Junts contra sus propios votantes

Carles Puigdemont, que ya se ve con un pie y medio en Barcelona tras nueve años en Bélgica, ha anunciado que lo primero que hará cuando regrese es hacer un tour por Cataluña para tomarle el pulso a la sociedad. Puigdemont espera un baño de masas inicial por parte del independentismo, cálidos recibimientos en sus feudos electorales y una bienvenida fría pero correcta en escenarios menos favorables. Pero el expresidente quizá tenga más de una sorpresa si decide asomarse a la Cataluña real, la que en este lapso de tiempo ha perdido poder adquisitivo y derechos a marchas forzadas, entre ellos el de una vivienda digna. Y su electorado no ha escapado a dicha tendencia. El anunciado rechazo de Junts a los dos decretos que pretenden frenar los desahucios, desincentivar la especulación y dar estabilidad a los inquilinos pueden pasarle más factura de la que cree por más que justifique su oposición en que el texto no ofrecía suficientes garantías.

Los datos son contundentes. El 91% de los catalanes consideran difícil o muy difícil encontrar vivienda según una reciente encuesta de la Generalitat. Y los votantes de Junts no se quedan atrás. Ni más ni menos que el 88% cree que tener un sitio donde vivir que se ajuste a sus necesidades se ha convertido en algo casi imposible. Y entre los simpatizantes del partido heredero de Convergència existe también el convencimiento de que tal carestía de la vivienda se debe a quienes quieren hacer negocio con ella (54%). En otra pregunta responden mayoritariamente (56%) que los pisos turísticos son lo que ha encarecido los precios frente al 37% que culpa de ello a los extranjeros con alto poder adquisitivo.

Con estos datos, los gritos de “vergüenza” que anoche se oyeron en la acampada de la plaza de Catalunya nada más conocerse el voto de Junts puede que no salgan solo de la boca de indignados que nunca se habrían planteado votar a Puigdemont. Junts, en su fervor por no inquietar a los sectores económicos del ladrillo olvida que sus propios votantes están sufriendo, y mucho, las consecuencias de la locura inmobiliaria. Y también prefiere ignorar que en Cataluña, la única comunidad que aplica con ambición la ley de vivienda, muchas de las cosas que recogen los decretos ya están vigentes sin que se haya hundido el mundo. Los fondos de inversión se están marchando porque las rentabilidades de sus inmuebles ya no son las que eran. Los alquileres ya están topados y, al no poder subir el precio de las rentas cuando se marcha un inquilino, convierte los contratos en algo mucho más estable de lo que eran anteriormente. Simplemente, y sin solucionarse los problemas por arte de magia, desaparecen muchos de los incentivos que tientan a los propietarios a ir cambiando de inquilino.

A Junts le ha podido ver sufrir al Gobierno de Pedro Sánchez con la esperanza de que un rechazo de los decretos derive en elecciones anticipadas. Pero en esta alocada carrera para debilitar a los socialistas y para no dejar escapar votos hacia la ultraderecha de Aliança Catalana, Junts per Catalunya se ha olvidado ni más ni menos que de lo más importante: han dejado tirados a sus propios votantes.