Una denuncia recibida en julio de 2022 alertó a la Agencia Tributaria de posibles irregularidades en las reformas de los centros educativos de Formación Profesional de la Comunidad de Madrid. Cuando Hacienda se interesó por el asunto, a través de un requerimiento enviado el 9 de enero de 2023 al complejo educativo Ciudad Escolar-San Fernando, el problema fue inmediatamente comunicado a la administración regional. “No me gusta que este escrito de denuncia vaya por la AET, no es lógico”, escribió el director del complejo educativo en un email enviado a la consejería de Educación, según documentación a la que accedió EL PAÍS. Acababa de empezar la cuenta atrás para el estallido del caso FP. En esta causa se investiga la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa vinculado al supuesto fraccionamiento de contratos para sortear la ley; evitar sacar a concurso las reformas millonarias de una docena de centros educativos; y poder elegir a dedo a la empresa que las llevaría a cabo. La mecha prendida por aquel requerimiento explotó nueve meses después, en septiembre de 2023, cuando Gabriel Navarro, del grupo Virelec, envió a la Comunidad dos burofaxes reclamando el pago de 1,4 millones por las obras.
Meses antes de que el empresario investigado en la trama por el fraccionamiento de facturas reclamara pagos pendientes, un centro educativo recibió un requerimiento de la Agencia Tributaria solicitando documentación sobre las reformas
Una denuncia recibida en julio de 2022 alertó a la Agencia Tributaria de posibles irregularidades en las reformas de los centros educativos de Formación Profesional de la Comunidad de Madrid. Cuando Hacienda se interesó por el asunto, a través de un requerimiento enviado el 9 de enero de 2023 al complejo educativo Ciudad Escolar-San Fernando, el problema fue inmediatamente comunicado a la administración regional. “No me gusta que este escrito de denuncia vaya por la AET, no es lógico”, escribió el director del complejo educativo en un email enviado a la consejería de Educación, según documentación a la que accedió EL PAÍS. Acababa de empezar la cuenta atrás para el estallido del caso FP. En esta causa se investiga la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa vinculado al supuesto fraccionamiento de contratos para sortear la ley; evitar sacar a concurso las reformas millonarias de una docena de centros educativos; y poder elegir a dedo a la empresa que las llevaría a cabo. La mecha prendida por aquel requerimiento explotó nueve meses después, en septiembre de 2023, cuando Gabriel Navarro, del grupo Virelec, envió a la Comunidad dos burofaxes reclamando el pago de 1,4 millones por las obras.
9 de enero de 2023. En el complejo educativo Ciudad Escolar-San Fernando entra el siguiente requerimiento de información. “Teniendo constancia de la existencia de obras de reformas, durante el año 2022 (…) se le requiere la siguiente documentación“, se lee en el documento, que pide, entre otras cosas, las ”facturas recibidas del contratista” y “los medios de pago”. El escrito lo firma la inspectora regional adjunta, lo que desata la inmediata inquietud en el centro.
¿Qué está ocurriendo? Para averiguarlo, el director del complejo educativo relata en un email dirigido a un cargo de Educación que ha llamado a un conocido en Hacienda (“uno tiene amigos en todos sitios”) y que lo único que ha podido decirle es que “parece ser que es una denuncia que se realizó el mes de julio por la obra de la Casa 5″.
Nadie sabe quién es el denunciante, ni cuáles son sus motivos. Lo que es seguro es que nueve meses después, en septiembre de 2023, dos centros educativos de FP de la Comunidad de Madrid, los IES Hotel Escuela y Ciudad Escolar, reciben sendos escritos de la empresa Virelec en los que se les reclaman 1,4 millones de euros por cantidades impagadas de obras.
En la Dirección General de Infraestructuras dicen no saber nada de ellas, pese a su envergadura. Y saltan todas las alarmas, pese a que desde meses antes algunos cargos de la administración ya conocían el requerimiento de Hacienda. Así, el gobierno regional solicita un informe de auditoría a la Intervención General, que acaba detectando “provisionalmente” hasta 3,9 millones en pagos solo a esta empresa. La Comunidad de Madrid denuncia por ello en abril de 2024 a quien había sido el subdirector regional de FP, Alfonso Mateos, y a los dos directores de centros educativos a los que la constructora reclamaba pagos pendientes. Esa decisión, opinan en la oposición de izquierdas, es inseparable de que Isabel Díaz Ayuso, la presidenta regional, decidiera destituir en febrero de 2026 a su consejero de Educación, Emilio Viciana.
