Nunca antes del pasado 30 de julio Ceuta se había enfrentado a una crisis migratoria de este calibre. La entrada a nado por el espigón de El Tarajal de 80.000 personas procedentes de Marruecos, según las últimas estimaciones del Gobierno, puso al borde del colapso a esta ciudad de algo más de 83.000 habitantes. Más de dos semanas después, la situación está aún lejos de normalizarse, como reconoció el jueves el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al menos 5.000 de los migrantes irregulares que cruzaron aquella jornada la frontera ―de los que cerca de la mitad son menores― siguen a la espera de que se resuelva su situación con la amenaza de ser expulsados. De trasfondo, el riesgo, como este sábado, de que se produzcan nuevos saltos masivos alentados a través de redes sociales, como ocurrió entonces. Estas son las cuatro claves para entender la situación actual de la frontera ceutí.
El dispositivo sin precedentes en la ciudad autónoma no aseguran la impermeabilidad de la valla; la postura de Marruecos sigue siendo fundamental
Nunca antes del pasado 30 de julio Ceuta se había enfrentado a una crisis migratoria de este calibre. La entrada a nado por el espigón de El Tarajal de 80.000 personas procedentes de Marruecos, según las últimas estimaciones del Gobierno, puso al borde del colapso a esta ciudad de algo más de 83.000 habitantes. Más de dos semanas después, la situación está aún lejos de normalizarse, como reconoció el jueves el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al menos 5.000 de los migrantes irregulares que cruzaron aquella jornada la frontera ―de los que cerca de la mitad son menores― siguen a la espera de que se resuelva su situación con la amenaza de ser expulsados. De trasfondo, el riesgo, como este sábado, de que se produzcan nuevos saltos masivos alentados a través de redes sociales, como ocurrió entonces. Estas son las cuatro claves para entender la situación actual de la frontera ceutí.
‘Peines invertidos’ y boyas en el mar. Cuando Grande-Marlaska asumió la cartera de Interior en junio de 2018, puso en marcha una política migratoria de mano dura en guante de seda. Mantuvo las devoluciones en caliente a la vez que retiraba las concertinas de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla para poner en su lugar lo que se denominó “peines invertidos”, una estructura de barrotes metálicos en forma de semicírculo mucho menos lesiva para los inmigrantes que intentaban sortearlas para llegar a España. Desde entonces, su ministerio ha invertido 80,1 millones en la modernización y mejora del perímetro fronterizo de las dos ciudades autónomas.
Sin embargo, todo ese dinero pareció servir de poco el 30 de julio, cuando la oleada de migrantes que llegó a la frontera no la cruzó salvando la valla, sino a nado por mar, aprovechando el resquicio legal que había abierto una sentencia del Tribunal Supremo que prohibía aplicarles la devolución en caliente precisamente porque no habían burlado ningún “elemento de contención”. La respuesta del Gobierno ha sido la instalación a partir del final del espigón de El Tarajal ―y hace unos días en el dique sur de Melilla― de una barrera flotante de 500 metros de longitud con una altura en superficie de 30 a 70 centímetros y una parte sumergida de un metro de seguridad.
Como reconocen fuentes de Interior, esta nueva línea fronteriza flotante no es una solución operativa en el sentido de que su presencia disuada o impida a nuevos migrantes llegar a nado a España, sino una forma de dar cobertura legal para que se pueda devolver en caliente a estas personas. “Delimita la frontera mar adentro y se convierte en un ‘elemento de contención’, por lo que quien la supere será devuelto inmediatamente al otro lado de la frontera, respetando la sentencia del Supremo”, explican estas mismas fuentes. El sábado 1 de agosto, el mismo día que se instalaba la primera de estas barreras en El Tarajal, la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, emitía una instrucción interna en la que indicaba a policías y guardias civiles que “la superación de alguno de los elementos de contención marítimos instalados para la protección de la línea fronteriza” supondrá la devolución por tierra del migrante en aplicación de la ley de extranjería.
Un despliegue policial sin precedentes. En estos momentos, Ceuta alberga a 3.600 efectivos entre policías, guardias civiles y militares, incluidos los refuerzos llegados desde la península. Hay unidades antidisturbios, buzos, agentes de seguridad ciudadana, especialistas en la lucha antiterrorista, drones, helicópteros, embarcaciones y el buque Duque de Ahumada, el más grande del instituto armado. La Guardia Civil y el Ejército han restringido los permisos de su personal, y la Policía Nacional ha pedido a sus agentes que doblen los turnos. La presencia de uniformes en las calles de la ciudad se ha hecho mucho más visible.
Sin embargo, sindicatos y asociaciones de agentes lamentan que esta situación sea solo coyuntural, y reclaman mejoras estructurales. “Todo lo desplegado son comisiones de servicio temporales que se levantarán en cuanto baje el foco mediático, como ha ocurrido siempre”, se lamentan desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC, mayoritaria en el instituto armado). Según esta asociación, la ciudad necesitaría completar todas las plazas de la plantilla y, además, ver incrementada esta en 200 efectivos más para mejorar su seguridad. “Mientras eso no se corrija, cada crisis se resolverá igual: trayendo personal prestado de otras unidades y exprimiendo al que ya está allí”, critican. En el mismo sentido, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) reclamaba el jueves “mantener un dispositivo suficiente mientras persistan las actuales necesidades de seguridad”, a la vez que pedía acometer mejoras en los medios materiales.
