testigo en el proceso a José Luis Rodríguez Zapatero, ahora, Sánchez está abriendo la puerta en sentido contrario: Manténgase prietas las filas, que si el Supremo quita parte de las penas por corrupción, el Consejo de Ministros quita más aún.
El indulto a la líder independentista Laura Borrás se enmarca en el esfuerzo de Sánchez por prolongar la legislatura hasta el último momento
Pedro Sánchez, anteayer, ofreció la rueda de prensa tradicional antes de las vacaciones de verano en la que hizo un balance de la gestión. En su exposición obvió los problemas de gobernabilidad que marcan la legislatura y, por supuesto, la corrupción. Lo hizo a sabiendas de que esto generaría controversia entre los partidos de la oposición y revuelo mediático y que quedaría oculto por el resto de los análisis y noticias lo que aprobó inmediatamente después el Consejo de Ministros y que supone un nuevo acto de corrupción política en el que Sánchez usa su poder para seguir siendo presidente.
Se trata del indulto a la líder independentista Laura Borrás, condenada por prevaricación y falsedad de adjudicación de contratos, a pesar de no haber mostrado arrepentimiento, tal como exigía la fiscalía para conceder la medida de gracia. La operación se enmarca en el esfuerzo de Sánchez por prolongar la legislatura hasta el último momento y que necesita de la colaboración de Junts.
No fue el único indulto, hubo otros cuatro, algunos vinculados a casos de corrupción política. Nuevamente se rompe el principio de coherencia por el que se debe guardar correlación entre lo que se dice y lo que se hace. Algunos ya han tirado de hemeroteca para recordar cuando Sánchez aseguraba que «no tiene absolutamente ningún sentido que un político indulte a otro».
Lo ha hecho aprovechando que las vacaciones de agosto están a la vuelta de la esquina y el que más o el que menos está atento a su descanso y a sus viajes vacacionales, pero la operación está aprobada y sienta precedente para futuros casos en el futuro.
El indulto fue utilizado con nueve independentistas condenados por sedición y algunos por malversación también, como Oriol Junqueras, y se hizo en el marco de los acuerdos con ERC y Junts. Hay que recordar que, al igual que en el caso de Borrás, todos fueron indultos que contaban con informe negativo del Tribunal Supremo.
El Tribunal Supremo condenó a José Luis Ábalos y minimizó la pena a Víctor Aldama, en un claro mensaje a los investigados en otros procesos judiciales que afectan a corrupción. Parece que Julio Martínez quiere tomar el testigo en el proceso a José Luis Rodríguez Zapatero, ahora, Sánchez está abriendo la puerta en sentido contrario: Manténgase prietas las filas, que si el Supremo quita parte de las penas por corrupción, el Consejo de Ministros quita más aún.
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