El Sindicato de Enfermería de Madrid ha denunciado ante la Inspección de Trabajo las “pésimas condiciones que soportan las profesionales sanitarias de las residencias de la comunidad” tras conocer que en la última oferta pública de empleo, de julio, no se cubrió la totalidad de las plazas que se convocaban. La situación se agrava no solo ahora, sino en cualquier periodo vacacional, “cuando no son capaces de realizar contratos de sustitución”, apunta. La falta de empleados en estos centros se extiende también a otras especialidades. Así lo trasladan trabajadores, familiares y usuarios, mientras el Ejecutivo regional defiende que sus ratios son las correctas.
Trabajadores, familiares y usuarios de residencias de la Comunidad de Madrid denuncian falta de personal, mientras el Ejecutivo regional defiende que sus ratios son las correctas
El Sindicato de Enfermería de Madrid ha denunciado ante la Inspección de Trabajo las “pésimas condiciones que soportan las profesionales sanitarias de las residencias de la comunidad” tras conocer que en la última oferta pública de empleo, de julio, no se cubrió la totalidad de las plazas que se convocaban. La situación se agrava no solo ahora, sino en cualquier periodo vacacional, “cuando no son capaces de realizar contratos de sustitución”, apunta. La falta de empleados en estos centros se extiende también a otras especialidades. Así lo trasladan trabajadores, familiares y usuarios, mientras el Ejecutivo regional defiende que sus ratios son las correctas.
Este diario recoge quejas en múltiples residencias públicas como Francisco de Vitoria, San José, Nuestra Señora del Carmen, Colmenar Viejo o Usera y sobre el centro Galdama de Fuenlabrada, privado con plazas concertadas. Javier Campos, enfermero de 34 años en Nuestra Señora del Carmen, muestra su agobio y preocupación: “Mientras mi compañera está de vacaciones, estoy solo en el turno de noche con 400 ancianos”.
Tiene que haber cuatro médicos entre la mañana y la tarde, pero ninguno de madrugada. Los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) deberían ser 16 en su jornada, aunque lo normal es que haya entre 10 y 12, según denuncia: “Hay 16 módulos, si alguien se cae, por mucho que grite, no se le escucha desde otro bloque. Un día llamaron a la policía porque eran siete. Querían dejar constancia de que, si pasaba algo, no era culpa nuestra, para que no nos utilizasen de cabeza de turco”. Aclara que la nueva jefa de área se esfuerza por cubrir los huecos sin éxito. Incluso consiguieron una suplencia en su categoría y turno, pero renunció.
Durante su jornada laboral debe colocar la medicación en 400 pastilleros mientras atiende las urgencias. “El otro día se me juntaron dos a la vez. Estaba haciendo curas y tuve que salir corriendo”, asegura, tras insistir en que hace todo lo que puede: “Lo que peor llevo es saber que los residentes no están bien atendidos. Son nuestros padres, nuestros abuelos. No podemos más”.
En las mismas está María Cristina Gónzalez, TCAE en la Francisco de Vitoria. “Desde hace dos años la situación es criminal”, cuenta esta trabajadora de 42 años. En su centro, en el turno de tarde hay 32 TCAE para 526 residentes, aunque muchos días son menos. Por la noche, entre 11 y 13, y por la mañana, unos 50. “He llegado a quedarme sola al frente de dos módulos. Si se van 19 compañeras de vacaciones, a lo mejor consiguen cubrir a ocho. De esas, siempre alguna se da de baja o renuncia”, comenta.
Desde la pandemia, recuerda, hay una enfermera por planta en turno de tarde para 100 usuarios. “¿Cómo los va a atender a todos? Es imposible. Si se atragantan dos a la vez, ¿a quién se prioriza?“, se pregunta. Cuenta que apenas tiene dos horas por la tarde para levantar y asear a 24 personas: ”No se les está dando una atención digna. Esto es un negocio”.
El presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare), Fernando Flores, cuya madre está en este centro, explica en lo que se traduce la falta de personal: “Se tiran muchas horas sentados en la silla sin hacer ninguna actividad, he visto cómo les daban de comer a una velocidad tremenda o cómo los metían en un baño y les dejaban la puerta abierta para atender lo que pasaba dentro y fuera”. Este último suceso lo llevó a poner una reclamación en el servicio de inspección y control de personal de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS). En otra ocasión, denuncia, su madre recibió el pastillero de otro usuario.
Beatriz Cano, de 76 años, vive en la residencia Usera y lamenta deficiencias. “Lo que más importa es el negocio a costa de los residentes. Si quieren ganar dinero, que monten una pizzería, esto es un servicio asistencial”, reprocha mientras insta a los trabajadores a denunciar. A su juicio, tardan mucho en acostarlos desde que cenan por la falta de personal: “A mí me llevan los demonios”. Lo que peor le parece es que les hagan “curas en los pasillos” y reivindica la necesidad de intimidad: “Cuando se lo decimos a los profesionales, nos contestan que están sobrecargados, pero no tenemos la culpa”.
