Marjan Salehi, su marido Ali Faqiri y el bebé de ambos, Adrián Faqiri, de 15 meses, tendrán que abandonar este martes la habitación en la que viven desde hace un año. La familia huyó de Afganistán tras el retorno de los talibanes al poder y, a su llegada a España en febrero de 2025, Marjan y los suyos fueron reconocidos como beneficiarios de protección internacional. Gracias a su condición de asilados, han podido vivir en un piso de acogida, gestionado por una entidad, en el barrio del Bon Pastor de Barcelona. Pero ahora ese techo provisional está a punto de desaparecer: la acogida prevista por los poderes públicos para casos como el de ellos llega a su fin y, pese a su situación de vulnerabilidad, el ultimátum está sobre la mesa. “Solamente nos han dado una fecha, el 6 de octubre. Pero no sabemos qué va a pasar después. No puedo dormir. Estoy muy preocupada por lo que va a pasar con nosotros, sufro por el bebé”, cuenta Marjan en una cafetería junto al portal donde está el piso de acogida, mientras Ali sostiene al bebé en brazos.
Sin recursos para subsistir, Marjan Salehi, su pareja y su bebé de 15 meses tratan de que la Administración les proporcione una alternativa para vivir
Marjan Salehi, su marido Ali Faqiri y el bebé de ambos, Adrián Faqiri, de 15 meses, tendrán que abandonar este martes la habitación en la que viven desde hace un año. La familia huyó de Afganistán tras el retorno de los talibanes al poder y, a su llegada a España en febrero de 2025, Marjan y los suyos fueron reconocidos como beneficiarios de protección internacional. Gracias a su condición de asilados, han podido vivir en un piso de acogida, gestionado por una entidad, en el barrio del Bon Pastor de Barcelona. Pero ahora ese techo provisional está a punto de desaparecer: la acogida prevista por los poderes públicos para casos como el de ellos llega a su fin y, pese a su situación de vulnerabilidad, el ultimátum está sobre la mesa. “Solamente nos han dado una fecha, el 6 de octubre. Pero no sabemos qué va a pasar después. No puedo dormir. Estoy muy preocupada por lo que va a pasar con nosotros, sufro por el bebé”, cuenta Marjan en una cafetería junto al portal donde está el piso de acogida, mientras Ali sostiene al bebé en brazos.
Tres familiares de Marjan (el padre, el hermano y un tío) habían colaborado con el Ejército español desplegado en Herat (oeste de Afganistán). “Salieron de Kabul en uno de los primeros aviones de evacuación, porque temían que los talibanes pudieran matarlos”, dice sobre aquel mes de agosto de 2021 en el que, tras recuperar el control de la capital del país, los talibanes forzaron una salida precipitada de las fuerzas militares de los Estados Unidos presentes en el país y de sus aliados occidentales.
Como mujer, Marjan también se vio en peligro. Había estudiado Biología en la universidad y había trabajado “ayudando a mujeres que sufrían violencia y estaban en situación de vulnerabilidad”. Las imposiciones del nuevo régimen le llevaron a tomar la decisión de marcharse. “A las mujeres y a las niñas las paraban y les preguntaban por qué no iban suficientemente tapadas, o cosas relacionadas con la vestimenta”, cuenta en darí, la variante dialectal del farsi que se habla en el oeste de Afganistán. Ella y Ali, que es mecánico, viajaron al vecino Irán, luego a Turquía y de ahí a Madrid, adonde Marjan, que tiene ahora 29 años, llegó ya embarazada de cinco meses. Era, lo recuerda, el 27 de febrero de 2025.
El Gobierno les otorgó la condición de refugiados y, tras un paso de tres meses por Madrid, fueron trasladados al piso de Barcelona, donde han convivido con “siete jóvenes africanos” en condiciones no demasiado espléndidas, con una sola habitación para los tres y compartiendo espacios. “Tenemos una cama para Alí y para Adrián, una cuna muy pequeña. Estamos en una vivienda antigua, con algún espacio común, y la situación para nosotros, con un bebé, no ha sido fácil”, explica la mujer. A cargo de Adrián, que nació en el hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona, la pareja no ha tenido demasiado tiempo para aprender el idioma (Marjan se ayuda durante la entrevista con un traductor de voz) ni para formarse y encontrar un empleo estable. Los tres continúan, por tanto, a merced de lo que la Administración pueda ofrecerles: este lunes, tienen una reunión con los servicios sociales de Barcelona ante el ultimátum para abandonar el piso de acogida.
Su abogado, Luís Soto Tejedor, ha movido cielo y tierra para evitar que tengan que irse mientras no tengan otra alternativa disponible: ha recurrido la decisión en vía administrativa y en vía judicial; ha llamado a las puertas del Defensor del Pueblo y de su homólogo catalán, el síndic de greuges; ha lanzado alertas a la Fiscalía de menores y ha solicitado medidas cautelares de forma reiterada.
La última de esas medidas acaba de ser rechazada este pasado 1 de octubre: la jueza considera que no se han aportado pruebas de cómo puede impactar en la vida de Marjan la salida del piso, porque “se desconoce cuál es su situación asistencial, económica, patrimonial y financiera”. La jueza de lo contencioso-administrativo de Barcelona señala también que la familia sabe desde abril de 2026 que tiene que marcharse y que, por tanto, “ha podido pedir el acceso a otros recursos asistenciales”. La jueza agrega que el acta de mayo ya declaraba la estancia “no autorizada”, aunque fue el 21 de septiembre cuando la entidad que gestiona el alojamiento les trasladó la decisión del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre su salida.
Soto está indignado con la respuesta de la justicia y de la administración en general ante la situación de una pareja con un bebé. Y critica que, más allá de la concesión del estatus de refugiado, nadie se haya preocupado más por la familia: “Los esfuerzos para integrarlos en el sistema han sido nulos. Más allá de la habitación de acogida, no han recibido apoyos”, se queja el letrado.
El sistema de acogida prevé una primera fase que contempla un alojamiento por seis meses, prorrogables otros seis en caso de vulnerabilidad, según el decreto que regula el sistema de acogida, que data del año 2022. Después se pasa a una fase de “autonomía” en la que, aun con ayuda, las personas refugiadas pueden adquirir cada vez más independencia. Soto alega que la presencia de un bebé, junto a unos problemas de salud de Ali y la falta de ingresos de la unidad familiar, impiden transitar todavía ese camino. Incide además en que, por los distintos recursos y escenarios planteados contra la decisión de la Administración, la vía judicial está “viva”, por lo que no debería tomarse la decisión definitiva.
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