“No tuvo nada que ver con Los Pocholos”, opina una fuente socialista sobre el grupo de amigos forjado en un grupo de teatro que supo ganar posiciones en la administración y el Parlamento regional, para luego abandonarlas en bloque con la salida de Viciana. “Se deshacen de él porque no mira para otro lado”.
A partir de ese momento empieza un sálvese quien pueda judicial. Mientras el actual presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, y la actual consejera de Economía, Rocío Albert, observan con inquietud el devenir del caso, pues eran los máximos responsables de Educación en la etapa investigada, los sucesivos meses de declaraciones se han consumido en que los testigos defiendan que no tenían competencias para decidir nada. En resumen: nadie sabía nada. Hasta octubre de 2025.
“En la reunión digo muy claramente que (la obra) se tiene que atener a la ley de contratos y que la tiene que hacer la Dirección de Infraestructuras”, dice al declarar como testigo José María Serrano, que fuera subdirector general de centros de educación secundaria del Gobierno autonómico. El directivo se refiere a una cita que asegura haber mantenido en 2021 con su superior, el director general de Educación Secundaria y FP, José María Rodríguez Jiménez, investigado en el caso; el subdirector de FP, Alfonso Mateos, también investigado en la causa; y uno de los directores de los centros.
“Se intuía perfectamente que se iba a hacer a través de los directores (de los centros educativos), pagando ellos las facturas”, asegura Serrano en su testifical y en referencia al supuesto troceo ilegal de contratos. “El tamaño de la obra no cuadraba”, recalca. Y remata: “Tenía claro que ahí iba a pasar algo raro y digo claramente que tiene que intervenir la Dirección de Infraestructuras y el Consejo de Gobierno. Para este tamaño de obras no podía hacerse de otra manera”.
Como aval de esa declaración sin apoyo documental en la causa consta un correo de Serrano enviado el 15 de diciembre de 2021 en el que este reclama aplicar “como no puede ser de otro modo” la ley de contratos del sector público en una de las obras investigadas. Es decir, que se haga un concurso público. “En cualquier otro caso, no podrá procederse a la ejecución de las mismas, manifestando así mi total oposición a su realización”, señaló.
Actuación irregular
Los destinatarios del correo fueron dos de las tres personas que le acompañaban, según su versión, en la reunión referida: el entonces subdirector de FP, y el director general de Secundaria, FP y Régimen Especial.
Durante su investigación, desarrollada a lo largo de 2024, la Fiscalía ya vio “una actuación administrativa claramente irregular y presuntamente delictiva” en la “grosera y palmaria omisión del procedimiento” aplicada por el Gobierno regional.
La jueza, por su parte, ya advirtió en noviembre de 2024 “la posible existencia de una infracción penal [prevaricación administrativa]”.
Finalmente, las auditorías enviadas al juzgado por la propia administración, a petición de la Fiscalía, coinciden en señalar la responsabilidad de la Consejería de Educación, entonces dirigida por Enrique Ossorio, hombre fuerte de Díaz Ayuso en el gobierno hasta 2023, y hoy presidente de la Asamblea de Madrid.
“Se han detectado gastos tramitados como contratos menores que superan la cuantía del contrato menor”, se lee en ellas. “Asimismo, se ha observado fraccionamiento del objeto del contrato (…) a fin de no superar los límites establecidos para el contrato menor (…) y eludir el procedimiento de contratación con licitación aplicable”, se añade. “Teniendo en cuenta el objeto e importe de dichos gastos hubiera procedido la tramitación de expediente de contratación por órgano competente de la consejería”, se explicita.
Unas presuntas irregularidades que llamaron la atención de Hacienda, que también investigó las obras del Instituto Príncipe Felipe, según adelantó eldiario.es.
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