El Gobierno “no comparte” la decisión del Supremo de suspender la aplicación de la ‘ley de nietos’

La decisión del Tribunal Supremo de paralizar el derecho al voto de los beneficiarios de la conocida como ley de nietos hasta que acrediten que son hijos o nietos de exiliados ha levantado este martes una intensa polvareda política. El Ejecutivo “no comparte” el fallo provisional del alto tribunal, como ha señalado tras el Consejo de Ministros su portavoz, la también ministra de Inclusión, Elma Saiz, y ha subrayado más tarde Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes: “Estamos ante unas medidas cautelares que no son definitivas; no se ha resuelto todavía el fondo de la cuestión. Creo que es una decisión de enorme trascendencia, porque estamos hablando de suspender el derecho de voto de miles de españoles”. El fallo es “difícilmente comprensible”, ha apostillado el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Sumar, socio minoritario de gobierno, ha ido más allá: a través de su portavoz parlamentaria, Verónica Barbero, el grupo que coordina en el Gobierno Yolanda Díaz ha asegurado que la medida es “tremendamente preocupante” porque “abre el camino a una deriva antidemocrática peligrosísima” al restringir el derecho al voto a quienes cumplen el requisito para ello. Es decir, a personas con la nacionalidad española» y porque, en su opinión, es “la enésima prueba de que el Poder Judicial no quiere que este Gobierno gobierne”. En un mensaje enviado a medios, la portavoz añade que “resulta muy difícil para ninguna persona progresista en este país confiar en la Justicia en estos momentos”.

Al otro lado del espectro político, todo son celebraciones. Mientras que el Partido Popular acoge con buenos ojos la decisión del alto tribunal, Vox saca pecho de haber logrado el pronunciamiento como parte reclamante del proceso junto al partido Iustitia Europa. La portavoz del partido ultra en el Congreso, Pepa Millán, ha resaltado en una rueda de prensa en la cámara baja que Vox es “el único partido con representación parlamentaria” que ha logrado que se “suspendan los efectos electorales” de la ley de nietos y “el intento de manipulación electoral para las próximas elecciones”. “Unos se limitaron a avisarlo”, ha dicho en alusión al PP, “y otros hemos logrado detener el objetivo de Pedro Sánchez de perpetrar un golpe en las próximas elecciones generales a través de la adulteración del censo”.

Los populares señalan por su parte “el varapalo” que supone la decisión para lo que ellos interpretan como una intentona del Gobierno de “alterar con todo el descaro” las elecciones generales. Así se ha pronunciado la número tres del partido y vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, quien, en un vídeo difundido a los medios, afirma: “Desde luego, nos felicitamos por el varapalo de la Justicia al intento del Gobierno de meter a saco a cientos de miles de personas en el censo electoral”. “Teníamos razón”, ha apostillado en redes sociales Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP (cuyo partido no es parte en el procedimiento).

Al Gobierno le ha tocado defender su posición en el Senado, y sus miembros han recalcado que el fallo del Supremo está lejos de ser definitivo: “Veo que lo celebra. Vamos a esperar a la sentencia sobre el fondo de la cuestión. No la vi celebrar la sentencia del TJUE, definitiva, sobre la ley de amnistía”, le ha señalado Bolaños a una senadora popular durante la sesión de control al Ejecutivo celebrada este martes en la cámara alta.

La decisión del Supremo deja en el aire el derecho al voto de las más de 2,4 millones de personas que, según los últimos datos facilitados a finales de junio por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, habían pedido cita en oficinas consulares hasta el pasado 31 de marzo para presentar su solicitud de acceso a la nacionalidad acogiéndose a la Ley de Memoria, de octubre de 2022. Esta norma establece la inscripción inmediata en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de los nacionalizados por esa vía y una instrucción posterior del Ministerio de Justicia estableció que, para ello, no hacía falta acreditar la condición de descendiente de exiliado: “Se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955″, señala el texto. Los efectos electorales de esta interpretación de la ley son los que ahora ha limitado el alto tribunal hasta que dicte sentencia sobre el recurso presentado por los dos partidos de ultraderecha.