Cerca de 50.000 inmigrantes, en su inmensa mayoría de nacionalidad marroquí, han entrado de manera irregular en Ceuta desde la madrugada del jueves, según las primeras estimaciones oficiales hechas públicas por el Ministerio del Interior poco antes de las 14.00. Esta cifra se ha traducido en la mayor crisis migratoria de la historia de la ciudad con una cara trágica: al menos 41 personas han fallecido en el intento de llegar a España, la mayoría ahogadas al intentar bordear a nado el espigón fronterizo de El Tarajal. No se descarta que el número de víctimas mortales aumente en las próximas horas. Los servicios mantienen desplegado un dispositivo de búsqueda en las aguas próximas a la frontera en el que participan dos grupos de buceadores (ocho agentes) del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil.
Interior cifra en 25.000 las personas que, hasta las 13.00, habían retornado de manera voluntaria a Marruecos
En la anterior gran crisis en la ciudad, en 2021, las estimaciones cifraron en más de 10.000 personas las que burlaron los controles fronterizos
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Más de 40.000 inmigrantes han entrado de manera irregular en Ceuta en las últimas 24 horas, según las primeras estimaciones que manejan las fuerzas de seguridad. Esta cifra supera ampliamente la registrada en la anterior crisis migratoria en la ciudad autónoma, la de mayo de 2021, cuando se calculó que burlaron los controles fronterizos más de 10.000 migrantes. El número de entradas que se maneja ahora —y que algunas fuentes elevan a cerca de 50.000— supone prácticamente incrementar en cerca de un 50% la población del enclave, donde hay censadas 83.600 personas.
Esto se ha traducido en una importante cantidad de personas que desde este jueves deambulan permanentemente por las calles de Ceuta y que han pasado la noche a la intemperie. Un residente describe de manera gráfica que lo que se está viendo en las últimas horas en la ciudad es como si hubiera “una manifestación constante”.
Esta estimación supone un duro varapalo para las estadísticas del Ministerio del Interior sobre inmigración irregular. Según el último balance del departamento de Fernando Grande-Marlaska, entre el 1 de enero y el pasado 15 de julio, habían entrado en España de manera irregular 14.479 personas, un dato positivo, ya que suponía cerca de un 25% menos que en el mismo periodo del año anterior. En Ceuta, en concreto, habían sido 2.826, por lo que solo en la ciudad autónoma en un solo día se han multiplicado por 20 las estadísticas acumuladas en más de seis meses.
En el último informe de Seguridad Nacional, referido a 2025 y aprobado el pasado 21 de abril, el Departamento de Seguridad Nacional, dependiente de la Presidencia del Gobierno, ya se apuntaba que el año pasado la presión migratoria tanto en Ceuta como en Melilla se había visto “notablemente incrementada debido principalmente al fenómeno de nadadores que tratan de acceder sorteando el perímetro fronterizo a través del mar”, como ha ocurrido ahora. Sin embargo, esta tendencia no explica los sucesos de este jueves en la ciudad española, como tampoco la reciente sentencia del Tribunal Supremo que prohibía el rechazo en frontera ―las coloquialmente conocidas como devoluciones en caliente― cuando la entrada se produce precisamente a nado, según coinciden en señalar varias fuentes policiales.
Siempre según estas fuentes, lo ocurrido en Ceuta guarda grandes similitudes con lo acaecido en mayo de 2021, cuando se produjo la anterior gran crisis migratoria por la entrada masiva de inmigrantes, en su mayoría marroquíes de localidades cercanas a la ciudad española. Entonces, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) redactó un informe “reservado” de cuatro páginas, que hizo llegar a Sánchez y a otros miembros de su Ejecutivo, en el que se vinculaba aquella entrada de migrantes con el estado de las “relaciones” con Rabat “tras la acogida” en España, un mes antes, de Brahim Gali, líder del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), para ser tratado de una grave infección por la covid. Un segundo informe del CNI, fechado el 24 de junio de aquel año, incidía en la misma idea al concluir que el objetivo era “presionar al Gobierno de España para conseguir un posicionamiento favorable a Marruecos en el contencioso del Sáhara Occidental”.
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