Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, está al borde del banquillo después de dos años y tres meses de una polémica instrucción dirigida por el juez Juan Carlos Peinado, al frente del juzgado 41 de instrucción de Madrid. Durante este tiempo, las decisiones de Peinado (imputaciones, registros y otras diligencias…) acumularon tres querellas por presunta irregularidades y numerosos recursos, en las que también figuran como investigados el empresario Carlos Barrabés y su asistente en La Moncloa, Cristina Álvarez. Los numerosos recursos han llegado de forma constante ante la Audiencia Provincial de Madrid para su resolución. De esa ingente cantidad de documentos, esta instancia resolvió el último este jueves: da luz verde para que siga el proceso por jurado popular por los delitos de tráfico de influencias y malversación, y ha anulado la imputación de los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida.
Las resoluciones de los recursos reflejan una relación ambigua con el juez, al que a veces ha recriminado por sus actuaciones y en otras le ha respaldado. Estos son los dictámenes más relevantes del tribunal sobre la causa
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, está al borde del banquillo después de dos años y tres meses de una polémica instrucción dirigida por el juez Juan Carlos Peinado, al frente del juzgado 41 de instrucción de Madrid. Durante este tiempo, las decisiones de Peinado (imputaciones, registros y otras diligencias…) acumularon tres querellas por presunta irregularidades y numerosos recursos, en las que también figuran como investigados el empresario Carlos Barrabés y su asistente en La Moncloa, Cristina Álvarez. Los numerosos recursos han llegado de forma constante ante la Audiencia Provincial de Madrid para su resolución. De esa ingente cantidad de documentos, esta instancia resolvió el último este jueves: da luz verde para que siga el proceso por jurado popular por los delitos de tráfico de influencias y malversación, y ha anulado la imputación de los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida.
Las resoluciones de los recursos por esta instancia reflejan una relación ambigua con Peinado, al que a veces recriminaba por sus actuaciones y en otras le respaldaba como en este último paso decisivo. Estos son los recursos más relevantes sobre los que decidió la Audiencia Provincial:
El rechazo del primer archivo de la causa (29 de mayo de 2024). El tribunal avaló la causa tras la presentación de los primeros recursos, aunque señaló que la denuncia del pseudosindicato Manos Limpias interpuesta el 8 de abril contra Gómez tiene partes “inverosímiles” y “datos erróneos”, por lo que ordenó centrar la investigación exclusivamente en las ayudas a la UTE vinculada al empresario Juan Carlos Barrabés.
La anulación de los registros al empresario Barrabés (29 enero de 2025). La Audiencia aceptó el recurso de la defensa de Barrabés y anuló el registro que Peinado ordenó en agosto de ese año en la sede social de sus empresas, donde el que se requisaron varios móviles y discos duros. “No se puede obtener la verdad real a cualquier precio. No todo es lícito en el descubrimiento de la verdad. Solo aquello que es compatible con la defensa del elemento nuclear de los derechos fundamentales”, señalaron los magistrados, que también ordenaron parar el análisis del móvil del investigado.
La desimputación del rector de la Complutense (16 de mayo de 2025). La Audiencia tumbó la imputación de Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid, y de Juan José Güemes, alto cargo del Instituto de Empresa (IE) y consejero autonómico durante los Gobiernos madrileños de Esperanza Aguirre (PP). “Carece de fundamento”, resolvieron los magistrados. En una contundente resolución, también reprocharon a Peinado haber imputado a Güemes, Goyache, Barrabés y Cristina Álvarez (asistente de Gómez) tras tomarles declaración como testigos. Es decir, sin abogado y con obligación de decir la verdad.
La Audiencia apunta a La Moncloa (25 de junio de 2025). En este recurso, la instancia no solo ratificó la imputaciónde tráfico de influencias y corrupción de los negocios dela asistente de Gómez, sino que avalaron la investigación de Peinado sobre la presunta malversación en la contratación de esta. No solo eso: apuntó a Moncloa, al apreciar una “estructura institucionalizada de poder” que permitió “una clara y palmaria desviación” del trabajo que debía realizar Álvarez como asistente de la mujer del jefe del Ejecutivo.
El freno a investigar el rescate a Air Europa (13 de noviembre de 2025). La instancia paró el último intento de Peinado para investigar el rescate por el Gobierno de la aerolínea en 2020 tras aceptar el recurso de la defensa de Gómez y la Fiscalía. La Audiencia señaló que“la resolución recurrida carece de la motivación necesaria”.
La desimputación del delegado del Gobierno en Madrid (4 de diciembre de 2025). La Audiencia ordenó al juez que desimputase a Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno y secretario general de la Presidencia desde 2021 hasta 2023 al considerar que el instructor no proporcionó “el más mínimo indicio” de que, cuando ocupaba un puesto en La Moncloa, “participase” en un supuesto delito de malversación por la contratación de Álvarez.
El respaldo a la investigación por malversación (19 de diciembre de 2025). Fue un impulso para Peinado. La Audiencia avaló la imputación de la esposa del presidente y de su asistente por la presunta contratación. Lo magistrados argumentaron que las conductas descritas por Peinado en sus autos “parecen encajar en la figura delictiva de la malversación”.
La Audiencia anula la orden de pedir los correos a La Moncloa (22 diciembre de 2025). Los magistrados consideraron que la decisión de Peinado de reclamar a la Presidencia del Gobierno todos los correos electrónicos que Gómez envió y recibió desde su cuenta oficial de La Moncloa desde julio de 2018 hasta la actualidad no estaba suficientemente motivada e incumplía “los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad”.
El reproche por “falta de fundamentación” (20 enero de 2026). La Audiencia anuló la decisión del juez de enviar a Gómez a un proceso con jurado popular por no exponer “qué concretas conductas” justificaban este paso y “cuál es la base incriminatoria, indiciaria y provisional […], que dan solidez y consistencia a la hipótesis acusatoria”. La instancia le reprochó a Peinado que ni siquiera hizo “un mínimo esfuerzo argumentativo” para transformar la causa en un proceso por jurado, para lo que se necesita “una mínima delimitación fáctica”. No obstante, no cerró la puerta a esta posibilidad y ordenó retrotraer la causa a la fase anterior.
La Audiencia avala que un jurado popular juzgue a Gómez (16 de julio de 2026). La última resolución de la Audiencia ha sido dejar fuera los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida y respalda que un jurado popular la juzgue a ella y a Álvarez por los de malversación y de tráfico de influencias. Por otro lado, también ha pedido a Peinado que devolviese a Gómez y a su asistente en La Moncloa el pasaporte ―que previamente les retiró el 20 de junio― y suspendiera la obligación de comparecer dos veces al mes ante su juzgado. Tras esta resolución, las partes tienen que volver a pedir la apertura de juicio y modificar sus conclusiones.
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