La Consejería de Asuntos Sociales defiende su gestión y niega la versión de Cano: “La Comunidad de Madrid presenta una ratio de personal sociosanitario en los centros residenciales de mayores que no solo cumple con la normativa vigente, sino que está por encima de lo exigido, teniendo una de las más altas de España”, indica un portavoz sin precisar cuál es.
Miguel Vázquez, expresidente de Pladigmare, sostiene que las 120 residencias concertadas a través del Acuerdo Marco tienen una ratio de 0,33 gerocultores por residente y las 32 del denominado Plan Velocidad, de 0,31, “por debajo de lo previsto en el calendario del acuerdo estatal de acreditación”. Añade que la situación no se limita a la red privada, “ya que afecta también a nueve de las 25 residencias públicas de gestión directa y a 11 de las 18 de gestión indirecta, así como a todas las residencias acreditadas para atender a beneficiarios del cheque-servicio”.
El portavoz de la consejería señala que El Ejecutivo regional ha exigido al central la creación de un Plan Nacional de Recursos Humanos para afrontar la falta de profesionales en el sector sociosanitario. “Las residencias públicas obtuvieron una valoración media de ocho sobre 10 por parte de los propios usuarios, según las encuestas de satisfacción más recientes realizadas”, defiende, para asegurar que Madrid es la comunidad “con mayor control” de esta red.
Según un estudio de Pladigmare, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y CCOO y UGT de Madrid, garantizar una asistencia digna requeriría que cada usuario recibiera seis horas y 25 minutos diarios de atención de gerocultoras o TCAE. Para ello, sería necesaria una ratio de 83 profesionales por cada 100 residentes, repartida entre los turnos de mañana (0,37), tarde (0,34) y noche (0,12). En enfermería, seis profesionales por cada 100 usuarios.
Santiago Collado, enfermero en la residencia San José de 57 años, explica que la situación de su centro no es tan grave como la de otros al tener 48 usuarios. En su especialidad solo les falta un compañero, aunque de noche no hay ni médico ni enfermero. Collado no entiende que, con estas carencias, el Gobierno de la Comunidad “haya transferido 61,5 millones de euros del AMAS al Servicio Madrileño de Salud y que parte de esos fondos se destinara a liquidar deudas con la Fundación Jiménez Díaz del Grupo Quirón”.
Coincide con él Ricardo Marugal, TCAE en la residencia pública Colmenar Viejo y miembro del comité de empresa por UGT. En su centro, los días pares trabajan dos enfermeras y, los impares, otras dos, pero ahora un turno está descubierto por vacaciones y bajas laborales. “Más de 300 ancianos se quedan sin el servicio”, denuncia. Ya avisó de que iba a suceder en mayo: “Dijeron que no encontraban personal. Se le ha pedido a los TCAE que tomen las constantes y que valoren si hay que llamar al 112. No estamos para eso”.
La consejería asegura que la residencia de Colmenar Viejo cuenta con 97 TCAE y 12 enfermeras; Francisco de Vitoria, 163 y 21; y Nuestra Señora del Carmen, 158 y 19. En San José, el portavoz también niega falta de personal. Sin embargo, los trabajadores sostienen que esas cifras no reflejan el día a día. Según denuncian, las bajas, vacantes y vacaciones sin cubrir, además de las libranzas, reducen de forma significativa el personal realmente disponible respecto a la plantilla que figura sobre el papel.
El problema se extiende más allá de las residencias públicas: en la concertada de Fuenlabrada, con plazas financiadas por la Comunidad de Madrid, María Isabel Tarifa, de 68 años, muestra su angustia. “Siempre vengo a ver a mi madre por la tarde, pero estaba mosqueada con tantas infecciones de orina que sufría y decidí venir por la mañana. Estaba acostada a las 11.00, sin medicación, aseo ni desayuno. Ha adelgazado dos kilos y medio en un mes”, denuncia tras poner reclamaciones tanto en el Defensor del Pueblo como en la Oficina de Información al Mayor y a la Dependencia.
El marido de Mari Carmen Saiz está en este mismo centro, que no ha respondido a las preguntas de este diario, y ella también manifiesta su malestar: “Los apuran para comer y hay mayores que hacen sus necesidades en el pañal porque no hay trabajadores que lleguen a tiempo para llevarlos al baño”. Cuenta que algunos pedían a los familiares que se quejasen porque de esa forma no podían trabajar: “Al final, optaron por marcharse”.
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