El papel de Marruecos. En mayo de 2021, cerca de 15.000 personas, muchas de ellas menores de edad, llegaron en tan solo 48 horas a Ceuta a nado sin que nada ni nadie al otro lado de la frontera lo impidiera. Rabat y Madrid estaban entonces en plena crisis diplomática tras trascender que España había acogido a Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario que se encontraba gravemente enfermo de covid. Un informe posterior del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) concluyó que aquella entrada masiva era parte de una estrategia de “presión” del país magrebí para que Madrid reconociera su soberanía sobre el Sáhara Occidental.
Fuentes policiales ven en aquel episodio numerosas similitudes con el actual. Entre ellas, la actitud de las fuerzas de seguridad marroquíes de inhibirse ante el paso de decenas de miles de migrantes irregulares hacia Ceuta. De hecho, altos mandos admiten que, pese al actual despliegue policial, todo sigue en manos de Rabat. “Si se produce una entrada ordinaria e, incluso, un repunte, el dispositivo actual permitiría responder con eficacia y aplicar el rechazo en frontera a todos los que intentasen entrar de manera ilegal por tierra o por mar. Sin embargo, ante una avalancha como la del otro día en tan corto espacio de tiempo, no hay nada que hacer”, se sincera un agente. “España puede reforzar la puerta, pero Marruecos sigue controlando los caminos que llevan hasta ella”, resume un alto mando policial.
Ahora, ante la amenaza de una nueva entrada masiva alentada desde las redes sociales, Rabat parece dispuesta a que no se repita lo de julio: ha puesto controles desde la tarde del jueves en localidades como Tetuán, Rincón y la vecina Fnideq (Castillejos en la etapa colonial). Registran autobuses y taxis, rastrean bosques y controlan los caminos que conducen hacia la frontera. En El Tarajal, la frontera se ha reforzado con alambradas y concertinas, y las mismas imágenes de las medidas puestas en marcha sirven de elemento disuasorio para aquellos que piensen intentarlo. El Gobierno marroquí también ha difundido que ha detenido a varias personas acusadas de lanzar bulos para favorecer a la migración irregular. “Si Marruecos frena a los grupos antes de que alcancen Castillejos y las playas, España puede aguantar la presión”, señala el alto mando policial consultado.
Precisamente por ese papel clave de Rabat, Grande-Marlaska ha rechazado de manera insistente responsabilizar de lo ocurrido a Marruecos o hacer cualquier gesto que pueda molestar. De hecho, ha insistido una y otra vez en que la colaboración con el país magrebí es “extraordinaria, excepcional”. El jueves, aseguraba que esa ayuda ―que desde el socio de Gobierno, Sumar, y la oposición se ha puesto en duda de manera reiterada― es la que permitió que “más del 90%” de los que entraron irregularmente en Ceuta aquella jornada regresaran a Marruecos en las siguientes 24 horas.
Los 5.000 migrantes que permanecen. La cifra de los que entraron en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio ha ido variando a lo largo de los días, siempre al alza. Se empezó hablando de miles sin más concreción; luego se fijó en 49.000; Interior la incrementó más adelante a 72.000 y, en los últimos días, parece asentarse la idea de que fueron más de 80.000 personas. Algo similar ha ocurrido con los que permanecen aún en la ciudad después de que buena parte de los que alcanzaron España a nada se volvieran por su propio pie de vuelta a Marruecos. Interior empezó haciendo una estimación de que eran 2.000 y el pasado jueves Grande-Marlaska ya habló de 5.000, entre ellos 1.898 menores de edad ya filiados. El ministro insistió ese día en que “el que esté en situación de irregularidad va a ser devuelto a la mayor brevedad”.
Lo cierto es que a los que entraron y aún permanecen en la ciudad ya no se les puede aplicar la figura de la devolución en caliente porque solo es posible en los instantes inmediatamente posteriores al acceso tras haber superado los “elementos de contención”, como recordaba el Supremo en su reciente sentencia. Por ello, la Policía Nacional ha iniciado un proceso individualizado para cada inmigrante que incluya su identificación (muchos llegan sin pasaporte) y la apertura de un expediente con todas las garantías legales. Con ese objetivo, Interior ha enviado a Ceuta a seis agentes de la Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones (UCER) y a una veintena de la Brigada Central de Extranjería y Fronteras para agilizar todo este proceso.
Grande-Marlaska ha recalcado que también ha dado instrucciones a las fuerzas de seguridad para que aquellos que hayan cometido algún delito sean expulsados “inmediatamente” en aplicación de la Ley de Extranjería con la previa autorización judicial, sin esperar a que sean juzgados. Hasta ahora, los jueces de Ceuta han autorizado aplicar esta medida a dos migrantes, uno acusado de tocamientos a una mujer y el otro, de allanamiento de morada. Mucho más compleja es la situación de los menores no acompañados que llegaron. En estos casos se exige la elaboración de informes por parte de Marruecos para determinar sus circunstancias familiares y la necesidad de un informe fiscal avalando las actuaciones. Interior aún recuerda que en la crisis de 2021, cuando entraron más de 1.000 menores en Ceuta ―ahora son más del doble―, se devolvieron a Marruecos 55 sin seguir este protocolo tras esgrimir un convenio con Rabat de 2007 para el retorno de menores y que el caso acabó en los tribunales. No quiere que eso se vuelva a repetir, aunque sabe que la situación le abrirá un frente político cuando se acuerde el reparto de estos chicos a las comunidades autónomas.
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